La defensa del PDH, una necesidad ciudadana

Probablemente solo en épocas de dictaduras brutales como las que llevaron al genocidio en el siglo pasado se había vivido un período de tal arbitrariedad. Precisamente por la magnitud de la agresión a los principios y derechos democráticos perpetrada desde el poder es que el cuerpo constitucional en vigor tiene una enorme carga en materia de derechos humanos. Una carga de tal naturaleza incluye como figura esencial la del PDH.

El rol del titular de esa cartera en 1993, Ramiro de León Carpio, fue vital para revertir el autogolpe del aprendiz de dictador Jorge Serrano Elías. Los reportes de la oficina de la también llamada omdbusperson fueron primordiales en la identificación de los delitos cometidos durante la ocupación de la granja penal de Pavón en 2007. De igual forma, la acción del anterior jefe de esa entidad, Jorge de León Duque, fue esencial en la identificación de discurso de odio en contra de personas defensoras de derechos humanos y en su posterior sanción.

Al actual titular del PDH, Jordán Rodas Andrade, le ha tocado lidiar con las arbitrariedades continuadas del gobierno de Jimmy Morales. Su oportuna intervención para requerir amparo en contra de dichas arbitrariedades ha sido pilar en la sostenibilidad de los principios democráticos a costa de su propia estabilidad institucional. Rodas Andrade pudo haberse quedado inmóvil ante la disposición de Morales de expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez. Pudo haberse hecho de la vista gorda cuando Morales también intentó que el embajador de Suecia, Anders Kompass, fuera retirado de dicha representación. Pudo, en fin, haber incumplido su mandato para no incomodar al poder.

Sin embargo, Rodas cumplió su misión constitucional. Ante cada arbitrariedad accionó con los medios legales a su alcance. Ante cada intento de vulnerar el andamiaje de los derechos humanos plantó cara a la arbitrariedad y enfrentó todo intento de socavar la institucionalidad.

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Por ello es que resulta fastidioso al poder, a tal grado que se han puesto en marcha todas las acciones posibles, por descabelladas e ilegales que sean, para forzar su salida del PDH. Además de la campaña permanente de desprestigio en redes sociales, el Congreso de la República aprobó una reducción ilegal del presupuesto de la institución que dirige Rodas. Esa merma en los recursos, ejecutada diligentemente por el Ministerio de Finanzas (Minfín), deja a la entidad sin posibilidades de cubrir los salarios a partir de octubre e inhabilitada para desempeñar su función en el marco de un dictatorial estado de sitio.

Rodas acudió con un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual se lo otorgó en forma provisional. Además de que el Minfín desobedeció la resolución de la corte, la misma judicatura resolvió al final anular el amparo provisional. De esa manera, los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, se coluden para erosionar las posibilidades del PDH de cumplir con su función.

Como si fuera poco, la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo, ante iniciativa del cuestionado congresista Juan Manuel Giordano, ese que consume más de 20,000 mensuales del presupuesto oficial en mariscos, decide iniciar un proceso de destitución de Rodas. Para el efecto, luego de que a dicha comisión se le limitara el mecanismo ilegal que pretendía impulsar, esta ha citado a Rodas al Congreso como un mero trámite en el proceso que se pretende llevar a cabo cueste lo que cueste.

La actuación de los congresistas, como la de los magistrados y del inútil jefe del Ejecutivo, tiene como propósito sacar de la jugada de defensa del espacio democrático a uno de los pocos funcionarios que cumplen con su deber. Una acción que no puede permitirse. En tal sentido, es menester que, desde todos los espacios posibles y mediante absolutamente todas las formas que el andamiaje de derechos nos permite, impidamos que la alianza criminal alcance su cometido. Defender hoy el PDH es defender la sociedad misma y la posibilidad de mantener vivos nuestros derechos.