Del 2006 al 2015 se hicieron muchos esfuerzos infructuosos por reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos: la sensación de frustración era evidente entre los actores sociales. Diez años después se producen las reformas de tercera generación, contenidas en el decreto 26-2016, que en buena medida se deben no a la madurez o al consenso social alcanzado, tampoco al compromiso democratizador de los partidos políticos, sino a factores ligados a la crisis política que vive Guatemala desde abril del año 2015: el llamado tsunami guatemalteco.
El mapa de reformas electorales, por tanto, siempre lo fue en contenido y en avances. Este aspecto hay que resaltarlo para tomar en cuenta los esfuerzos que este año se realizan por promover las reformas de cuarta generación. Liderados por el Ejecutivo, desde principios de junio un grupo de actores de la sociedad civil bastante representativo de la sociedad guatemalteca inició el proceso de articulación de propuestas para mejorar las condiciones del decreto 26-2016, que contiene las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En tiempo relativamente récord y en un ambiente de mucho respeto y de madurez política, esta semana concluyó la serie de extensas y detalladas reuniones en las que se discutieron al detalle las propuestas más avanzadas para reformar el sistema electoral guatemalteco: la experiencia ha sido positiva y muy gratificante.
Por primera vez desde 1997, cuando se empezaron a discutir en serio las deficiencias del sistema electoral, se conformó un grupo de actores de tan alto nivel que se dieron cita las principales voces e instituciones que durante años han hablado o trabajado sobre la reforma del sistema electoral.
Tal esfuerzo contó, desde el inicio, con el acompañamiento de tres instancias vinculadas al Ejecutivo, las cuales sirvieron de secretaría técnica: la Secretaría de Comunicación social, la Secretaría Privada y la Secretaría General de la Presidencia.
El acompañamiento del Ejecutivo siempre fue respetuoso de las propuestas y se limitó a ofrecer el apoyo logístico y el acompañamiento jurídico necesarios para traducir las discusiones y las propuestas en una iniciativa de ley que estuviera en línea con el actual ordenamiento jurídico del país.
Por supuesto hay lecciones aprendidas del proceso que indudablemente servirán para enriquecer los futuros procesos de reforma electoral. Por ejemplo, existe un vacío en el decreto 26-2016, ya que, aunque instaura la Comisión de Reforma Electoral, no especifica a qué institución le corresponde integrar y liderar el proceso. Quizá en el futuro el Tribunal Supremo Electoral deba tener un papel más protagónico.
Un segundo aspecto no del todo claro fueron los criterios y los mecanismos que sirvieron para invitar a las organizaciones a participar en el espacio. Y una tercera lección aprendida es que se debe encontrar una metodología para discutir la ley en sucesivas etapas, que vayan de lo general a lo particular: la forma concreta como se organizaron las mesas de trabajo generó por momentos muchos problemas, dada la integralidad de las temáticas abordadas.
Esperemos que, dentro de poco, tal esfuerzo de articulación sea conocido ampliamente por la sociedad guatemalteca, de manera que se inicie el proceso de aprobación de estas reformas de cuarta generación.
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