Estos últimos días platicábamos en clase con los alumnos y las alumnas de cuál podría ser el camino para que la dignidad pase de lo abstracto a lo concreto. Elementalmente, construíamos un camino orientado por cuatro bloques: a) libertad, b) igualdad, c) no discriminación y d) acceso material al ejercicio de los derechos. Por supuesto, cada uno de esos bloques admite discusiones propias y profundas sobre los alcances propios, partiendo incluso desde lo filosófico.
Para 2017, según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, Guatemala es el segundo país con mayor exclusión social en América Latina. En términos de salud, el informe indica que, para el 80.6 % de los hogares, los servicios públicos de salud son la gran opción al momento de sufrir algún padecimiento grave. «Casi el 20 % de las personas indicó haber visitado alguna vez los servicios públicos de salud y no ser atendidos, aduciendo como principales causas la falta de insumos o de medicamentos (44.2 %) y la falta de personal médico (33.7 %)».
Ahora bien, como exponía Alfredo Ortega en su reciente publicación Covid-19: tres países casi nunca mencionados pueden servir de guía a Guatemala, las decisiones de gobierno pueden medirse y con ellas pueden determinarse los alcances que tendrá la pandemia. Pero las decisiones de gobierno en materia de salud parecen estar condicionadas por los indicadores antes dados. Es decir, las respuestas a la situación actual harán materialmente imposible que ese 80.6 % de hogares que acuden al servicio público de salud puedan hacerlo, lo que incrementaría el porcentaje de personas sin atención por los factores expuestos.
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El camino a la dignidad concreta se afectará en su bloque de acceso material al ejercicio de derechos, en este caso el de salud, que quedará anulado, y posiblemente afectará el bloque de no discriminación, puesto que tendría que dárseles prioridad a quienes están contagiados por este virus.
La construcción de la dignidad humana en modelos precarios de desarrollo como el nuestro demanda decisiones políticas que entrañan dar prioridad a Estados más fuertes en temas de salud, educación y trabajo. No es posible afirmar que en este momento haya posibilidad de acceso a servicios privados en esas áreas, por lo que sería un acto de sensatez de parte de quienes promueven la reducción del Estado admitir la condición en la que nos encontramos y apostar a proyectos a largo plazo que fortalezcan al Estado en rubros sociales orientados a mínimos vitales.
De ser así, admitiríamos una discusión sobre la impunidad en el pago de impuestos, así como sobre la corrupción, con su origen en el financiamiento de partidos políticos para posteriormente ser favorecidos en contratos con el Estado.
La dignidad humana tiene un camino que requiere ser visible en este momento y construido a largo plazo admitiendo que solo con nuestros propios recursos y esfuerzos lograremos una sociedad incluyente, con mejores índices de desarrollo y con posibilidad de dar vida digna a mayor cantidad de población.
Algo importante en este sendero largo de recorrer será admitir que los derechos laborales del personal de Salud han sido manipulados desde el mismo Estado y desde algunos sectores laborales organizados, lo cual desfavorece únicamente a los usuarios, a quienes necesitamos de estos servicios para desarrollarnos plenamente. Hay que poner todo sobre la mesa. Debemos admitir, revisar y construir sobre la base de nuestros dos contextos históricos: el poscolonial y el pos conflicto armado.
Con honestidad política, con respeto humano y construyendo el camino a la dignidad nos irá mejor.
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