Hace unos días me referí a la necesidad de cumplir el estándar de transparencia tributaria del Foro Global de la OCDE. Esta es una de las tan exigidas acciones de transparencia, lo cual no debe ser solo una obligación del gobierno, sino de todos, personas individuales y empresas.
Es decir, el que exige transparencia, transparente debe ser también. Porque es muy fácil exigir que el gobierno se abra al control y escrutinio, pero se teme cuando se abre la posibilidad que la SAT verifique si lo que se dice en las declaraciones de impuestos corresponde efectivamente con lo que se tiene en el banco.
¿Acaso no se le parece el miedo que siente un servidor público corrupto cuando el ente contralor está a punto de descubrir sus fechorías, al miedo que siente un evasor cuando la SAT está a punto de descubrir sus mentiras y fraudes?
O dicho de manera equivalente, ¿no se parece acaso la tranquilidad que siente el servidor público honesto y cumplido, a la tranquilidad que siente el contribuyente honesto y cumplido cuando la SAT le pide rendir cuentas de sus obligaciones?
Transparencia y rendición de cuentas son bienes públicos que deben aplicarse parejo, a todos.
Y es que se ha vuelto una suerte de convención que los actos de corrupción en el gobierno son excusa o “justificación” para no pagar impuestos. Esto es como que si una forma de corrupción y latrocinio se puede permitir, mientras que otra no.
Cierto es que nuestro ordenamiento jurídico dice que el agente privado puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, y que el servidor público solo puede hacer lo que la ley le permite, con lo cual el servidor público tiene mucho más restricciones en lo que puede o no puede hacer. Pero este principio fundamental de ninguna manera quiere decir que la ley permite al privado violarla y robar recursos públicos, en tanto lo prohíbe al servidor público.
Así, se exige vehementemente el castigo al servidor público corrupto, lo cual es bueno y debemos hacerlo todos. Pero ¿por qué no exigimos con esa misma vehemencia el castigo, por ejemplo al importador de vehículos que, bien sabemos, ha falsificado una factura o claramente ha pagado los impuestos de importación muy por debajo de lo que honestamente le tocaría?
¿O qué decir de la tarjeta pre pago para recargar el celular que compramos sin ni siquiera pensar en pedir la factura? ¿O qué tal el empresario del transporte público de pasajeros que se apropia de los impuestos de una manera descarada? Es larga la lista de casos en los que se deja hacer y pasar casos flagrantes de violaciones a la ley por evadir impuestos.
¿Se animaría usted a sumarse a castigar al próximo servidor público que se le compruebe en un acto de corrupción? Seguro que sí. Bueno, para ello gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, en la Internet están publicados los sueldos de todos los empleados públicos, expuestos al escrutinio ciudadano.
Pero ¿no le parece que un siguiente paso es que la SAT le de un vistazo a las cuentas bancarias de, por ejemplo, los que importan vehículos, los distribuidores de tarjetas para recargar celulares o a los dueños de los autobuses?
O más aún, ¿se animaría a que la SAT verifique que usted no es corrupto, comparando sus cuentas bancarias con lo que escribió en su última declaración de impuestos? Yo estoy listo, ¿usted?
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