En el lado de los opositores, una muy bien preparada estrategia para detener los cambios o retrasarlos al infinito está en marcha. La vertiente más visible es la de quienes afirman con toda desfachatez que no son necesarios los cambios. Muchos argumentos podrían desarrollarse para rebatir este punto de vista, pero en la exposición de motivos de la iniciativa 5179 están muy claramente expuestas las razones de cada cambio.
La oposición más sutil, sin embargo, es la que más preocupa, ya q...
En el lado de los opositores, una muy bien preparada estrategia para detener los cambios o retrasarlos al infinito está en marcha. La vertiente más visible es la de quienes afirman con toda desfachatez que no son necesarios los cambios. Muchos argumentos podrían desarrollarse para rebatir este punto de vista, pero en la exposición de motivos de la iniciativa 5179 están muy claramente expuestas las razones de cada cambio.
La oposición más sutil, sin embargo, es la que más preocupa, ya que tiene argumentos mucho mejor armados, empezando por la idea de que el proceso de consulta y articulación de la propuesta no fue suficientemente largo ni representativo.
Quienes hemos participado en procesos de articulación de propuestas podemos afirmar con toda precisión que esta es una queja casi automática ante cualquier proceso de cambio de leyes importantes: una idea que esconde, la mayoría de las veces, una oposición sistemática a favorecer condiciones reales para cambiar dichas leyes trascendentales.
Regresar la propuesta de reforma constitucional significa una garantía de permanecer estancados por meses, incluso años. Y lo más genial de este argumento es que no importa qué tan representativa o profunda sea tal etapa de discusión, pues siempre habrá actores recién llegados que alegarán que tal propuesta no fue suficientemente consensuada y que por tanto pedirán tiempo adicional para discutir tal propuesta. Una segunda fuente de oposición escala a un nivel adicional y aprovecha el hecho de que algunos impulsores del cambio están sinceramente preocupados por algunos aspectos concretos de la propuesta. En el caso actual, el mejor ejemplo es la Fundación Myrna Mack, que públicamente ha expresado sus reservas a la creación del consejo nacional de justicia, medida destinada a sustituir el viciado proceso de comisiones de postulación. Un argumento adicional a esta estrategia dilatoria es asegurar que no están en contra de la reforma, sino que solamente quieren asegurarse de que la ley que se apruebe sea tan perfecta que no necesitará cambios posteriores.
El argumento es igualmente falaz: la complejidad política e institucional de nuestro país es tal que nada asegura que incluso la mejor propuesta no necesitará cambios posteriores, especialmente porque el camino para cerrarles el paso a las prácticas inmorales es todavía largo y complejo. Ya en el pasado se ha visto que las redes criminales saben encontrar los vacíos y las contradicciones para seguir gozando de los privilegios a los que no están dispuestos a renunciar con tanta facilidad.
La verdad detrás de tales razonamientos es que el combate de la corrupción, que es todavía un mal profundamente arraigado en la sociedad guatemalteca, asusta a tal diversidad de actores, credos ideológicos y condiciones sociales que realmente es imposible saber quién está en contra por legítimas razones y quién por defender mezquinos intereses: la corrupción es realmente el unificador de los intereses del sistema político guatemalteco.
Los aliados de los cambios no deben dejar de pensar en la oportunidad histórica que tienen en la actualidad: de avanzar hacia un futuro mejor o seguir estancados, por eterna memoria, en las condiciones estructurales que permitieron la crisis política e institucional del 2015.
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