Desde entonces muchas cosas han sucedido al respecto, siendo la principal de ellas que muchos sectores, con ideologías variadas y visiones del poder público también distinto, se han pronunciado no sólo contra más endeudamiento sino, tal vez lo más importante, demandando transparencia en esa cuestión. Las listas de supuestos acreedores han ido y venido, sin que por ahora se tenga claro a quién se le debe, cuánto y por cuáles obras se les debe. Lo cómico, por no decir lo cínico del asunto, es que los acreedores se mantienen supuestamente de brazos cruzados y ninguno ha accionado judicialmente contra el Estado para que se les pague y se les salve de la cacaraqueada bancarrota, cuando sería la primera acción que deberían haber realizado si efectivamente estuviésemos hablando de negocios serios y profesionales. Pero, además, si no se les paga ahora no hay intereses bancarios a reconocer, lo que sí nos pasará si se contrata más deuda. Al país le resultaría más ventajoso, en consecuencia, pagar a plazos y con recursos propios si es que la deuda es legal y objetiva.
Pero políticamente el cotarro también se ha armado. Confusamente y en la sordina, como los señores Pérez y Baldetti acostumbran hacerlo, en su empresa electoral se produjeron cambios importantes. Sin dar mayores explicaciones políticas se sustituyó al jefe de la bancada, quien ya el año anterior había sobrevivido a las presiones de grupos descontentos dentro del negocio autonombrado de patriota, siendo sustituido por alguien recién llegado a su organización. Evidentemente el liderazgo del señor Gramajo ha quedado en entredicho, pero no porque al interior de su grupo se diera una discusión política y democrática sobre temas nacionales.
Todo evidencia que el defenestrado jefe de bancada no fue capaz de conseguir los votos necesarios para que se aprobara la exigencia de Pérez-Baldetti, quienes en su visión de la política lo que importa es que se haga lo que ordenan, sin reparar si los medios a utilizar son legales o ilegales, legítimos o ilegítimos. Por ello, de la “responsabilidad pública” que se argumentó en un inicio para justificar la paga, pronto se pasó a la amenaza y al chantaje político, para luego dejar en evidencia que, como sucede actualmente con dos empresas europeas del espectáculo deportivo, la cuestión está en ponerse de acuerdo en el precio del objeto: en aquel caso, un jugador galés de futbol; en el chapín, una ley que apruebe más endeudamiento.
Lo que más debería preocuparnos no es si se contrae o no más deuda. La cuestión crítica que debe llamarnos la atención es la desfachatez antidemocrática que los actores locales han manifestado en todo este evento.
El señor Gramajo, por ejemplo, no se sintió obligado a explicar con seriedad y transparencia a sus electores las razones de su salida de la jefatura de su bancada, a pesar de haber sido electo, entre los más importantes diputados de su supuesto partido. El sustituto, por su lado, con su cínica sonrisa parece estarnos avisando que lo que a él le importa es que la deuda se apruebe, sea en domingo o durante la noche, tal y como varias veces sucedió cuando el FRG -su anterior empresa electoral- era gobierno y tenía la mayoría en el Congreso.
Lamentablemente, si bien es cierto que la empresa competidora en el negocio electoral le ha puesto candado a la discusión parlamentaria para evitar que lo antes dicho suceda, al impedir el debate político también está enclaustrando a la democracia, pues no hay manera que la negociación pública y transparente, característica intrínseca de aquélla pueda darse. La iniciativa de Ley para aprobar más deuda debe ser inmediatamente objeto de discusión y negociación política y, de ser posible llevada a votación para, con vocación democrática, derrotarla. Si el grupo gobernante no quiere pasar por ese trance, lo sensato y político es retirarla definitivamente para, así, desentrampar de ese lado la agenda legislativa.
Porque ésa es, en estos momentos, la disyuntiva política: si queremos un pequeño paso en la democracia, los opositores deben suspender la ya absurda interpelación al Ministro de Cultura y Deportes y el grupo gobernante renunciar a un endeudamiento evidentemente innecesario e ilegítimo.
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