Llegó con fuerza y con unas implicaciones para la credibilidad personal de Jimmy Morales que marcarán para siempre su presidencia. Doce meses después de su toma de posesión, su hijo, su hermano y su mejor amigo están envueltos en un proceso judicial que investiga una trama para sustraer fondos del Estado.
En su declaración, José Manuel Morales dejó claro que a sus 19 años recién cumplidos ya sabía manipular compras directas del Estado, falsificar cotizaciones, triangular fondos y utilizar empresas familiares. Las razones no importan: amor, compromiso o ambición. El hecho es que un joven con posibilidades económicas que debería estar disfrutando de su etapa universitaria, debatiendo, viajando o bailando ya tenía los conocimientos necesarios para utilizar los procesos administrativos en beneficio de la familia de su novia. Moralmente no lo veía reprobable. Tenía los recursos y lo hizo por lo menos tres veces consecutivas.
Hasta el momento nadie le ha preguntado al presidente si conocía las actividades de su hijo, dónde las aprendió y quién lo ayudó o guio. No creo que existan tutoriales en Youtube. Lo cierto es que por lo menos en una de las dos empresas involucradas el presidente es socio.
Mas allá de este proceso judicial (que no está en análisis en este momento) tenemos a los tres poderes del Estado en proceso de demolición, y esto les causa una gran aprensión a diversos sectores sociales, pero predominantemente al sector empresarial y a la clase media conservadora, vinculados afectiva y económicamente con este poder.
Y es natural que no puedan defender lo indefendible en lo referente a los antejuicios y a las depuraciones en la CSJ y en el Congreso. Se aferran a su concepción de la institucionalidad atacando el proceso judicial de los Morales y haciendo circular publicaciones, atribuidas a columnistas afines, con razonamientos que concluyen en acusaciones al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de utilizar los procesos judiciales en un plan orquestado por la izquierda radical para tomar las instituciones del Estado. En su imaginario, la defensa del presidente y de su familia es una batalla importantísima para la conservación del sistema republicano que conocen.
Esta estrategia de comunicación empezó con el juicio por genocidio a Ríos Montt, con el ataque a Claudia Paz y Paz y su posterior derribo, con el caso Creompaz y con el caso Molina Theissen, en todos ellos con una fuerte carga ideológica y con consignas propias de la guerra fría, y se está empleando en este caso y en los procesos con los cuales se vincula a imputados provenientes de dichas capas sociales tradicionales.
Se quiere atribuir las consecuencias de las taras incrustadas en el ADN social guatemalteco, que en el 2017 tienen a los tres poderes del Estado de rodillas, a una confabulación internacional a través de exguerrilleros egoístas y mafiosos que buscan conseguir lo que no pudieron hacer por las armas: la revolución socialista.
Si este discurso se impone, los resultados de los procesos judiciales no serán sentencias justas. Serán actos revolucionarios para tomar el poder.
¡Ay, Guatemala! ¡Cómo me dueles!
Más de este autor