Últimamente, en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (o ICE por sus siglas en inglés), del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, están cada vez mas apresurados o presionados por salir a la caza de indocumentados presuntamente criminales o que representan una amenaza a la seguridad pública. Según reporta un diario local, en los primeros cinco días de marzo, en todo el país se llevaron a cabo decenas de redadas que tuvieron como blanco a inmigrantes desautorizados que aparentemente han cometido alguna fechoría. La operación, llamada Comprobación Cruzada (o Cross Check en inglés) logró la captura de 2 059 inmigrantes de 94 países. Sin embargo, solo poco más de la mayoría tenían algún cargo severo, mientras que el resto fueron detenidos por infracciones menores (v. g.: conducir en estado de ebriedad o sin licencia).
Al tiempo que se llevan a cabo este tipo de operativos, otro reportaje indica que el ICE lamenta que, cada vez más, las autoridades locales en diversos estados de la nación han dispuesto no colaborar con la agencia cuando detienen a inmigrantes a menos que haya clara evidencia de que se trata de algún criminal. Es rutina que el ICE requiera a las agencias de detención que retengan en la cárcel por 48 horas a los inmigrantes antes de dejarlos en libertad. Sin embargo, para evitar demandas por derechos civiles, más de 300 condados y ciudades a lo largo del país se han desvinculado de este requerimiento. Algunos aducen que, una vez liberado el presunto criminal, la información es transferida a los agentes federales.
Esta problemática de seguridad pública es una de tantas aristas que reflejan la continua tensión entre el Gobierno federal y los gobiernos locales cuando no existe una solución integral de reforma migratoria. Por un lado, el ICE busca poner bajo arresto federal a los supuestos maleantes dentro de la misma prisión, sin exponer a los agentes a peligros mayores, para luego trasladarlos a otro centro de detención antes de una audiencia o de la deportación. Por otro lado, algunas autoridades locales desean propiciar mayor confianza entre las comunidades inmigrantes y la Policía en la lucha contra el crimen, a manera de evitar la separación innecesaria de familias cuyos miembros no han cometido delitos graves.
En el contexto de la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA por sus siglas en inglés), emitida por el presidente Obama en el otoño y que un juez federal de Texas decidió dejar en el limbo en febrero pasado, es evidente que el ICE está bajo presión política por parte de la Administración para convencer a sus detractores de que se mantiene una lucha por depurar a la sociedad de sus elementos menos deseados. Pero estas tácticas desvían la complejidad del problema que políticos ultraconservadores se niegan a resolver de forma integral, pues ponen la llaga en los inmigrantes, criminalizan incluso a aquellos que no son criminales y perjudican a familias enteras.
Cuando cada vez más es vox populi que las fuerzas del orden obran con sesgos raciales contra poblaciones étnico-minoritarias, como comprobó recientemente una investigación del Departamento de Justicia en Ferguson, Misuri, no sería extraño que estos operativos estuvieran ligados al lucrativo negocio de las prisiones de más de dos millones de encarcelados, en las que demoran desproporcionalmente más reos de color que blancos. El patrón de discriminación selectiva para arrestar a personas de color también incluye a inmigrantes, como el caso reciente de una mujer mexicana que, aun residiendo legalmente en el país, sufrió el atropello de la Policía en un área rural cuando esta se negó a creer su situación migratoria. El condado fue forzado a pagarle $20 000 para resolver la disputa del caso.
Este año se celebra el 50 aniversario de la firma de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que acabó con las cuotas de inmigración por origen nacional y priorizó la reunificación familiar. Dudo que el Congreso, dominado por los republicanos, rescate el espíritu antirracista del movimiento de derechos civiles que la inspiró y ofrezca una tregua a los hispanos, ni siquiera porque este segmento posee un poder de compra de $1.1 billones.
Mientras tanto, «uno se queda aquí, otro se queda allá. / Eso pasa por salir a trabajar».
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