La diminuta máquina de los grandes conflictos

Hace cuatro meses, unos diputados respaldados por grupos de la sociedad civil solicitaron al Congreso aprobar de urgencia nacional la iniciativa de ley 4306: “Registro móvil para la prevención del robo de celulares y la extorsión”. La ley, además de obligar al registro, obliga a las operadoras de telefonía a colaborar con las autoridades en las investigaciones y decreta sanciones severas para quienes incumplan. A pesar de la solicitud y de cierta presión mediática, el documento aún hace fila para la discusión en el pleno.

El exdiputado Francisco Contreras y ponente de la iniciativa 4306 dice que la ley no se aprobó por cuestión de tiempo, pero Eleonora Muralles de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), que también respalda la propuesta, sospecha que la espera se debe a que los congresistas tienen otras prioridades y, especialmente, a que las empresas telefónicas se oponen.

Nadie lo discute, algo hay que hacer. Según las estadísticas del Ministerio Público, seis de cada diez guatemaltecos son víctimas de extorsiones y se calcula que cada hora son robados ocho teléfonos. No hay cifras que clasifiquen homicidios causados por el robo de celular, o los cometidos por extorsionadores que utilizaban el teléfono móvil como herramienta para la amenaza, pero no serán pocos.

El problema no es reciente y ha habido intentos por reducir el comercio de aparatos despojados, que a juzgar por las estadísticas, han sido un fracaso.

El robo de celulares va más allá de un hurto. Como en su momento lo fueron otras pertenencias con valor de cambio, como las gafas de sol, las joyas, o el mismo dinero en efectivo. Este objeto del delito, el celular, se puede convertir en herramienta anónima para otro tipo de crímenes, como extorsiones o secuestros. En la investigación “Hurto de celulares y extorsión en Guatemala”, del Instituto de Investigación y Análisis de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), Stephanie Buckhard lo explica así: “Con estas nuevas modalidades (el robo de móviles) existe el peligro no sólo del uso del teléfono como tal, sino también de los otros usos que se le dan a los móviles: agenda personal, transacciones bancarias y redes sociales con información confidencial e íntima. Luego del robo, su exposición a ser extraída facilita las extorsiones e incluso secuestros”.

El robo de celulares continúa dejando un rastro de crímenes, que en el menos malo de los casos es el mercado negro, con la complicidad de los compradores, y la activación de “tiempo de aire” de las estoicas telefónicas.

Intento fallido

Ante la ola de robos y delitos relacionados, en 2007 fue aprobada la “Ley de Registro de Terminales Telefónicas Móviles Robadas o Hurtadas”, pero no contemplaba reglamentos ni sanciones claras. Ante la persistencia del problema, en abril del año pasado se firmó un convenio entre el Ministerio Público (MP), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y el Ministerio de Gobernación (Mingob) con las empresas operadoras de telefonía celular. En este trato las telefónicas se comprometían a trasladar la información de celulares robados a la Base de Datos de Teléfonos Robados (BDTR) del MP y a compartir dicha información con sus competidoras, para que los aparatos no fueran activados; por su parte las instituciones se obligaban a dar seguimiento a los casos, y crear una fiscalía especial.

Pero el asunto no prosperó. Las requisas a los puestos de venta no tuvieron demasiado impacto y, por supuesto, los móviles siguieron siendo utilizados –ley de oferta y demanda-. Todo apunta a que ni las autoridades ni las empresas cumplieron con el compromiso. Contreras explica que “la actual ley permite el flasheo (que es la alteración del sistema de seguridad para reutilizarlo con otra empresa telefónica)”.

“Antes se tenía que hacer la denuncia en tres lugares, ahora sólo llama a la compañía y reporta el IMEI –código de quince dígitos que podría considerarse el código genético del aparato- supongamos que la compañía lo levanta en lista negra y lo pasa a las tres compañías. Asumimos, también que si llega a otro operador éste lo bloquea. Pero la historia es diferente, igual se sigue “flasheando”, o se compra otro chip y se mete al celular y ya”, explica el excongresista. Contreras afirma que “es posible que las empresas no estén bloqueando, (pues) el operador (telefónico) no tiene sanción ni se le asigna la responsabilidad”.

Para Muralles, las cifras demuestran que el compromiso mutuo no se cumplió. “En 2010, antes de la firma del convenio se reportaron  41,584 teléfonos robados, y ya existiendo la ley, de enero a septiembre de 2011, fueron robados 56,916. La ley que está vigente no ha frenado el delito, el convenio de las telefónicas no ha funcionado. La ley hay que modificarla, la nueva propuesta tiene sanciones fuertes”.

Contreras, acota “Una ley sin sanciones, sólo es un buen consejo”, y por eso ambos apuestan por una ley ya ha sido aplicada en otros países.

Registro Mundial

Éste no es un problema local. El robo de celulares se ha convertido en una nueva rama del comercio delictivo globalizado. Después de todo, hasta en los países más pobres del planeta hay más celulares que personas.

En el estudio del Ipnuac se afirma que “distintos estudios alrededor del mundo señalan que los motivos de los hechos ilícitos son estructurales por la concepción y visión de negocio que aprovecha la violencia. Ésta es vista como una oportunidad mercantil, donde la expansión de estos fenómenos delictivos refuerza la institucionalización de la violencia”. Bruckhard afirma que las compañías de seguridad se ven beneficiadas haciendo del delito una buena oportunidad de negocio, que es alimentada por la corrupción y el crimen.

El diario colombiano El Mundo publicó un editorial sobre la aplicación de una ley similar en su país. “En Colombia las autoridades están tras la pista de redes dedicadas a ese negocio que, como las mafias de la cocaína, tienen sus propias ‘mulas’ para el envío de miles de esos equipos a mercados de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Venezuela, Honduras, Costa Rica y México, donde los comercializan luego de alterar su código IMEI”.

A pesar de las voces disidentes que exigen el respeto a la privacidad y se niegan a un registro telefónico, y a las primeras resistencias de las empresas; la tendencia mundial es obligar al registro y generar bases de datos internacionales. Según el exdiputado Contreras, el 90 por ciento de América Latina y el mundo están implementando el registro móvil y la portabilidad numérica -el usuario es también dueño de su número y puede cambiarse de compañía y conservar el mismo-.

Katitza Rodríguez, abogada experta en temas de seguridad digital, privacidad y libertad de expresión es la directora de derechos internacionales de Electronic Frontier Foundation (EFF). Se opone a este proceso de registro celular y aboga por la protección de la privacidad y la seguridad de los usuarios. Rodríguez sitúa al proceso mexicano como ejemplo del fracaso y del riesgo que pueden correr los usuarios.

Rodríguez recuerda que en abril de 2011, Salvador Guerrero, jefe del Instituto para el Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, señaló al Registro Nacional de Usuarios de Teléfonos Móviles en México por fallar en la protección de los datos personales de ciudadanos mexicanos: “Durante el año pasado ha quedado claro que (el registro) no es capaz de cumplir la función para la que fue diseñado y que es prevenir la extorsión y el secuestro, este último se incrementó un ocho por ciento en 2010 respecto a 2009”, cita Rodríguez.

Contreras reconoce que el caso de México falló. Lo achaca a que se cometieron errores desde un inicio, pues pusieron un límite de tiempo demasiado corto para el registro -tres meses-, se creó una institución estatal para que centralizara los datos y, además, los usuarios podían inscribirse desde su teléfono sin identificarse. “Lo que provocó que muchos registraran su móvil con nombres falsos o que cuando se venció el plazo había un gran porcentaje de teléfonos sin registrar”. Contreras se muestra seguro de haber investigado y aprendido de los errores en otros países. Incluso ya se plantean pequeñas enmiendas a la iniciativa a partir de los diálogos con instituciones y las experiencias foráneas.

La ley obliga al registro –en caso de que no se registre el teléfono en el plazo de seis meses queda bloqueado- e impide que en el sistema se utilice de número anónimo. Para Muralles, un elemento importante es que la ley manda que las operadoras brinden la información que el MP solicite, con autorización de juez, en un plazo de 24 horas. Hasta ahora, explica Muralles, no había límites de tiempo y existía discrecionalidad en la entrega de datos.

En el mismo sentido, Contreras explica que el seguimiento de las llamadas de los posibles delincuentes puede constituir en el mejor hilo conductor para encontrar culpables, o para declararlos en juicio. Pone de ejemplo tres casos emblemáticos: “Facundo Cabral, Max Morell –estudiante asesinado cuando intentaba disparar al ladrón que le robó el celular- y los asesinatos en Petén –finca Los Cocos-“; agrega a estos tres casos las pesquisas realizadas en los casos Rosenberg y Rutas Quetzal –una bomba en el autobús activada desde un dispositivo móvil-.

¿Seguridad versus privacidad y libertad?

“El miedo y el odio son rápidos cementos. Las conspiraciones, los enemigos poderosos, las amenazas reales o ficticias unen mucho. Hay, además, una conocida ley sociológica según la cual cuando una sociedad siente miedo, aspira a tener un brazo fuerte que la salve, y está dispuesta a cambiar libertad por seguridad”, dice José Antonio Marina en Anatomía del miedo: un tratado sobre la valentía.

Para nadie es novedad que la inseguridad y los miedos van acorralando a la población y provocan que el ciudadano haga concesiones que podrían atentar contra su privacidad y libertad. Cámaras, registros, cacheos, entrega de identificación a guardias privados y un largo etcétera.

Para Katitza Rodríguez, la experta en temas de privacidad de EFF, el registro de la telefonía es contraproducente: “La vigilancia estatal puede ser lograda a través de normas que obligan a cada persona a registrar su identidad cada vez que desea adquirir un teléfono móvil o la activación de una tarjeta SIM. Ello elimina el anonimato. Las personas deberían ser capaces de comunicarse de forma anónima para compartir información delicada y expresar opiniones poco populares sin temor a las represalias”.

Rodríguez opina que “una vez que tu nombre este asociado a tu teléfono es posible asociar tus datos de tráfico (quién se comunica con quién y desde dónde) con tu identidad. Ello es una información muy rica que revela tus personas de contacto y los lugares desde donde te has comunicado. Ello atenta con el anonimato el cual es crucial para la libertad de expresión y asociación”. Y asegura que el anonimato es necesario para que activistas de derechos humanos, jueces, periodistas y ciudadanos “comprometidos con la legítima oposición a políticas gubernamentales puedan comunicar sus opiniones sin que sean fácilmente espiados”. “Hay otras incontables situaciones donde el anonimato es vital: Para víctimas de la violencia, por ejemplo”.

Para Rodríguez la solución está en el refuerzo de las instituciones de seguridad: “La policía debería demostrar que efectivamente va a ayudar a combatir el delito. La policía en todo el mundo –y que cumple una noble labor-- siempre está buscando obtener mayor información de los ciudadanos. Sus políticas deberían ser dirigidas hacia aquellos sospechosos de un crimen y no imponer obligaciones a toda la población como si todos fuéramos delincuentes”, concluye.

En una columna de opinión la activista ejemplifica el peligro de posibles injerencias en la privacidad de las llamadas: El caso de “Las Chuzadas”  en Colombia demostró que el aparato de inteligencia del gobierno de Álvaro Uribe, la DAS, realizó escuchas telefónicas a la oposición política, a jueces y a periodistas. Otro ejemplo es el de un cable diplomático revelado en WikiLeaks en el que se denunciaba la participación del gobierno paraguayo en escuchas telefónicas bajo el argumento de lidiar con la amenaza del grupo guerrillero de izquierda del Ejército del Pueblo Paraguayo.

Para Muralles el tema de la privacidad no es demasiado relevante, considera que los ciudadanos ya tienen datos registrados en el sistema bancario o en el telefónico con los miles de registros que ya están hechos con las líneas fijas. “Hasta el momento no ha habido problema con este tipo de información”. También Contreras asegura que la información no va a ser pública (sólo la SIT conocerá los registros IMEI) y el registro no es estatal, cada operador manejara la información de sus usuarios; el operador sabrá quien es el dueño de su línea. “Supondría que está blindado, que la información es confidencial. Riesgos hay en todos lados”, dice Contreras, pero la nueva ley estipula mayores garantías, además de ya estar reglamentada la de escuchas telefónicas.

Según el exdiputado, hay más riesgo ahora en que la ley no delimita obligaciones, “Hoy en día se sabe de casos de personas que han podido tener contactos, llamadas telefónicas de las operadoras, sin orden del MP”. Contreras explica que ahora no hay certeza y el ciudadano no puede emitir un reclamo por mal uso de su información.
El balance entre seguridad y privacidad, según Rodríguez debe ser aquel en que “las políticas mas astutas son aquellas que combinan ambas: Privacidad y Seguridad. No crear bases de datos que generen mas riesgo al individuo en general que no es sospechoso de ningún crimen”.

Contreras, en cambio, explica que ya las empresas están haciendo un registro –sin regulaciones- en el que además de los teléfonos de línea fija se agregan los nuevos sistemas de transacción bancaria en que los usuarios voluntariamente brindan su información y queda un registro en la compañía, “y yo no veo a nadie haciendo un escándalo por esto”.

Llamada en espera

El esquema está más o menos claro: grupos de la sociedad civil, universidades y algunos empresarios del CACIF agrupados para solicitar que se apruebe la ley; ciudadanos que son víctimas potenciales que buscan estrategias para evitar el hurto –y que según datos pocas veces denuncian-; grupos pro libertades que abogan por el derecho a la privacidad y exigen otro tipo de estrategias; un Congreso con diputados interesados en la ley y otros que parecen evitarla; ladrones que van más allá del hurto y el pillaje, para convertirse en engranaje de redes de venta, relacionadas con el tráfico de armas y el sicariato; autoridades debilitadas en número y capacidades en busca de solución. En el otro lado del debate se encuentran las operadoras de telefonía móvil, un sector que ha vivido uno de los desarrollos exponenciales más grandes en la historia de los negocios –si no el que más-. Son ellos, los de las empresas telefónicas, quienes parecieran no estar interesados, o directamente en oposición, sobre el asunto.

Contreras, como exdiputado y ponente de la ley, y Muralles desde FADS, coinciden en que a las telefónicas no les interesa el registro. Muralles, prefiere ser cauta y asegura que la coalición a la que pertenece sigue intentando mantener un diálogo con la gremial para poder obtener el apoyo de las empresas, pero hasta ahora las solicitudes por una reunión han sido infructuoso.

Se intentó contactar, a través de la Cámara de la Industria y a los teléfonos proporcionados por ésta (celulares, líneas fijas y correo electrónico) con personeros de la Gremial de Telecomunicaciones para conocer su postura, pero al cierre de ésta nota, no se obtuvo respuesta.

Contreras insiste en que es un asunto de “responsabilidad empresarial, han tenido un crecimiento gigante, no sólo en Guatemala. Cuando propuse la ley de portabilidad numérica  (para que el consumidor pueda cambiar de empresa sin perder su número); dieron los mismos argumentos: que se va a encarecer el servicio”. Además, según el exdiputado, han sugerido que el registro sería imposible debido a que muchos usuarios viven en el área rural.

El lobby de las telefónicas

El porqué de la negativa de  las empresas Telefónica, Claro y Tigo se debe a que “no lo hacen porque no lo tienen que hacer, el asunto debe ser: o lo hacen o lo hacen”, afirma Contreras. Pero parece no ser tan fácil, las empresas de telefonía tienen un poder de lobby bastante fuerte. Muralles explica que el poder de las empresas telefónicas traspasa al Congreso y alcanza a los medios de comunicación y, ellos en cambio, en ocasiones no reciben el eco que esperarían de los medios. La respuesta es fácil, según el analista Gustavo Berganza entre el 15 y 20 por ciento de la pauta publicitaria de la mayoría de empresas de comunicación proviene de la telefonía, una cifra nada despreciable.

Quizás el ejemplo más claro de este poder de “lobby telefónico”, se vio expuesto en 2009 cuando el exministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight intentó imponer una tarifa para las llamadas telefónicas. Knight pretendía fiscalizar la facturación y denunció que a través de la venta de tarjetas y “tiempo de aire”, el sector “informal” de la telefonía, las empresas evaden impuestos. Las tres empresas telefónicas, competidoras entre sí en el mercado, unieron fuerzas, se negaron y lanzaron una campaña masiva en que aseguraba a los consumidores que el precio de sus llamadas aumentaría por el impuesto.

Al final, el gobierno de Álvaro Colom renunció al impuesto a las telefónicas a cambio de que estas tres empresas dieran aportes para la campaña de Sandra Torres, denunció Fuentes Knight en su libro Rendición de Cuentas y en una entrevista con Plaza Pública.

Las operadoras ya han sugerido que de aprobarse la ley, y “debido a los gastos por el registro”, los precios aumentarán; si la historia se repite, una vez más, los consumidores respaldarán. Muralles asegura que el margen de ganancia de las empresas puede absorber los gastos del registro. Contreras calcula que el costo no sería demasiado, pues las empresas ya cuentan con el software y la experiencia en otros países.

Sin embargo, Rodríguez, de EFF, afirma que “estas son bases de datos costosas y generan un riesgo mayor para sus consumidores pues ahora con todo los casos de fuga de información, esa base de datos son miel para los delincuentes”, de allí la posible resistencia de las empresas.

Pero hay otra pieza en el tablero, y a quien tampoco se pudo localizar para conocer su postura frente a la iniciativa: la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), el ente regulador de las telecomunicaciones y que de aprobarse la ley sería la encargada de supervisar el correcto registro de los usuario. En un principio la Sit aprobó la iniciativa, pero según los entrevistados pareciera no dar demasiado respaldo. Contreras es tajante: “La Sit prácticamente trabaja para los operadores”, y describe la poca atención que la Sit pone a la regulación de tarifas de roaming (llamadas internacionales), o la portabilidad (la propiedad del número).

De hecho, para cobrar impuestos a las telefónicas, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) le pregunta a la SIT cuánto tiempo de aire vendieron las telefónicas a los usuarios. Y la SIT va y le pregunta a las telefónicas, pero sin ninguna capacidad técnica ni interés político en comprobarlo.

“¿Por qué si lo han hecho en otros países, aquí no?”, se pregunta Contreras. Muralles se hace la misma pregunta, tienen el apoyo de MP, el Ministerio de Gobernación se muestra receptivo, pero algo pasa. “A menos que se discuta en el Congreso, que dialoguemos con las empresas, que nos digan ¿por qué no?”

¿Por qué no? ¿Por qué es un proceso sumamente costoso? ¿Porque atenta contra la privacidad y libertad de los usuarios? ¿Por qué los usuarios que no pueden acceder a centros urbanos se quedarían sin registrar su móvil? ¿O quizás porque las llamadas delictivas también generan mucho dinero –como sugiere Buckhard en su estudio-? ¿O los millones de celulares tarjeteros serían más fáciles de controlar para ponerles impuestos y dejarían la “informalización” que criticaba Fuentes Knight? ¿O las empresas dejarían de recibir ingresos de los miles de teléfonos guatemaltecos que se utilizan en los poblados mexicanos de la frontera?

Muchas preguntas, poca comunicación. Paradójico que la provoque el aparatito que, entre otras cosas, también sirve para eso.