Sería interesante hacer una encuesta en la que se pregunte si se continúa creyendo la promesa del presidente Alejandro Giammattei de combatir sin descanso lo que él calificó como la «maldita y asquerosa corrupción». Me parece que esta medición revelaría que, lamentablemente, quienes continúan creyendo que este gobierno está limpio de corrupción y que Giammattei está cumpliendo esa promesa son en realidad una minúscula minoría de ingenuos o de cómplices.
Las gravísimas y escandalosas anomalías en el uso de los recursos públicos en la Dirección General de Caminos registradas el año pasado, y que estos abusos sean una característica reiterada en los proyectos de inversión realizados por los Consejos Departamentales de Desarrollo, reconfirman el convencimiento ciudadano de que la corrupción campea rampante en este gobierno. Por supuesto, no existen datos o estadísticas de los montos defraudados por los corruptos, pero desafortunadamente se percibe de manera generalizada que el gobierno de Giammattei ya compite con paso firme por ganar el vergonzoso título del más corrupto de la historia y superar así a los anteriores, de los cuales se decía que serían insuperables.
Nadie en Guatemala necesita que se le convenza de las inmensas necesidades en una lista muy larga de ámbitos, que incluyen protección social, salud, educación, seguridad e infraestructura. Para convencerse basta con visitar un hospital estatal, un centro de salud, una escuela pública, una comisaría de la Policía, o transitar por una carretera. Es decir, todas esas necesidades y carencias son una realidad cotidiana para las grandes mayorías. Sin embargo, pese a este conocimiento certero de las necesidades, la mayoría de la ciudadanía rechaza que se incremente el presupuesto público para que el Gobierno haga las inversiones necesarias y pueda atenderlas, ya que desconfía de este y está convencida de que los corruptos se lo robarán.
[frasepzp1]
En el caso de la infraestructura vial, de importancia prioritaria para el sector privado empresarial, pero también de beneficio para otros sectores socioeconómicos, la mejor propuesta en discusión es la iniciativa de ley número 5,431, que propone la aprobación de una ley general de infraestructura vial y que está siendo fuertemente impulsada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). Aunque esta propuesta ha sido muy discutida y se le han hecho mejoras importantes respecto a su versión inicial, me sigue pareciendo que en realidad elude el tema de fondo, que es erradicar la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como en los Consejos Departamentales de Desarrollo y en las demás entidades a cargo de la inversión pública en infraestructura vial.
Es decir, es tan profunda la desconfianza que la mejor propuesta que tenemos o que por lo menos se ha discutido con cierto detalle reconoce en realidad nuestra incapacidad como sociedad para corregir el problema de la corrupción. Y es esa incapacidad nuestra la razón por la cual buscamos mecanismos cada vez más creativos para tratar de hacer las cosas que instituciones y funcionarios tienen la obligación de hacer bien, por la cual no se les castiga conforme a la ley por hacerlo mal, tal como lo hacen ahora.
Lo peor es que me parece que, al continuar eludiendo el problema de fondo, aunque ese proyecto de ley de infraestructura vial se afine hasta lograr la mejor propuesta posible, tarde o temprano las mafias terminarán corrompiendo el nuevo esquema. Tal como ocurrió en la década de 1990, cuando prácticamente se privatizó la capacidad del Estado para construir carreteras y se crearon fideicomisos hoy nefastos como el del Fondo de Conservación Vial (Covial), que rápidamente degeneraron en verdaderas cloacas de corrupción.
¿Hasta cuándo toleraremos la corrupción en la inversión pública?
Más de este autor