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La «coacción» para apresurar el golpe a la Rectoría

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La «coacción» para apresurar el golpe a la Rectoría

Gráficos: Suandi Estrada
Ilustración: Suandi Estrada
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Esta es la tercera entrega de la investigación relacionada con los mecanismos que son utilizados en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para cooptar posiciones de poder.

A continuación se presenta un momento álgido en el proceso anómalo con el que fue electo Walter Mazariegos. En este acto entran a escena cuatro protagonistas: la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso; el director jurídico de la Usac, Luis Cordón y el elector del grupo Innova, Henry Campos Hernández. Juntos aportaron para que, mediante la interposición de un amparo y su posterior interpretación arbitraria, la mayoría en el Consejo Superior Universitario (CSU) se viera obligado a convocar de inmediato a la elección en el Parque de la Industria, en la que Walter Mazariegos fue el único candidato que participó.

El 27 de abril no se llevó a cabo la elección del rector, debido a que la resistencia estudiantil tomó las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos (Musac). Los operadores de Walter Mazariegos no perdieron tiempo. Ese mismo día, Henry David Campos Hernández, docente de la Facultad de Humanidades y elector de Innova, presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Consejo Superior Universitario (CSU) por no acordar inmediatamente nueva fecha de votación.

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Paralelamente, el rector Pablo Oliva decidió que el Consejo Superior esperaría para que se resolvieran los amparos contra la elección porque otros grupos también impugnaron el proceso.

La CC remitió el amparo interpuesto por Campos a la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual notificó el 11 de mayo al Consejo Superior la orden para que, en cinco días, se acordara un nuevo lugar para elegir al rector. El poder judicial también jugó a favor de Walter Mazariegos pues, a pesar de que se presentaron varias  acciones legales, solo la de Campos rindió frutos.

Campos, en su calidad de elector de Mazariegos, también presentó un amparo contra la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en el que cuestionaba la participación del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, como aspirante a rector, sin contar con una autorización del Legislativo. La acción legal dio pie a que diputados vinculados al oficialismo citaran al PDH para amedrentarlo. Posteriormente, la Comisión acordó solicitar al pleno la destitución de Rodas por un supuesto incumplimiento de sus funciones.

Acá, el poder Legislativo también se puso del lado del rector electo de manera anómala. Los diputados oficialistas hicieron mancuerna con el grupo de operadores de Mazariegos con un objetivo en común: sacar del camino a Jordán Rodas, el principal opositor del decano de Humanidades en la disputa por la Rectoría.

Pero algo más grave estaba por venir. El CSU se reunió de manera apresurada la tarde del 12 de mayo para conocer el amparo de la Sala Quinta. Los alfiles de Mazariegos ya contaban con un dictamen jurídico con el que, más tarde, se abrirían paso en el Consejo.

El dictamen presentado ese día por el director jurídico, Luis Cordón, concluye que el CSU estaba obligado a «acatar» el amparo provisional otorgado a Henry Campos. De lo contrario, los consejeros incurrirían en «responsabilidad». Pero Cordón fue más allá y en su interpretación incluyó argumentos que no estaban en el amparo.

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Por ejemplo, en el dictamen avalado por el director jurídico se lee «es importante indicar que, aunque la resolución del amparo provisional no lo indica, debe señalarse también el día y hora para hacer efectivo el acto eleccionario a través de su respectiva convocatoria».

La anomalía más notoria en la que incurrió Luis Cordón se observa en las conclusiones de su dictamen, donde cambió el sentido de lo dice el amparo de la Sala Quinta. El documento del director jurídico reza: «La elección de rector de la Usac, periodo 2022-2026, se llevará a cabo dentro del plazo de cinco días, a partir de que se notifique la presente resolución, convocando para el efecto a los veintisiete cuerpos electorales que se encuentran habilitados para votar, en observancia a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la USAC», así consta en el Acta 17-2022 del CSU.

Lo cierto es que la Sala Quinta únicamente ordenó al CSU reunirse para acordar el nuevo lugar de votación: «Se ordena al CSU de la Usac, convocar de manera inmediata a sesión y acordar el nuevo lugar en el cual se llevará a cavo (sic) la elección de rector de la Usac, periodo 2022-2026, dentro del plazo de cinco días, a partir de que se notifique la presente resolución, convocando para el efecto los 27 cuerpos electorales que se encuentran habilitados para votar, en observancia a lo establecido en la Ley Orgánica de la Usac», detalla el amparo.

Pese a la interpretación arbitraria del director jurídico, el grupo de consejeros allegados a Mazariegos se opuso a solicitar una aclaración a la Sala Quinta. Enseguida, el grupo de abogados que ejerce presión en las sesiones entró a escena: Henry Arriaga y Berner García infundieron miedo a los demás consejeros, cuya experiencia no radica en asuntos legales, sobre las consecuencias de no «acatar» el amparo. Arriaga pidió que se acelerara la votación.

Finalmente, 29 consejeros votaron a favor, aunque dos de ellos dejaron claro que lo hacían para no incurrir en el delito de desobediencia. Estos fueron Roberto Cáceres, del Colegio de Farmacéuticos y Marvin Argueta, estudiante de Medicina. Mientras que cinco integrantes se abstuvieron; el decano de Agronomía, Waldemar Nufio; el representante del Colegio de Veterinarios, Osmin Pineda; el catedrático de Agronomía, Marco De La Rosa; la catedrática de Arquitectura, Ana Carrera y el estudiante de Farmacia, Camilo García.Ana Carrera señaló, en una entrevista con Plaza Pública, que dentro del CSU resulta evidente quiénes son los consejeros que presionan bajo sus criterios jurídicos para inclinar las votaciones. En los últimos meses, mientras se acercaba la fecha para elegir al rector, las discusiones en el Consejo subieron de tono, y eso fue fundamental para orillar a los miembros a votar a favor, indicó Carrera.

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Por su parte, Osmin Pineda calificó las presiones ejercidas por Luis Cordón, Henry Arriana y Berner García como «coacciones» por el tono en las que las emiten, porque constantemente se señalan posibles consecuencias legales si no se adoptan las disposiciones como lo refieren los dictámenes firmados por el director jurídico. En la misma línea opinó Waldemar Nufio, decano de Agronomía.

La votación dirigida a ejecutar lo ordenado  por  la resolución de la Sala Quinta fue determinante para que, en esa misma sesión, también se aprobara realizar la elección el 14 de mayo en el Parque de la Industria, a propuesta del decano de Derecho, Henry Arriaga. Contó principalmente, con el aval de los representantes de las facultades de Humanidades, Derecho, Ingeniería y Ciencias Económicas. El grupo minoritario en el CSU pidió realizar la elección en un recinto de la Usac, pero este planteamiento no tuvo apoyo suficiente.

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A Luis Cordón, Henry Arriaga, Berner García, Gustavo Taracena y Pablo Oliva se les buscó para entrevistarlos, pero no se les ubicó ni en la Casa Flavio Herrera de la zona 11 de la ciudad capital, ni en el campus central, antes de que fuera tomado por estudiantes. Tampoco atendieron las llamadas hechas a sus teléfonos celulares y la encargada de comunicación de la USAC, Francis Urbina, no facilitó alguna comunicación con ellos.

La exdecana de Derecho, Astrid Lemus, señala varias anomalías y posibles delitos en el actuar del director jurídico y de los demás consejeros afines a Mazariegos. Ella sostiene que una primera irregularidad es que Luis Cordón juega dos papeles dentro del CSU: como jefe de jurídico y al mismo tiempo como representante de los profesores de Humanidades, la facultad controlada por Walter Mazariegos.

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Además, Lemus ve un posible abuso de autoridad en la acción de Cordón al haberse extralimitado cuando interpretó el amparo de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo más allá de su contenido.  Esta opinión terminó de abrirle la puerta a Mazariegos para sentarse en la Rectoría, sin que se cumpliera a cabalidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Usac, el cual establece que entre la convocatoria y la elección del rector deben mediar dos meses.

Lemus también recuerda que, el año pasado cuando integró el CSU, el mismo grupo de abogados allegado a Mazariegos, infundió miedo a los consejeros durante el proceso de elección de Gloria Porras como magistrada de la CC. Posteriormente, su designación fue anulada en un cuestionado fallo emitido por la misma corte. Durante la elección, los miembros del Consejo fueron presionados mediante una  denuncia interpuesta en el Ministerio Público (MP) por la abogada Amanda Santizo, vinculada a Guatemala Inmortal, una organización opositora a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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