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La cocaína lo metió a la cárcel; el alzhéimer lo podría sacar
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La cocaína lo metió a la cárcel; el alzhéimer lo podría sacar

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En el pulso entre la justicia y el narcotraficante Waldemar Lorenzana Lima, en una corte de EE.UU., ya no interesa cuánta cocaína traficó. Después de un diagnóstico preliminar de febrero pasado, un psicólogo forense concluyó que Lorenzana padece de alzhéimer. Ahora la fiscalía teme que el capo rechace tratamientos para agudizar su condición y que ello le evite una larga condena en prisión. En las próximas semanas, una jueza decidirá si lo envía a un asilo, a la cárcel o le deja libre.

Según el expediente, Lorenzana Lima no mostraba problema mental alguno en 2014. El 9 de junio pasado, la psicóloga Elizabeth Teegarden, del Departamento de Salud y Conducta, del Distrito de Columbia, le declaró “mentalmente competente” para comprender la acusación en su contra.

Hace 20 años, Estados Unidos (EE.UU.) cocinaba a fuego lento el castigo que reservaba para Waldemar Lorenzana Lima, uno de los narcotraficantes más prominentes de Guatemala. Pero en 2015, el gran caso se le vino abajo cual castillo de naipes. La justicia estadounidense consiguió que el pasado 18 de agosto Lorenzana Lima se declarara culpable de conspirar, junto a otras personas, para traficar cocaína entre 1996 hasta al menos 2009, entre Colombia y México, sabiendo que la droga sería llevada a EE.UU. Según estimaciones de testigos y la fiscalía, Lorenzana Lima y sus hijos traficaron múltiples toneladas de cocaína. Un cálculo bastante conservador, con base en información de los testigos, indica que, sólo entre 1988 y 2002, por ejemplo, traficaron droga propia y ajena por un valor (en Guatemala) de al menos US$1.8 millardos de dólares, y ganaron al menos US$207 millones por almacenaje y resguardo.

Hasta diciembre pasado, la jueza Colleen Kollar-Kotelly debía decidir imponerle una pena de cárcel que oscilara entre los cinco y 40 años. La fiscalía se inclinaba por un mínimo de 27 años. Sin embargo, después de un diagnóstico preliminar de alzheimér en febrero, y otro de abril pasado, el destino de Lorenzana Lima podría dar un golpe de timón.

Con 75 años de edad, Lorenzana Lima podría: (1) ser excarcelado después de un período de hospitalización, sin ser sentenciado; (2) ser internado en una clínica especializada por la sentencia máxima de 40 años (o cuanto sobreviva de ella); o (3) recibir una sentencia de cárcel que oscile entre los cinco y 40 años, si se establece que puede recuperar sus facultades mentales, algo improbable, según sus abogados.

En abril, cuando se cumplieron cuatro años de su captura en Guatemala, Manuel Gutiérrez, psicólogo forense en una prisión de Butner, Carolina del Norte, concluyó que Lorenzana Lima “sufría posiblemente de la enfermedad de Alzheimer”. Además, determinó que “no era competente para ser sentenciado”. Gutiérrez explicó que su condición le impedía comprender racionalmente el proceso legal en su contra, y colaborar con sus abogados defensores, quienes coincidieron con el dictamen. Uno de ellos, Eduardo Balarezo, dijo que su cliente no objetó estas conclusiones. Tampoco lo hizo la fiscalía, aunque explicó que una vez declarado culpable, era irrelevante si el procesado ya no podía colaborar con sus abogados.

Los abogados solicitaron la evaluación del estado mental de Lorenzana Lima cuando faltaban sólo semanas para la audiencia de su sentencia, en una corte de Washington, D.C. Tenían sus motivos. En una audiencia del 18 de febrero pasado, el abogado Joaquín Pérez dijo que “su cliente no lo reconoció” cuando lo visitó pocos días antes, aunque lo representa desde hace casi un año. Un reporte de Insight Crime indica que ese día Lorenzana Lima ingresó a la corte “tambaleándose, vistiendo un traje de prisión naranja oscuro”, y con un rostro inexpresivo y sin afeitar.

Deterioro mental súbito

Según el expediente, Lorenzana Lima no mostraba problema mental alguno en 2014. El 9 de junio pasado, la psicóloga Elizabeth Teegarden, del Departamento de Salud y Conducta, del Distrito de Columbia, le declaró “mentalmente competente” para comprender la acusación en su contra. Luego, cuando se declaró culpable el 18 de agosto —cinco meses después de su extradición a EE.UU.—, parecía una persona normal y saludable, como consta en la página 16 de documento 523, del caso 1:03-cr-00331-CKK.

—¿Alguna vez ha recibido tratamiento para cualquier tipo de enfermedad mental o problema emocional?— le preguntó la jueza.

—No, no, no, no, nunca —dijo Lorenzana Lima, en español. “No, no, no, no, never”, le tradujo diligentemente al inglés el intérprete de la corte.

El documento explica que una parte de su respuesta era incomprensible, pero que finalizaba con un “por la gracia de Dios”.

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La jueza le preguntó al abogado Pérez si Lorenzana Lima tenía algún problema de salud mental, sabiendo que el defensor habló con su cliente en los días previos y unas horas antes de la audiencia. El abogado respondió sin titubeos, “no su señoría”. Pero la defensa sí le dijo a la jueza que tuvo dificultades para que su cliente comprendiera que no podía declararse culpable de la conspiración, y decir que todo ocurrió a sus espaldas. La jueza le pidió decidir: era lo uno o lo otro. Después de una breve consulta con su abogado, Lorenzana Lima se retractó. Dijo que estaba enterado de todo, pero que quienes manejaban el negocio eran sus hijos, no él. Eso, después de enterarse que sus hijos quisieron engañarle y ocultarle ganancias, según un testigo.

Luego, en enero pasado, la corte pidió a la psicóloga forense Teresa Grant otra evaluación psiquiátrica. La fiscalía anotó en el documento 555 del expediente que desconoce si lo decidió la jueza o lo pidió la defensa. Pero el reporte de la Dra. Grant fue un callejón sin salida. La especialista dijo que le fue imposible formar una opinión respecto a la competencia mental del procesado, y recomendó más evaluaciones. Por eso, en febrero, la jueza Kollar-Kotelly suspendió hasta nueva orden la audiencia de sentencia del 24 de marzo, y solicitó otra evaluación para Lorenzana Lima. Esa fue la prueba que el especialista Gutiérrez le practicó en la prisión de seguridad media en Butner, Carolina del Norte, donde el procesado estaba recluido.

En abril, Gutiérrez confirmó que “el procesado padece de una enfermedad mental o defecto que lo hace incompetente”. Balarezo pidió a la corte que su cliente permaneciera en Carolina del Norte. “Dada su edad y condición, el Sr. Lorenzana, y el suministro de sus medicamentos, serían mejor monitoreados en Butner, que destaca por su habilidad para proveer cuidados especiales para internos con problemas de conducta”, dijo el abogado.

El 27 de abril, ante los resultados de todas las evaluaciones psicológicas previas, la jueza ordenó pruebas neuropsicológicas para Lorenzana Lima para verficar el diagnóstico de Gutiérrez. Aunque ordenó que Lorenzana Lima permaneciera en Butner, los registros el Buró Federal de Prisiones revelan que fue enviado a la Institución Correccional Federal Pertersburg Medium, una prisión de seguridad media (con celdas comunales y literas) en Hopewell, Virginia. Para el pasado 18 de mayo las partes debían presentar argumentos adicionales respecto a qué proponen hacer con Lorenzana Lima. La fiscalía insiste en que un procesado declarado culpable, por él mismo o un jurado, puede ser encarcelado bajo cuidados especiales. La defensa se opone.

Ventana a la excarcelación

La jueza Kollar-Kotelly anunció que si Lorenzana Lima no mejora, la audiencia de sentencia permanecerá en suspenso, y los especialistas en la prisión de Butner, Carolina del Norte, tienen hasta el 27 de agosto para “preparar un reporte psiquiátrico o psicológico” para determinar dos escenarios: (1) si el procesado padece de una enfermedad o defecto mental que, al ser excarcelado, le haría físicamente peligroso para otras personas, o (2) si sufre de una enfermedad o defecto mental por la cual, en lugar de ser sentenciado a una pena de cárcel, debe ser internado en una clínica de tratamiento.

Pero la División Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU., una supra fiscalía para casos clave, no se la cree. Los fiscales temen que internar en una clínica a un procesado con problemas mentales, y sin sentenciar, “lo incentivaría a rechazar medicamentos con la esperanza de evadir una sentencia, y su cumplimiento en una cárcel o un asilo”, según el documento 555, página 13. Los fiscales creen, en cambio, que “un procesado sería menos propenso a incurrir en esas acciones si sabe que podrían llevar a una sentencia provisional más larga que la que recibiría en condiciones normales”.

En febrero, cuando se divulgó el diagnóstico preliminar de alzhéimer, el documento 538 del caso revela, en voz de la fiscalía, que “al procesado se le han prescrito medicinas a las que parece estar respondiendo bien, (pero) también ha rechazado numerosas evaluaciones médicas que se le han ofrecido mientras ha estado bajo custiodia”.

No obstante, en otro documento, el abogado Balarezo dijo que “el intento de la fiscalía de sugerir que el Sr. Lorenzana podría fingir su condición para evadir la sentencia, y la cárcel, muestra el reducido conocimiento (de la fiscalía) acerca de la naturaleza de esta enfermedad y es particularmente ofensivo para quienes sufren de alzhéimer”. Pero cuando la defensa achacó a los fiscales querer que la corte sentencie a un anciano con la enferemdad de Alzheimer, respondieron que de no haber luchado contra su extradición durante tres años en juzgados guatemaltecos, Lorenzana Lima habría sido sentenciado mucho antes.

Los fiscales dicen que la defensa pudo anunciar meses antes que su cliente tenía problemas mentales. ¿Por qué esperar hasta la víspera de su sentencia? Algunos artículos acerca del alzhéimer indican que “se puede producir un desmejoramiento rápido”. Pero además, la defensa presuntamente teme no conseguir una sentencia corta que, a la edad de Lorenzana Lima, es la diferencia entre morir tras las rejas o sobrevivir su encarcelamiento.

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En un primer escenario, la ley estadounidense señala que un procesado con una enfermedad o defecto mental puede pedir ser evaluado “en cualquier momento antes de recibir la sentencia”. Entonces, se le interna “durante un período razonable” en un centro de tratamiento —como la cárcel en Carolina del Norte, o Virginia— si hay evidencia que no puede comprender el proceso legal. Ese período razonable no debe exceder los cuatro meses.

En un segundo escenario, si la corte decide que un procesado culpable y con problemas mentales necesita un tratamiento especializado, le envía a una prisión o a una clínica donde pueda recibir tratamiento por la máxima sentencia fijada para el delito cometido. Por eso la fiscalía busca una sentencia provisional. Sólo si el reo muestra mejoría, la corte puede modificar la sentencia y ordenar su traslado a una prisión.

La fiscalía insiste en que la corte puede sentenciar a Lorenzana Lima independientemente de su estado mental, pues la ley provee opciones de tratamiento antes o después de la sentencia. En un documento del 24 de abril, el número 556, Balarezo dijo que “la fiscalía trata de sentar las bases para pedir a la corte que provisionalmente sentencie a un hombre de 75 años que padece alzhéimer a la pena máxima de 40 años”.

La estretegia: no llegar a sentencia

Según los abogados defensores, el primer escenario descarta la opción de la cárcel, si no mejora la condición del procesado, y ofrece una ventana para la excarcelación si persuanden a la jueza de que Lorenzana Lima no es peligroso (la ley impide la hospitalización por un período indefinido “para esperar que el paciente recupere sus facultades mentales”).

La defensa explicó que los tratamientos existentes sólo reducen los síntomas y no el progreso de la enfermedad. Por eso, los abogados creen que si su cliente no está apto mentalmente para acudir a la audiencia de sentencia ahora, nunca lo estará.

Para conseguir la excarcelación, la defensa se debe agotar un plazo de tratamiento de cuatro meses, el diagnóstico que ordenó la jueza debe confirmar que Lorenzana Lima tiene el mal de Alzheimer, y persuadir a la jueza de que el procesado no le causaría daño a otras personas una vez libre. Pero la fiscalía sostiene que esto llevaría a “excarcelar a un condenado incompetente mental”, sin la posibilidad de sentenciarle después, si es que recupera sus capacidades mentales.

El expediente identifica a los testigos que narraron cómo operababan los Lorenzana sólo como Testigo Uno, Testigo Dos y Testigo Tres, y que se declararon culpables o cumplen condenas de cárcel por narcotráfico en EE.UU. El contenido revela que el Dos y el Tres crecieron con los hijos de Lorenzana Lima, y que el Dos dirigía una red que trasegaba droga entre Sudamérica y Centroamérica o México, y le suministraba cocaína. Es un perfil que guarda muchas coincidencias con el de Otto Herrera García, y su hermano Guillermo, quienes además cumplieron condenas de cárcel en EE.UU. por narcotráfico: Otto Herrera, de 2007 a 2013 (los primeros seis meses en una cárcel en Colombia, donde lo capturaron) y Guillermo Herrera, hasta 2003, según el único registro público disponible.

Un decomiso de los US$14 millones de dólares e importantes documentos en una casa alquilada a nombre de Herrera en la zona 14 de la capital, en abril de 2003, quizá detonó su captura en 2004 en México, de donde se fugó un año después, de una cárcel de máxima seguridad. En los años que siguieron a la recaptura de Herrera en Colombia, en 2007, cayeron otras piezas cual cascada de dominó. En 2009, la fiscalía acusó formalmente a los Lorenzana y pidió su captura a Guatemala, que llevó a varios operativos fallidos en Zacapa. En abril de 2011, finalmente cayó capturado Lorenzana Lima; en noviembre, su hijo, Eliú Lorenzana Cordón. En septiembre de 2013 caería su otro hijo, Waldemar, extraditado en noviembre pasado. Eliú fue extraditado en abril pasado. Los hijos enfrentan los mismos cargos que el padre, ante la misma corte.

Waldemar Lorenzana Cordón, encargado de almacenar la droga, fue el único hijo que Lorenzana Lima mencionó por nombre cuando dijo en 2014 que sus hijos eran los narcotraficantes, y no él. Sin embargo, el Testigo Uno aseguraba que otro hermano, Haroldo Lorenzana Cordón, le dijo que Eliú distribuía la cocaína al resto de la familia, incluyendo al padre, y la compraba al Testigo Dos. En los documentos públicos del expediente no aparece el nombre de la hermana, Marta Julia Lorenzana Cordón, a quien el Departamento del Tesoro de EE.UU. también vincula a la red de narcotráfico, y permanece prófuga. El nombre del otro hermano, Ovaldino, sólo surge cuando el Testigo Tres dice que él y Eliú fueron capturados en 1999 con un cargamento de armas y el padre sobornó a la polícía para sacarles de la cárcel.

Si la jueza declara a Lorenzana Lima incompetente para ser sentenciado, pese a las revelaciones de los testigos, a sus hijos capturados no les queda ninguna brazada salvadora —a menos que delaten a los demás y se declaren culpables—. Una fuente con acceso al círculo de los Lorenzana asegura que los hijos prófugos siguen traficando, y que Haroldo Lorenzana Cordón ya anunció que no piensa poner un pie en una cárcel estadounidense, que prefiere morir “echando plomo” y gritándole a la policía: “¡Que viva la coca porque de esto vivimos todos!”.

Haroldo, que quiso ser como el padre, según el Testigo Uno, ya no se quiere ver en ese espejo: vestido de naranja y reducido a una litera de habitación comunal en la cárcel, en un asilo rodeado de enfermos mentales en EE.UU., o quizá libre y deportado con un imperio en ruinas. Ahora, el destino del padre está en manos de psicólogos forenses y de la jueza. Y en los siguientes cuatro meses, Kollar-Kotelly debe decidir si el castigo que EE.UU. reservó para Lorenzana Lima ya caducó.

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Los fiscales dicen que la defensa pudo anunciar meses antes que su cliente tenía problemas mentales. ¿Por qué esperar hasta la víspera de su sentencia? Algunos artículos acerca del alzhéimer indican que “se puede producir un desmejoramiento rápido”.