La comunidad refundada (5)

Además, lo hace de espaldas a la población, determinando la acción del Estado para resguardo de sus privilegios y continuidad del modelo económico colonial. Tiene aseguradas su salud y su educación en lo privado, no en el fracasado sistema público. No se relacionan en las calles con la economía informal ni con los barrios pobres de las ciudades ni con las comunidades indígenas. Tampoco usan las escuelas y el transporte públicos ni los mercados. Por eso el coronavirus les afecta poco en relación con el resto de la población, incluyendo a sus trabajadores.

El sector financiero está en bonanza con la cantidad de préstamos que hace el Gobierno para reactivar su economía. Esa deuda contraída impedirá que el Estado, después del covid y por largo tiempo, impulse el desarrollo de la población en educación y salud, si es que le llegara a interesar. Alguien se enriquece mientras otros empobrecen. Tremendo futuro nos espera.

La población necesita también respuestas de vida y de educación. «Cuando empecemos de nuevo, tendremos que inventar una escuela que hoy no existe. No es verdad que vamos a poder volver a la escuela de antes, porque el virus nos obligará, con las condiciones de distancia y de cuidado, a pensar cosas totalmente distintas. Si queremos hacer una propuesta educativa democrática y eficaz, tenemos que hacerla para diferentes, y no para iguales».

Dentro de la propuesta de la comunidad y autoridad ancestral refundada, es imperativo abarcar la educación de la población joven ante la inminente indiferencia, ineficiencia y ausencia del Estado. En un recorrido investigativo con padres de familia de estudiantes de educación pública, tanto urbana como rural, es contundente la afirmación de que sus hijos no están siendo atendidos, salvo pocas y honrosas excepciones de verdaderos maestros que son promocionados en las redes, como si todos los docentes actuaran igual.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció que la tasa de desescolarización aumentó por la pandemia. En países con bajo desarrollo humano como Guatemala, el 80 % de los niños en edad de cursar la enseñanza primaria no recibe ninguna educación [1].

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«En un sistema educativo que ha dejado afuera a miles de jóvenes, excluye a las mujeres, relega a las personas con discapacidad y a la población indígena y a quienes están lejos de las urbes, la deserción viene a mermar cualquier esfuerzo por aumentar la cobertura escolar» [2].

El desafío es enorme. La autoridad ancestral refundada debe apoyarse en los maestros y profesionales comunitarios que existan para, haciendo acopio de las leyes, instalar procesos propios de formación y educación formulando estrategias didácticas y pedagógicas pertinentes al modelo cultural comunitario, enlazado con lo global y con el desarrollo tecnológico. El Convenio 169, que tiene rango constitucional, determina el derecho de los pueblos indígenas a crear sus propias instituciones educativas, y el Estado está obligado a apoyar económicamente y a tomar decisiones políticas que garanticen, dentro de otras y como ejemplo, la modalidad de educación bilingüe intercultural con una coordinación propia, como lo han logrado otros pueblos.

«La gran tarea a partir de esta decisión es elaborar y diseñar esa educación desde la identidad, la memoria y los derechos, que debe realizarse con plena participación de los pueblos involucrados. Y garantizar estructura, logística y presupuesto a la altura del derecho».

Base legal como justificación existe, como el fallo de la Corte de Constitucionalidad del 2016, a favor de la alcaldía indígena de Santa Catarina Ixtahuacán, ordenando «al Ministerio de Educación que tome las medidas que sean necesarias para que, en el plazo de seis meses, contado a partir de que adquiera firmeza el presente fallo, implemente el proceso educativo que represente auténtica y plenamente las finalidades, metodología y contenidos propios de la educación bilingüe intercultural, de conformidad con lo establecido en la normativa nacional e internacional aplicable […] y exhortando al ministro la implementación paulatina de la educación bilingüe maya en una forma más integral […] en los centros que funcionan a nivel de la república de Guatemala donde exista población escolar indígena, para que sea impartida en forma multicultural e intercultural, atendiendo la visión y cosmovisión de los pueblos indígenas».

La justicia educativa para construir futuro es posible.