La captura de Rigoberto Juárez Mateo y de Domingo Baltazar por parte de agentes de la PNC fue violenta y sin orden de juez. Irónicamente, ambos se encontraban en la capital para denunciar ante la Fiscalía de Delitos contra Defensores de los Derechos Humanos del MP, la oficina del PDH y la Oacnudh las violaciones de las que fueron objeto las autoridades ancestrales y varios periodistas el 19 de marzo, cometidas por autoridades municipales (sobre todo por el alcalde Diego Marcos Pedro) y por gente afín durante una actividad pública (con información de Prensa Comunitaria Km 169). Sin embargo, fue un operativo del mismo MP el que coordinó su captura. ¿Contradicciones de la democracia guatemalteca?
Y es que, para nuestra mala suerte, las instituciones pocas veces funcionan con tanta eficiencia como cuando es para favorecer intereses políticos y económicos poderosos. Si usted, siendo un común mortal, pone una denuncia, pasarán siglos antes de que vea alguna respuesta. Fíjese: hay unas 600 órdenes de captura por violación y delitos contra las mujeres que no se han hecho efectivas. Pero no vaya a ser un político-empresario quien la ponga contra usted o cualquier otro mortal por no decir amén a la imposición de sus proyectos. Le cae la tira y se va al bote.
Esta detención es ilustrativa por varias razones: los detenidos son líderes sociales de Huehuetenango, un departamento sumamente complejo por su composición cultural. Además, representan la autoridad ancestral y comunitaria, así como el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti’ y Mestiza, que opera en 16 municipios del departamento. La detención se conecta con el cierre de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ por presiones del alcalde, quien, junto con el Gobierno central, es un aliado de la empresa Hidro San Luis (como muchas otras). Según han denunciado varios líderes, desde hace varios años dicha empresa «atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico» (Prensa Comunitaria Km 169). Imagínese cuánto hay detrás de esas escenas conectadas, comenzando por la corrupción, la violencia y las alianzas Estado-capital en contra de la población que se niegue a decir amén.
Muchos creen que preso político es un término que solo es válido en aquellos países que califican como dictaduras, como Cuba y Venezuela, pero resulta que en esos países que califican como democracias, como Guatemala, efectivamente hay presos políticos. Tal y como lo señala Prensa Comunitaria Km 169: «Esta detención arbitraria se suma a la larga lista que desde el año 2012 se acrecentó como una de las estrategias del Gobierno y de las empresas para desarticular la oposición pacífica y organizada de los pueblos frente al modelo de despojo de las empresas». Sin embargo, vimos a un importante miembro del partido de Gobierno solidarizándose con un preso político de Venezuela, mientras el mismo gobierno de Otto Pérez va sumando presos políticos en su propio país. ¿Contradicciones de la democracia guatemalteca?
Las autoridades tienen que entender que el conflicto social es una cosa y que los hechos delictivos que ocurren alrededor de este son otra muy diferente. Confundir ambas es peligroso, pero también hay muchos a quienes les conviene juntar esto en una misma masa. Sin embargo, no se puede responder a los conflictos con judicialización, criminalización y represión. Detrás de los conflictos hay demandas sociales que deben ser atendidas y, en algunos casos, violaciones a derechos humanos que deben ser sancionadas y paradas.
La lucha y la protesta social no se pueden convertir en un crimen ni en un delito. No podemos tolerar más presos políticos por defender la vida, el territorio y el agua, mientras los políticos corruptos descansan entre lujos y una tranquila impunidad.
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