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La Contraloría General de Cuentas como botín

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En el mundo de los Contadores Públicos y Auditores, el dinero lo es todo. No el capital propio sino el de alguien más –como el de una empresa, o los fondos del Estado–. La vida gira en torno a ello. Si se tiene astucia, y si es posible sostenerla mediante alianzas, compromisos políticos, y asociaciones gremiales, la figura del Contralor General de Cuentas llega a ser oscura. Un negocio. Un botín para vender silencio y callar ante todo tipo de malversaciones.

“Si conoces la posición que adopta una persona hacia su presupuesto, puedes determinar toda su filosofía. El código tributario, en cuanto lo conoces, encarna la esencia de la vida (humana): la codicia, la política, el poder, la bondad, la caridad”. David Foster Wallace escribió esta frase en su novela/ensayo El Rey Pálido que trata sobre el tedio y el –todavía más monótono e insoportable– trabajo de los auditores. “A estas cualidades, con todo respeto, habría que añadir algo más: el aburrimiento. La opacidad. La falta de manejabilidad”.

En cada Estado, lo que se gasta, y lo que se recibe cada año, recae en manos de los auditores. Ese gremio atento al dinero que se va, el dinero que se invierte, en qué y cómo se gasta el presupuesto, casi siempre estoicos detrás de sus gestos llenos de aburrimiento. La Contraloría General de Cuentas (CGC) de la Nación es un planeta al que pertenecen los contadores públicos y auditores. El tedio ahí dentro y en cada una de sus sedes radica en contar, una a una, las costillas del Estado. Pero puede ser que la rutina se torne atractiva si en ella se configura, en esencia, la codicia, la política y el poder. Y el intento de denunciar cuando las cuentas no salen del todo bien, y el presupuesto no alcanza, y hay anomalías, puede ser manipulado políticamente desde la manera en que se elige al Contralor General de Cuentas de la Nación: Un botín para ver, oír, darse cuenta de todo tipo de malversaciones, pero –llegado al precio– guardar silencio.  

En Guatemala escoger Contralor ha sido, históricamente, una cuestión llena de atropellos, y casi nunca independiente de los factores políticos. El Día, ese Día en que se escoge contralor, es un Día importante que ha estado marcado por la pugna (sempiterna) en torno a la pregunta de “¿y cuánta autonomía puede y debe –y necesita– tener un fiscal tributario para sacar adelante su proyecto de velar por que nada se gaste indebidamente?”.

Fue algo que sucedió el mismo Día en que, en 1493, los Reyes Católicos nombraron a un funcionario para supervisar el segundo viaje de Cristóbal Colón. El Día de 1810 en que España creó el Tribunal de Contaduría General para que se examinaran las cuentas de sus colonias. El Día en que, un 24 de noviembre de 1824, la Contaduría Mayor de Cuentas nacía de la plena resaca salida de la Independencia. El Día en que, luego de la Revolución de 1944, por primera vez se hablara y buscara finalmente la autonomía de un Tribunal de Cuentas. El Día en que, primero en 1956 y luego en 1964, la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas ve la luz, se modifica y tras el golpe de Estado de 1963, Enrique Peralta Azurdía se encargara de quitar y censurar cualquier intento de autonomía, además de –pensando en gobiernos venideros– quitar fuerza al Contralor para denunciar la corrupción dentro de las instituciones del Estado, un Estado netamente contrarrevolucionario. Así por más de 20 años, el Ejecutivo, a dedo, se encargó de decidir quién fiscalizaría el gasto del presupuesto. Contralor tras Contralor, militar tras militar, el botín de los impuestos y los contratos estaba asegurado.

Pero llegaría el Día de la época democrática. Y tras esa idea que se buscaba lejos de las dictaduras, el intento de cierta independencia para la Contraloría tendría un revival significativo. Entonces, como hienas ante un cadáver, los políticos se acercaron a husmear lo que había en torno a los gastos del presupuesto del Estado. La contaminación desde ese Día ha sido amplia y expansiva.

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Desde la Contraloría se han financiado campañas políticas malversando fondos públicos. Hay dos excontralores condenados a prisión, luego de enfrentar juicios por corrupción. Otros excontralores que buscan ser reelectos. Otros que apenas cumplieron su trabajo. Y en el proceso –una década– las alianzas y los compromisos en busca de controlar al que controla la inversión de los presupuestos, han servido para crear asociaciones, plataformas para extorsionar municipalidades, sindicatos, y estructuras de poder fáctico para cooptar un gremio que nunca debió alejarse de lo llanamente técnico. Los profesionales de la auditoria, además, mantienen en la actualidad una pugna legal, casi como una analogía a la batalla de los últimos tiempos (a muerte), para validar la profesión de Contadores Públicos y Auditores según los intereses de dos colegios profesionales distintos. Y en este contexto, tan sólo el marco del cuadro, son también los encargados de seleccionar a los más “idóneos” y “honorables” y “éticos” para ocupar el puesto de Contralor General de Cuentas de la Nación cada cuatro años.

En busca de la independencia del Contralor

En 1985, un nuevo Día llegó para la Contraloría. “Hasta la reforma Constitucional la CGC era un elemento simbólico que dependía del Ejecutivo. La nueva Constitución le daba vida a un montón de instituciones que los guatemaltecos apenas entendíamos, todo copia de otros países. La Contraloría en ese momento no era autónoma y se intentó darle independencia al crear las Comisiones de Postulación, involucrar a la academia y al Colegio de Profesionales; agregado a que el Congreso y no el Presidente fuera el que escogiera al nuevo Contralor”, recuerda Manfredo Marroquín, dirección de Acción Ciudadana (AC), organización que promueve la transparencia en la gestión pública.

Algo similar ocurrió con el gremio de abogados: las Comisiones de Postulación –bajo el brazo de la Constitución de 1985– sobrevinieron como un reacomodo dentro de la academia, ahora mezclada con la política, para escoger Cortes de Apelaciones y magistrados de Corte Suprema de Justicia. En el caso de los Contadores Públicos y Auditores, sería el propio gremio el encargado de escoger a los candidatos a Contralor General de Cuentas. Y de esa forma, el gremio le decía adiós a la década de los años ochenta: con una nueva responsabilidad.

“El Congreso de la República asumió varias elecciones antes de que los Contadores Públicos y Auditores empezaran a cumplir con su mandato constitucional”, señala Marroquín. Nombres como Manuel Maza Castellanos (exministro de Finanzas de Alfonso Portillo en 2002), y Mario Illescas, cumplieron un rol casi invisible, anodino, sin demasiadas denuncias sobre corrupción dentro del Estado.

El exdiputado y ahora Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, recuerda que el gremio de Contadores Públicos y Auditores ha sufrido diversas reconfiguraciones a lo largo de los últimos años, pero quizá la más importante se registró a partir de las reformas Constitucionales de 1994, momento en que ubica el principio del fin para el gremio. El Día en que se intentó buscar la independencia del Contralor. “En los artículos transitorios de la Constitución de 1994, se marcó la fecha de inicio para escoger la figura del Contralor General de Cuentas de la Nación, y fue el inicio de la intervención política dentro de lo académico”, lamenta Arévalo.

Luego del Golpe de Estado de 1993, Luis Arturo Aguilar se convirtió en el primer Contralor General de Cuentas, electo por el Congreso de la República, para ocupar el periodo constitucional de 1994 a 1998. Ni la gloria ni la pena figuraron dentro de su mandato. La mayoría de contadores que recuerdan a Aguilar Solares entienden su gestión como un ínterin, un paréntesis, casi un impasse muerto previo a lo que se venía una vez que llegaran las Comisiones de Postulación, que entrarían en operaciones durante la elección de CGC en 1998, aunque no tuviera una ley que las respaldara más allá de ser mencionadas en la Constitución de la República (artículo 233). “Sería la primera vez que el gremio participaba en el proceso de escoger al Contralor. Quedó en manos de los Contadores Públicos y Auditores y ahí se politizó todo”, dice Rolando Fajardo, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría General de Cuentas (SITRACGC).

Las pugnas gremiales por el control de la Contraloría

Rolando Fajardo explica que los grupos estudiantiles que peleaban la decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de San Carlos (USAC), de cara a la elección de 1998, fueron determinantes en el primer proceso de elección que utilizó Comisiones de Postulación. “Los estudiantes recién graduados articularon grupos político-gremiales (entre ellos Ubu praxis, SECA, Pau) para participar dentro de la contienda electoral por la presidencia del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y Administradores de Empresas (CCEE). Fueron también estos grupos los que apoyaron, en 1998, a Marco Tulio Abadío para ocupar el puesto de Contralor General”.

Un excontralor de Rentas Internas, casi anciano, que pide no publicar su nombre, explica que detrás de la elección de Marco Tulio Abadío, detrás de las asociaciones estudiantiles de la USAC, hubo gente como Óscar López Ixcolín y Antonio Rivas Tuyuc, que negociaron la candidatura del primer Contralor mediante Comisiones de Postulación, con el Partido de Avanzada Nacional (PAN). Manfredo Marroquín, de AC, explica y agrega que en aquel momento, en 1998, el PAN era una aplanadora en el Congreso, y había fuertes señalamientos en torno a que Abadío era el contador privado del expresidente Álvaro Arzú. “Fue algo relevante para que fuera electo”, dice.

“La misión de Marco Tulio Abadío fue desarticular el sindicato dentro de la CGC”, señala Gonzalo Rodríguez, exsecretario de SITRACGC. “De 1.200 afiliados nos dejó sólo con 38. En aquel entonces había dos sindicatos: SITRACGC y Unidad Laboral. Unidad Laboral quedó aún más débil, con su junta directiva de seis personas”.

Luego Abadío, como dice el anciano excontralor de Rentas Internas, negoció con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) —partido que ganó las elecciones en 1999— y pasó a ocupar la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT). “Fue su acabose. Hoy Abadío cumple una condena por lavado de dinero. Robó más de Q40 millones utilizando una red familiar. Y a la fecha no sabemos casi nada de sus movimientos mafiosos en el interior de la Contraloría”.

Las grandes estructuras de lo opaco

“En la elección de Contralor General de 2002 fue cuando por primera vez vimos que había estructuras políticas detrás de las Comisiones de Postulación para escoger Contralor General. Fue el primer descaro de hacerlo en público. Eran fuertes. Podían mover gente, votos, colocar un candidato, ofrecer cuotas de poder”, dice Manfredo Marroquín.

Un año antes a esa elección, en diciembre de 2001, se derogó la Ley de Colegiación Profesional. Se creó una nueva. Para los abogados, esta ley significó articular votos dentro de su gremio, dentro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y crear estructuras para posicionar a operadores del poder económico emergente como Roberto López Villatoro. Todo se había cabildeado con el partido FRG, en aquel momento, la nueva aplanadora dentro del Congreso.

Para los Contadores Públicos y Auditores, la nueva ley de Colegiación Profesional significó, al igual que para los abogados, una expansión de las asociaciones gremiales, crecer en número y votos desde las sedes departamentales. Buscar, en primera instancia, el control del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y Administradores de Empresas (CCEE). Y sirvió además como plataforma para impulsar, años más tarde, una de las más fuertes asociaciones de contadores públicos y auditores, que fue bautizada como Excelencia Profesional.

El excontralor de Rentas Internas, que también trabajó en el Ministerio de Finanzas en los años noventa, lo recuerda así: “Excelencia se fundó con gente de todas partes. De la SAT, de la CGC, del Ministerio de Finanzas. Donde hubiera un economista, un contador, un administrador de empresas. Hasta Carlos Mencos (Contralor 2006-2010) y Nora Segura (2010-2014) eran parte del Sindicato de Trabajadores de Finanzas. Pero la pieza clave de Excelencia, desde un inicio, fue el sobrino del secretario general del FRG y exdictador, Efraín Ríos Montt: Josué Herrera Montt, como parte del grupo Éxhito, primero, y luego Profesionales Integrados (PI)”. 

Según varios contadores del Sindicato de Trabajadores Profesionales de la CGC (SITRAPROF) y miembros activos del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores (IGCPA), Josué Herrera Montt fue el responsable de cabildear la nueva ley de Colegiación Profesional junto a Roberto López Villatoro, pero con los intereses gremiales de los Contadores Públicos y Auditores, dentro del FRG.

En 2002, la segunda vez que se utilizaba un sistema de Comisiones de Postulación, Óscar Dubón Palma quedó electo como Contralor General de Cuentas. Rolando Fajardo, de SISTRACGC, explica que mientras Excelencia se configuraba, otras asociaciones que respaldaron a Dubón Palma sirvieron de antecedentes muy próximos: “Éxhito, desde la USAC, sería la primera asociación gremial política que utilizó la estrategia de redes y células para crecer”, dice Fajardo. El ideólogo de estas primeras estructuras, según recuerdan algunos sindicalistas, se llamaba José Luis Aragón. “La RED, la estrategia para impulsar Éxhito, tenía corte militar, como tropas. Un auditor tenía que buscar a 10 o 15 auditores más para ganar votos. Así ganó Dubón Palma. Así llegó José Luis Aragón a la Contraloría. Le inventaron el puesto de Inspector General y desde ahí se controló la inversión y el gasto de todo el presupuesto del Estado”, explica Gonzalo Rodríguez, exsecretario de SISTRACGC.

Manfredo Marroquín, de AC, dice que era frecuente recibir denuncias de alcaldes extorsionados durante la gestión de Dubón Palma. “Era la Contraloría como botín. Había demasiadas denuncias en muchas municipalidades”.

Un auditor que todavía hoy trabaja para la Contraloría, al que su trabajo lo obliga a viajar, solo, en su propio auto, a distintos municipios, a evaluar el gasto del presupuesto bajo responsabilidad de los alcaldes, y que en más de una ocasión ha sido recibido con un arma de fuego sobre los escritorios municipales, cuenta la historia de lo que muchos auditores llaman “Embajadores”.

—“Embajadores” porque hay que jugar con las palabras: (Em) bajadores —detalla.— Imagina que llegas al pueblo X. En X, ya sabes, lejos, retirado, quizá hasta fronterizo, hay un alcalde A que tiene a B y C como contadores internos de la municipalidad. En 2002 empezaron a funcionar los (Em) bajadores (Células creadas por José Luis Aragón, bajo el respaldo de Éxhito y la venia de Dubón Palma). Llegaban, inventaban una anomalía dentro de la Municipalidad del pueblo X, y exigían un pago para no denunciar. Detrás de ellos están los directores de distintos departamentos de la CGC. Ver, oír y callar si se llegaba al precio, era el negocio de los (Em) bajadores. Con el tiempo se ha ido perfeccionando. Los (Em) bajadores ahora son una red que han cooptado a B y C como contadores del pueblo X, y el alcalde A también recibe su tajada. Pero ojo, las anomalías antes inventadas, ahora son reales. Había que sacar dinero de algún lugar para pagar las extorsiones. Cuando uno llega al pueblo X no hay nada que se pueda hacer. Sobre todo cuando hay armas de por medio. El trabajo de un auditor se convierte en el gran simulacro. Y cuando uno tiene más de 60 años no puedes renunciar tan fácil a tu trabajo en el sector público. Es lo que nos queda.

Dubón Palma y el primer gran botín de la Contraloría

El 19 de febrero de 2004, una investigación de Prensa Libre descubrió que la ONG Amigos en Acción manejó Q3.6 millones provenientes de la Contraloría, en ese entonces dirigida por Óscar Dubón Palma. Al menos Q2 millones —repartidos mitad y mitad— fueron a parar a cuentas bancarias del PAN y la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) para financiar las campañas de sus candidatos a presidente, Leonel López Rodas y Álvaro Colom. Detrás de todo el entramado, la influencia del grupo Éxhito quedó en evidencia al ser los responsables de firmar los documentos de la triangulación de fondos. Y, luego de ser capturado en Costa Rica, Dubón Palma fue condenado a 17 años de cárcel.

Lo sustituyó, en el ínterin de dos años, Joaquín Flores España. Los sindicalistas de SISTRACGC sonríen, sin sarcasmo, al decir que fue uno de los mejores contralores, porque España no era Contador Público y Auditor, si no, abogado. “No hubo despidos, como cuando llegó Dubón Palma”, dice Gonzalo Rodríguez, exsecretario de SISTRACGC, “ni amenazas”, y en vez de destituir a gente no sindicalizada, “porque lo que hizo de entrada Dubón fue despedir a casi 500 profesionales”, fue dejar la puerta abierta a más sindicatos: “De dos (SISTRACGC y Unidad Laboral) llegamos a tres (se creó Fuerza Integral de Lucha)”. Y casi es lo único que se recuerda de su llegada a la CGC, porque en esencia —aunque es dudosa la explicación— muchos contadores dicen que no había sido electo mediante las Comisiones de Postulación y no pertenecía a ningún grupo gremial ni al Colegio Profesional.

La gran batalla de los colegios

Durante la gestión de Dubón Palma, se reformó la Ley Orgánica de la Contraloría. “En la ley, ¡¡¡paaf!!!, de tajo se obligaba a todos los contralores de cuentas a profesionalizarse”, recuerda Fajardo. Esa coyuntura fue algo que aprovechó Dubón Palma para ejercer aún más el control de las redes y asociaciones dentro de la CGC. Mantener a raya a sus contralores, a las redes de Éxhito y Amigos en Acción; la mafia; el desfalco. “Dubón entonces hizo un convenio con la Universidad Rural y empezó a graduar gente, a crear Contadores Públicos y Auditores como una fábrica de productos seriados, casi desde la nada y con mala calidad. Hasta gente del área administrativa graduó”.

Fue una fecha en que el número de afiliados del Colegio de Economistas, Auditores Públicos y Contadores, y Administradores de Empresas (CCEE) creció de forma acelerada.

—¿Más votos, más cuotas, más asociaciones?

—Más problemas —ríe Rolando Fajardo.

—Todos los nuevos profesionales de esa camada (de la Universidad Rural) serían disputados por dos Colegios. Y los recién graduados serían clave para las Comisiones de Postulación que llevaron a Carlos Mencos a la CGC —subraya Gonzalo Rodríguez.

La historia de los dos colegios es la siguiente:

El Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores (IGCPA) vio la luz en 1968. Era el resultado de un movimiento de contadores públicos y auditores que querían desligarse del gremio de economistas, de los administradores de empresas, y ser independientes. Un reducto de separatistas, pero con las buenas intenciones de mejorar y actualizar los conocimientos de un gremio interesado en interpretar las operaciones de todo tipo de negocios y trasladarlas al lenguaje contable-financiero. A la larga —al menos durante 30 años— el sueño de convertirse en un Colegio gremial se mantuvo lejano.

“Nos tocó ir al Congreso, tocar varias puertas, hablar con diputados, cabildear”, dice Óscar Chile Monroy, presidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA). Y lo que cuenta, es una escena Lado B de la Ley de Colegiación Profesional aprobada en 2001. Se logró incluir, gracias a profesionales del IGCPA, el Artículo 4 dentro de la nueva ley. “Constitución y RegistroPara que un Colegio Profesional se constituya, se requiere: a) La asociación de por lo menos quinientos graduados de la misma o similar disciplina o profesión…”. Y de la noche a la mañana, un día de diciembre de 2001, podía haber nuevos Colegios de Profesionales.

“Fuimos el primer colegio respaldado por la nueva ley. Juntamos 500 profesionales. El problema fue que ni la USAC ni el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y Administradores de Empresas (CCEE), querían aceptar nuestra existencia”, dice Chile Monroy. Al principio nadie los quería tomar en serio. La espera para constituir, de manera legal, el CPA duró casi cuatro años. La batalla fue campal, y sobre todo legal, llena de recursos, entre opositores e impulsadores, ante la Corte de Constitucionalidad (CC). En junio de 2005 los magistrados de la CC dieron luz verde al nuevo colegio.

José Alejandro Arévalo dice que 2005 fue la génesis de una batalla que aún no termina: “El Colegio Viejo vs. el Colegio Nuevo”, como lo han bautizado los profesionales de lo contable.

—¿Por qué el Colegio Viejo no quería un Colegio sólo de Auditores? —se pregunta a el exdiputado.

—Las cuotas anuales. La pérdida de las cuotas anuales. Los Contadores Públicos y Auditores siempre han sido mayoría. Más que los Economistas, que los Administradores de Empresas, y también mercadólogos y otras profesiones aglutinadas en el Colegio Viejo —explica Arévalo.

—¿Y cuotas de poder?

—El campo de batalla entre los dos Colegios se trasladó a la elección de Contralor General de Cuentas, mediante Comisiones de Postulación, en 2006. Y los dos Colegios serían disputados por varias asociaciones —dice Arévalo.

De cara a la elección de CGC de 2006 entre el gremio contadores había un dilema. La CC había dicho que dos colegios profesionales para los Contadores y Auditores era una idea posible. Y entre los contables, las dudas para conformar las Comisiones de Postulación eran razonablemente importantes. ¿Quién representaría al gremio y cómo? ¿Cómo se moverían las asociaciones dentro de los Colegios luego de la caída de Dubón Palma? ¿Qué significaban los nuevos graduados de la Universidad Rural? ¿Qué pasaría con la existencia de dos Colegios cuando la Constitución de la República solo habla de uno para elegir CGC?

Chile Monroy dice que para no caer en una ilegalidad el nuevo Colegio pidió opinión a la CC. Y los magistrados, como un Rey Salomón, resolvieron que la tajada del pastel sería partida por la mitad: la mitad de representantes para Comisiones de Postulación serían del Colegio Viejo y la otra mitad del Colegio Nuevo. “Eran seis universidades con carrera de Contador Público y Auditor en 2006. Y ese número es el que define, constitucionalmente, la integración de las Comisiones de Postulación”, añade Chile Monroy. En aquel momento: seis universidades, seis representantes de Colegios Profesionales, y un representante de Rector serían responsables de elegir Contralor.

“Si me lo pregunta, en cuanto haya una reforma constitucional el Colegio de Contadores Públicos y Auditores buscará quedar fuera de las Comisiones de Postulación. No nos interesa. Es politizar al gremio. En el CPA nos interesa la academia”, defiende Chile Monroy.

Carlos Cabrera Morales, expresidente del CCEE, y secretario de la Junta Directiva de la Facultad de Economía de la USAC, aún hoy señala que el “Nuevo Colegio” no debería tener participación. Admite que existe, pero que su función a la hora de elegir CGC le genera dudas. Su argumento es el de muchos profesionales afiliados al CCEE, sobre todo, del sector público: “No aparece en la Constitución para ser parte de las Comisiones de Postulación. Empezará a generar más problemas en cuanto quiera tener parte de las otras representaciones como tiene el CCEE en distintas dependencias del Estado, como la IVE (Intendencia de Verificación Especial)”.

—¿Cuándo un estudiante de Contador Público y Auditor se gradúa de una Universidad en Guatemala qué Colegio Profesional le corresponde?

—Se puede elegir cualquiera de los dos, de momento. Pero no se puede estar en los dos al mismo tiempo. En la actualidad, los recién graduados quieren estar con su gremio, en el CPA, y no más con Economistas ni Administradores de Empresas —dice Claudia Castro, directora de la Licenciatura de la Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad Rafael Landívar.

No obstante, hay al menos 1.046 profesionales que están registrados en los dos colegios. Y hay, a la fecha, casi 10 mil Contadores Públicos y Auditores en Guatemala.

—El colegio viejo no ha dejado que muchos de sus afiliados se separen de su padrón. Piden cartas, trámites, y casi nunca resuelven las solicitudes. Hay muchos que optan por el colegio nuevo como respaldo de su profesión, y aunque estén inscritos en los dos, sólo pagan las cuotas del CPA para poder ejercer —dice Castro.

Juan Alberto Monzón, actual presidente del CCEE y director financiero de la Contraloría General de Cuentas, se negó en más de siete ocasiones a atender las preguntas de Plaza Pública para comentar sobre esta situación.

Carlos Cabrera, por su parte, dice que la cuestión de los dos colegios se ha vuelto generacional dentro del gremio. Los auditores jóvenes, señala, están interesados en trabajar en el sector privado. Los más viejos, a los que las grandes firmas de contadores rechazan ya por la edad, prefieren seguir afiliados al “Colegio Constitucional”. El anciano excontralor de Rentas, extrabajador del Ministerio de Finanzas, respalda esta opinión. “Cuando el auditor cumple más de 60 años, es como un elefante que busca morir en el sector público. Las grandes firmas ya no dan trabajo a los mayores. Y el refugio es, muchas veces, la SAT, la CGC o Finanzas. El colegio viejo respalda gremialmente a los mayores. Y todo el gremio sabe que detrás del colegio nuevo están las firmas más importantes del sector privado”.

El sueño de todo Contador Público y Auditor recién graduado es el de trabajar en alguna de las tres firmas de contabilidad más importantes de Guatemala: KMPG,Deloitte y Price Whaterhouse. Los que tienen más años dentro de la profesión, por lo regular, luego de haber cumplido cierto ciclo —y si no han logrado trascender ni gremial ni políticamente—, caen a trabajar en el sector público.

Dos Colegios en las Comisiones de Postulación

Hubo un tiempo en que, a pesar de todo, el gremio de contables pareció formar un solo bloque. Al menos dentro de las Comisiones de Postulación. Aunque en realidad todo era producto de un trabajo eficaz de una sola asociación que lo había cooptado todo. La asociación que llevaría a Carlos Mencos a ser el Contralor General de la Nación en octubre de 2006: Excelencia Profesional.

—2006 fue una elección extraña. Cinco universidades en contra de un bloque granítico de seis representantes de dos Colegios y el decano de la universidad Rural. Cinco contra Siete —recuerda el exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC, Eduardo Velásquez.

Entre dibujos, papeles y rayones, Velásquez recuerda la impotencia que se vivía dentro de la Comisión de Postulación de 2006.

—Había una necedad. Una insistencia de armar la tabla de gradación, punteos, todo, en función de un candidato. El candidato de Excelencia.

El gremio aún reclama que en 2006 hubo doble voto para elegir representantes de los Colegios para las Comisiones de Postulación. Es decir, había profesionales inscritos en los dos Colegios, y no había forma de regular dónde votaban unos y otros, dentro de uno y otro Colegio para elegir representantes. Dentro de las elecciones de representantes a Comisiones de Postulación, se supone que el Tribunal Electoral de un Colegio está pendiente del padrón del otro Colegio para evitar doble voto. En la práctica, nadie da razón de cómo explicar el mecanismo para que agremiado no vote en dos ocasiones. “El control es pedir el padrón del otro”, dice, vagamente, Chile Monroy.

Rolando Fajardo, de SISTRACGC, argumenta que Mencos logró una configuración política interesante al aprovechar la coyuntura del Nuevo Colegio Vs. el Viejo Colegio de cara a la elección de CGC de 2006. “Lo que capitalizó Excelencia en esa oportunidad fue el doble voto. Había un buen número de recién graduados (de la Universidad Rural) indecisos sobre qué Colegio de Profesionales escoger y Excelencia ofreció pagar la inscripción de muchos en el CPA y pagar las cuotas atrasadas en el CCEE. Dejar a todos inscritos en los dos. Ese fue el poder de cooptación que llevó a Excelencia a la CGC”.

Se trató del momento cúspide de Excelencia Profesional dentro del gremio. La lógica de estructuras había evolucionado, se había perfeccionado. Gente que años atrás había respaldado a Marco Tulio Abadío estaba de regreso, ahora unida a otros profesionales que habían pertenecido a Exhíto, de Dubón Palma. Ejemplos: Mencos colocó a Abner Josué Herrera Montt (sobrino de Ríos Montt), como director administrativo y financiero de la Contraloría General de Cuentas; y a Óscar López Ixcolín, como director administrativo de la Contraloría. “Lo que importa y es trascendente ha sido proteger las estructuras dentro de la CGC. Desde lo político, para financiar las campañas, con parte del dinero del presupuesto de la Nación. Y desde dentro para mantener el control de la extorsión a las municipalidades. Hacer trabajar esta maquinita de hacer plata”, dice Manfredo Marroquín.

Las redes que disputan la Contraloria

Los trabajadores de la CGC saben que hay dos formas de mantener a raya al gremio encargado de fiscalizar el presupuesto. Uno es a través de los sindicatos y otro a través de las asociaciones y las redes. Uno interno. Otro externo. Para los trabajadores sindicalizados todos estos eventos han sido una especie de montaña rusa. “Nuestra maldición no son los procesos sino la gente que llega a ser Contralor”, reclama Gonzalo Rodríguez. Él describe un sube y baja constante en el padrón de cada sindicato y nunca haber logrado en años recientes un pacto colectivo que tome en cuenta a todos los trabajadores de la CGC. Se logró uno en los años noventa, antes de que el Contralor fuera electo por Comisiones de Postulación, pero desde entonces las puertas se han cerrado. “Mencos dividió el SISTRACGC, y para hacer frente a cualquier oposición dentro de la CGC, creó un nuevo sindicato: el de Trabajadores Profesionales (SITRAPROF). Utilizó a nuestra gente y la puso en contra de nosotros”, se queja Rodríguez.

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Hoy hay cinco sindicatos dentro de la Contraloría. Ha sido la forma de mantener control interno de parte de cada contralor. SISTRACGC, Unidad Laboral, Fuerza Integral de Lucha, Unidos por el Desarrollo (SISTRAUD), y el de Trabajadores Profesionales (SITRAPROF). Los sindicalistas, constantemente temen despidos y represalias, y la mayoría de sus afiliados pertenecen indistintamente a todas las asociaciones que compiten por el manejo de la Contraloría.

A diferencia del gremio de abogados, los grandes operadores no están fuera del sistema. No se ocultan detrás de bambalinas como Gustavo Herrera o Roberto López Villatoro. Los operadores son los mismos candidatos, los mismos que llegan a ser Contralores. Son los que intentan mover al gremio en función de diversos intereses individuales.

Excelencia Profesional tuvo escisiones de cara al proceso de 2010. Se formaron nuevas asociaciones como Unidad y Alianza Integral por el Cambio (AIC). La causa: la disputa por la junta directiva del CCEE. Y el nuevo colegio (CAP) respaldado por las firmas contables del sector privado, creó la asociación Fortaleza. A causa de la disputa legal de los dos Colegios Profesionales —quién sí y quién no podía participar—, el proceso de elección de CGC inició con meses de retraso. Se trató de un proceso dividido entre Excelencia Profesional y Alianza Integral por el Cambio. Nora Segura de Del Compare ganaría apoyada por Excelencia. “El pacto —dice un integrante de Excelencia, que además pertenece al nuevo colegio— fue hacer una transición tranquila, sin altercados, dentro de la Contraloría”. Y así fue, con algunos achaques dejados por la gente que sindicalizó Mencos. Pero en 2013 el Ejecutivo anunció la liquidación del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz). Ese cierre significó un reacomodo de poderes dentro del gremio de auditores. Nora Segura venía de Fonapaz, y rescataría gente ofreciéndole trabajo en la CGC”. Era Fonapaz fiscalizando los despojos de Fonapaz. Cualquier anomalía sigue sin ser esclarecida.

Excelencia, en ese momento, se partió por la mitad. Los que apoyaban a Mencos y los que apoyaban a Nora Segura. “Mencos creó Dignidad Profesional a partir del momento en que muchos auditores fueron despedidos de la Contraloría por Nora Segura, y que eran de Excelencia”, dice Rolando Fajardo. “Hoy este grupo pertenece a Dignidad Profesional, en apoyo a Mencos, en tanto busca la reelección para el periodo de 2014-2018”. SISTRACGC es frontal a que la reelección de Mencos sea una posibilidad.

La disputa actual por la Contraloría (2014-2018) se da entre Dignidad Profesional y Excelencia. Mencos Vs. Nora Segura. O al menos el gremio los identifica como los líderes de todo el asunto. Una tercera fuerza la representa Fortaleza, que está respaldada por las firmas del sector privado y cuyo líder es Óscar Chile Monroy. José Ramón Lam, del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC), entiende estos fenómenos gremiales, causados por la implementación de las Comisiones de Postulación, como interesantes ejercicios del poder. “No únicamente se remiten al poder gremial sino describen una realidad del país”, dice. Su lectura se enfoca en analizar el reacomodo de un gremio que se enfrenta a un rol político y que es guiado, “como defecto”, por políticos.

Luego, Lam explica que las pugnas gremiales de los Contadores Públicos y Auditores deben ir a un nuevo punto de abordaje. La intención de las firmas del sector privado, y su interés en Comisiones de Postulación, dice Lam, describe un reajuste del poder tradicional empresarial, ahora interesado en controlar las funciones de la Contraloría de cara a las normativas internacionales sobre proyectos fiscales. “Negocios, defender negocios que necesitan a una Guatemala acreditada internacionalmente en materia fiscal”, señala. “Es parte de ver a la contraloría como botín desde la clase tradicional”. Lo cierto, no obstante, es que la Contraloría ha tenido otra política fiscal hasta el momento, nadie ve nada, nadie denuncia nada. Su prestigio está por los suelos. “Es difícil que los grupos actuales dentro de la Contraloría cedan un espacio para que nuevos actores, y más con firmas contables respaldadas por el poder tradicional, se desvíen de los cursos que han marcado sus propios intereses”, dice Lam.

Pese a todo, la política gremial sigue sucediendo. Las mafias siguen operando. Sucede en cada municipalidad, en cada gasto e inversión del presupuesto y remite cada cosa a las redes de (Em) bajadores vigentes desde el 2002. Por todo el territorio nacional, los departamentos y municipalidades, donde exista una institución del Estado, el gremio de auditores es un virus que no dejan cuerpo ni alma sin contaminar.

Llegaran a fiscalizar al pueblo, la institución, la municipalidad X.

El alcalde, el director financiero, el gerente de X… habrá negociado previamente con alguna red de la Contraloría.

Habrá, siempre habrá, los fondos suficientes –el presupuesto de X– para que ver, oír y que nadie se entere de las malversaciones y estos ciclos se vuelvan redituables.

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Y David Foster Wallace sobre el gremio de los contadores escribió: “Presta atención a la cosa más tediosa que puedas encontrar (las declaraciones de la renta, el golf retransmitido por televisión) y un aburrimiento como no hayas visto nunca se te echará encima en oleadas y a punto estará de matarte. (…) La clave burocrática subyacente es la capacidad de soportar el aburrimiento. Para operar con eficiencia en un entorno que descarta todo lo que es vital y humano. Para respirar, por así decirlo, sin aire”. Sin terminar la novela El Rey Pálido, Foster Wallace terminaría suicidándose…

Desde la Contraloría se han financiado campañas políticas malversando fondos públicos. Hay dos excontralores condenados a prisión, luego de enfrentar juicios por corrupción. Otros excontralores que buscan ser reelectos.
Los trabajadores de la CGC saben que hay dos formas de mantener a raya al gremio encargado de fiscalizar el presupuesto. Uno es a través de los sindicatos y otro a través de las asociaciones y las redes. Uno interno. Otro externo.
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