Tal y como quedó decidido en las reformas de 2016, el proceso electoral de 2019 debe ser evaluado con el fin de determinar el tipo de reformas necesarias para resolver las deficiencias y vericuetos legales que impiden que las elecciones sean democráticas. En esa dirección, un conjunto de organizaciones e instituciones civiles y políticas han presentado propuestas que se refieren a la inscripción y a la democracia interna de los partidos políticos, a la representación y participación política, a la organización de distritos electorales, a las características y al financiamiento de campañas electorales, a la justicia electoral y al órgano electoral que mostró serias deficiencias y vulnerabilidades en las pasadas elecciones.
Más allá de la discusión técnica, sin duda habrá una enconada discusión y disputa política para concretar cambios regresivos o progresistas a la normativa. Algunos actores, con buenas intenciones, perseguirán reformas que impacten positiva y democráticamente en el sistema de partidos políticos y en los procesos electorales venideros. Sin embargo, otros pretenderán reformas que los blinde para continuar con el financiamiento millonario y así mantener el control del sistema de partidos, tal y como lo han hecho desde los años 80. O, en su defecto, perseguirán que nada o muy poco cambie. Quienes se encuentran en este segundo bloque, alejados de cualquier principio democrático y búsqueda de bien común, son grupos de poder tradicional o emergente que desde ya intentan determinar que sus operadores se conviertan en magistrados del TSE y mermar la capacidad fiscalizadora y sancionatoria de este. Así las cosas, independientemente de lo que surja como propuesta del TSE, la verdadera contienda ocurrirá en el Congreso de la República, ámbito en el cual dominan las presencias e influencias de tales intereses espurios.
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Como ha sucedido en los procesos electorales anteriores, en las elecciones de 2019 pudo constatarse que existen hechos fraudulentos y antidemocráticos: campañas anticipadas, flujo de financiamientos indeseables por vías legales e ilegales, orientaciones editoriales y pautas noticiosas y comunicacionales de medios de comunicación masiva que fueron favorables a unos candidatos y desfavorables a otros, inscripción y participación de candidatos no idóneos e impedimentos para que unos partidos políticos pudieran competir con las mínimas condiciones o similares a las de los partidos dominantes. Los resultados electorales se traducen, además, en la continuidad del estado de cosas, que impide avanzar en perspectiva democrática. Así, por ejemplo, se constata nuevamente la escasa representación de pueblos indígenas, clases trabajadoras, mujeres y jóvenes, respecto a lo cual existen demandas de importantes movimientos sociales para subsanar estas exclusiones históricas.
Sigue siendo una constante que el sistema de partidos políticos no garantiza la representación, intermediación y agregación de intereses de segmentos mayoritarios de la población guatemalteca debido a que son los grupos de poder económico, mediático, militar y político, con fuerte presencia de estructuras al margen de la ley, los que predominan durante los procesos electorales y como resultado de estos. Hoy mismo vemos cómo tales grupos dominan en el Congreso, en alcaldías importantes y en los principales ministerios y organismos gubernamentales. Asimismo, se observa cómo algunos personajes están siendo nombrados como funcionarios de alto nivel sin importar los señalamientos sobre su falta de idoneidad profesional y técnica, con antecedentes de ser miembros de redes políticas reñidas con la ética, excontratistas del Estado y tránsfugas consuetudinarios.
En ese sentido, una reforma de la LEPP que no considere la erradicación de tales relaciones de poder y prácticas que determinan que se impongan intereses minoritarios, corruptos y mafiosos muy probablemente será insuficiente para lograr que el sistema de partidos y los procesos electorales se democraticen y garanticen, como resultado, una verdadera representación e intermediación de los intereses de aquellos segmentos mayoritarios de la sociedad históricamente excluidos.
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