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Una roca de la montaña de propiedad del proyecto minero Fénix destaca frente al panorama verde de la montañas del departamento de Izabal. Simone Dalmasso

La conflictividad minera en El Estor explicada en cinco puntos clave

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La conflictividad minera en El Estor explicada en cinco puntos clave

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La mina Fénix tuvo que parar operaciones en El Estor, Izabal, y no podrán ser reactivadas a menos que se realice una consulta comunitaria a la población afectada. En esta guía te explicamos cómo surgió la conflictividad, a través de qué mecanismos legales se ha buscado una solución y el contexto donde ocurre esta historia.

Redes-lateral

El Estor se encuentra en estado de Sitio desde el 24 de octubre. El gobierno de Alejandro Giammattei, con el respaldo de los partidos de la alianza oficial, estableció esta medida para limitar las garantías constitucionales en un territorio en donde la organización de una consulta comunitaria sobre extracción minera se ha convertido en un nuevo foco de tensión. 

El gobierno no logró manejar la situación a través de mesas de diálogo, así que la conflictividad llegó a las calles. Un grupo de manifestantes bloqueó el paso a la mina Fénix y después de 21 días el gobierno los repelió. El estado de sitio no resuelve el problema de fondo, pero permite hablar de los hechos que le dieron origen. 

1. ¿Cómo empezó la conflictividad?

Izabal y Alta Verapaz son dos departamentos con potencial minero identificado desde la década de los 50. Un día antes del magnicidio del presidente Carlos Castillo Armas, en 1957, su administración firmó el primer permiso de operaciones para Hanna Coal and Ore Corporation, una compañía estadounidense que se asentó en Izabal. En aquellos años, comunitarios y académicos denunciaron persecución cuando cuestionaron los beneficios que los gobiernos militares ofrecían a las empresas.

La extracción minera del país ha estado dominada por capitales externos. Antes estuvo en manos canadienses, ahora en poder de Solway Investment Group, de propiedad rusa con fondos suizos.

En 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó una licencia de explotación minera por 25 años en 247.9 kilómetros cuadrados entre los municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Cahabón y Senahú, en Alta Verapaz. La llamaron Extracción Minera Fénix, como el nombre del ave mitológica  griega que muere y vuelve a la vida de entre las cenizas.  El problema es que autorizaron un permiso sin pedir la opinión previa de la comunidad maya q’eqchi’ que vive cerca del proyecto y sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de toda la zona a explotar.

La Compañía Guatemalteca de Níquel, Sociedad Anónima (CGN) es la beneficiaria del favor gubernamental para explotar níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio. Sus operaciones quedaron detenidas en abril de 2021, cuando se agotaron todos los recursos legales y quedó vigente la suspensión de operaciones dictada por la Corte de Constitucionalidad (CC). Las actividades no podrán reanudarse hasta que el gobierno realice la consulta comunitaria tal como lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Guatemala está obligada a consultar a los pueblos indígenas porque suscribió este convenio en 1996, pero nunca lo ha hecho. Varios gobiernos han otorgado permisos de explotación de recursos naturales sin tomar en cuenta a los comunitarios y ahora deben corregir el error. Además de la mina en El Estor, se prepara una consulta al pueblo xinka para que opine sobre la mina San Rafael, y al pueblo kaqchikel por la mina El Tambor en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

La CC frenó las operaciones de la mina Fénix a solicitud de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, que en 2017 detectó una mancha roja en el Lago de Izabal.  Los pescadores culpan a la mina porque, además de la extracción a cielo abierto, utilizan maquinaria para separar la tierra color rojizo y obtener el níquel que exportan a varios países en América, Europa y Asia.

Desde entonces, la resistencia contra la mina ha realizado manifestaciones y bloqueos de carretera para afectar a la empresa. La policía ha disuelto las protestas, con el saldo de heridos de ambos bandos y dos líderes comunitarios fallecidos. Adicional, un grupo de víctimas desalojadas de un terreno que la CGN tiene a su nombre, presentó una denuncia ante la justicia canadiense por varias violaciones a los derechos humanos, entre ellas violencia sexual. 

2. Dos cortes, dos fallos diferentes

Lo que inició en las montañas de El Estor terminó en los tribunales de la capital, a 319 kilómetros de distancia. La Gremial de Pescadores Artesanales acudió en febrero de 2018 a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —entonces presidida por el actual magistrado de la CC, Néster Vásquez— para denunciar la licencia de explotación de la mina Fénix.

La CSJ no concedió el amparo provisional, pero cambió de parecer once meses después, en enero de 2019, cuando resolvió en sentencia que se había vulnerado el derecho de consulta y de participación de los pueblos indígenas. De ese fallo destacan los votos razonados de las magistradas Silvia García, María Eugenia Morales y Delia Dávila, las únicas del pleno de 13 integrantes que abogaron por suspender las operaciones de la mina mientras se realizaba la consulta.

La CC atendió la apelación de los pesqueros y en junio de 2019 ordenó parar las operaciones de Fénix. En julio de 2020, la CC confirmó su fallo.  Después de resolver varios recursos legales en favor de la empresa, incluso de 19 Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) de aldeas y caseríos de El Estor y Panzós, la mina detuvo todas sus actividades el 17 de febrero de 2021.

El MEM y la mina Fénix perdieron dos batallas ante los 63 maya q’eqchi’ que pidieron el cese de las actividades de Fénix, porque además lograron que la CC redujera al 2.53% el tamaño del polígono minero ya que solo sobre esa área habían presentado el EIA. De 247.99 kilómetros, pasó a tener solo 6.29 kilómetros.

La empresa rusa, con fondos suizos, Solway Investment Group es la propietaria de la CGN, que se dedica a actividades extractivas, y de Pronico, con la que procesa la tierra de otras minas. Esta última sigue activa.

3. La mina de la discordia

La CC ordenó que la consulta a la población maya q’eqchi’ de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz, se realizara 18 meses después de emitida la sentencia. El MEM está a cargo de realizar el proceso e inició con una preconsulta a mediados de 2021. Se trata de una serie de reuniones en donde participan los representantes de las entidades que la CC listó en su sentencia.

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La preconsulta provocó más conflictividad, porque la Gremial de Pescadores Artesanales quedó por fuera a pesar de haber promovido el amparo y ser directamente afectada por las actividades mineras. La gremial se unió a la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI), con su proyecto Defensoría Q'eqchi´, para pedir que se les incluyera, pero el MEM no los acepta porque aduce que no tienen legitimidad para representar a la población.

Debido a que el MEM siguió con las reuniones para la preconsulta, varios comunitarios decidieron tomar acciones. El 4 de octubre bloquearon el paso a los camiones que salían o querían entrar a la empresa minera en El Estor. Esto provocó que la empresa Pronico —que procesa la tierra para extraer los minerales— casi se quedara sin carbón, material con el que generan la energía para toda su maquinaria. Esto habría significado millonarias pérdidas, de no ser porque el gobierno resolvió decretar un estado de Sitio para desalojar con lacrimógenas a los opositores.

Un detalle extraño de todo esto es que, según cuentan los pobladores, días después de haber iniciado el bloqueo de la resistencia surgieron dos más. Taxistas, camiones repartidores y hasta personas relataron que les cobraban un peaje para entrar o salir de El Estor. Nadie le puso un alto a esto, aunque días antes de la intervención policial esta gente desapareció del mapa.

El 23 de octubre, los antimotines desalojaron a los manifestantes. La Policía reportó por lo menos dos heridos con machete. La resistencia denunció intimidaciones, allanamientos y detenciones al inicio del estado de Sitio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza y la represión en contra de periodistas locales.

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La conflictividad llegó a estos límites después de varias acciones que iniciaron con diálogo y peticiones legales. Mientras los pescadores y la defensoría q’eqchi’ tienen una postura en contra de la mina y quieren expulsarla del territorio, hay cocodes, políticos, un exalcalde y líderes de las representaciones indígenas legalmente reconocidas por la municipalidad, que abogan por la actividad de Fénix.

La resistencia asegura que la CGN ha comprado a estos liderazgos a través de ofrecimientos económicos. Los cuestionados lo niegan y aseguran que se les ataca por tener la legitimidad de todo el pueblo q’eqchi’. Además, dicen que no están comprados por la mina, pero que están dispuestos a negociar beneficios agrarios para la comunidad a cambio de darles el aval. 

4.    Contexto histórico

La actividad minera ocurre en un territorio con alta riqueza natural, en el norte del país, que también ha sido aprovechada para la producción de café, cardamomo y, en los últimos años, por palma africana y el desarrollo hidroeléctrico. Geográficamente se encuentra en la región conocida como Polochic, que es el mismo nombre con el que se identifica a uno de los ríos más importantes de esta área, que desemboca en el Lago de Izabal y de ahí hacia el mar caribe en el océano Atlántico.

Hay registros que indican que Hernán Cortés fue el primer español en visitar la zona por su interés comercial y su cercanía a los puertos del Atlántico. La cuenca del Polochic abarca nueve municipios de Alta Verapaz e Izabal, entre ellos El Estor, y en todos estos hay una historia común que los maya q’eqchi’ y las organizaciones que defienden derechos humanos han bautizado como: despojo de tierras.

Desde finales del siglo XIX, las autoridades de gobierno empezaron a dividir la tierra y repartirla a inmigrantes extranjeros, grandes hacendados, militares, entre otros, y dejaron por un lado a la población q’eqchi’ que históricamente habitaba el lugar.

Debido a que se les ha negado el derecho de posesión de tierra, las poblaciones han resuelto ocupar las fincas que sus antepasados habitaron y esto ha provocado desalojos que se han tornado violentos. Este problema estructural se mezcla con la conflictividad por la minería en El Estor.

De acuerdo con Romel Reyes, director municipal de Comunidades en Desarrollo de la comuna de El Estor, de las 157 comunidades en el municipio, solo 25 tienen certeza jurídica. Incluso hay barrios del área urbana sin escrituras. La CGN es propietaria de varios territorios que están ocupados por varias familias, sin que este tema se haya podido solucionar a través del diálogo o la intervención gubernamental. La Secretaría General de Planificación (Segeplan) publicó en 2014 el Diagnóstico territorial de la subregión del Polochic, en la que revela que las comunidades del valle del Polochic viven en pobreza y pobreza extrema.

5. ¿La mina contamina?

Esta frase ha sido acuñada por los opositores a la mina Fénix, pero ninguna institución de gobierno ha hecho esta afirmación. Diversos estudios hablan de la contaminación del Lago de Izabal, pero ninguno responsabiliza a la minería como el factor determinante.

Debido a que la cuenca del Polochic abarca 194 kilómetros, desde Alta Verapaz hasta llegar al Lago de Izabal, los resultados de los análisis del agua hacen referencia a lo que ocurre en ese trayecto, como la deforestación, el uso de los afluentes para los cultivos, etc. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) publicó en 2017 un estudio que evalúa la situación del lago, a propósito de la mancha roja que reportaron los pescadores, pero no está disponible en su página de internet y no lo comparten a menos que se realice una gestión a través de la Unidad de Acceso a la Información.

En 2016, el Marn publicó el Informe Ambiental de 2016, en donde explica que desde 1998 existe la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y río Dulce (Amasurli), la cual tiene a su cargo la supervisión de los afluentes de la zona. En este documento indican que “el río Polochic, aporta aproximadamente el 70% del agua que ingresa al lago”, y que en la evaluación del período de 2005 al 2011 no encontraron microorganismos, sólidos y otros elementos que estuvieran fuera de “las normas establecidas”.

La revista Ciencias Técnicas y Agropecuarias de la Universidad de San Carlos, publicó en 2014 una evaluación sobre la calidad del agua en el Lago de Izabal, en la que determinaron que “los indicadores fisicoquímicos evaluados se encontraban en el estado indeseado”. En 2020, la investigadora Bessie Oliva publicó los resultados de la evaluación de contaminación en Río Dulce y el Lago de Izabal, y concluyó que “los niveles de contaminación habían aumentado en comparación con años anteriores, lo cual representaba un riesgo para la población humana que utilizaba el agua para consumo o recreación.

En tanto, la mina publicita su trabajo en la reserva biológica Setal, ubicada a pocos metros de la planta de procesamiento de níquel. En esta se refugian cocodrilos americanos y monos aulladores. La Gremial de Pescadores insiste en que hay contaminación a causa de la mina y que afecta a las especies de peces que habitan el lago.

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