El gobierno de Giammattei, la mayoría oficialista en el Congreso y quienes siguen ocupando las altas cortes sin duda se han consolidado como una cleptocracia en la cual efectivamente han avanzado en institucionalizar la corrupción en sus peores expresiones.
La muestra más reciente del descaro y de la voracidad de la gavilla de Giammattei se produjo la semana pasada, cuando la mayoría oficialista en el Congreso aprobó el presupuesto para 2022. Desde la propuesta inicialmente presentada por el Ejecutivo, sectores diversos como autoridades indígenas y ancestrales, organizaciones que trabajan por la niñez y la adolescencia, centros de pensamiento como el Icefi y otros advirtieron numerosas anomalías y errores. Presentaron recomendaciones para corregir la propuesta presupuestaria, pero la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso no solo las ignoró, sino que además, como en años anteriores, al dictaminar empeoró el presupuesto plagándolo de más asignaciones de gasto que constituyen espacios amplios para la corrupción y el abuso.
Pero, no satisfechos con las granjerías con las que la CFPM plagó su dictamen, durante la aprobación del presupuesto por artículos y por redacción final, las diputadas Sofía Hernández (UCN) y Carolina Orellana (UCN), además de los diputados Maynor Mejía (Vamos), Guillermo Cifuentes (Vamos) y Juan Francisco Mérida (Vamos), presentaron una enmienda para trasladarles a los consejos departamentales de desarrollo (codedes) un aporte adicional de 530 millones de quetzales para «el fortalecimiento de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN)». La alianza oficialista aprobó esta enmienda, que constituye un verdadero robo en descampado, ya que, por un lado, los codedes no son entidades que cuenten con las capacidades técnicas y operativas que requieren las inversiones estatales para erradicar la desnutrición infantil y, por otro, son entidades conocidas más por la corrupción y la opacidad con la que ejecutan los fondos públicos.
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Este aporte adicional a los codedes con la impúdica etiqueta de lucha contra la desnutrición infantil es solo la más grande asignación espuria de gasto en el presupuesto aprobado para 2022. El análisis de lo aprobado revela despilfarros millonarios en organizaciones no gubernamentales ilegítimas vinculadas con diputados distritales, alcaldes, gobernadores y financistas de campañas electorales. Esta proliferación de oenegés falsas evidencia el doble discurso del régimen de Giammattei, el cual, por un lado, amenaza a las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la denuncia de la corrupción y de la impunidad con las reformas legales aprobadas en el decreto 4-2020 del Congreso de la República, pero, por otro lado, a las organizaciones de los corruptos se las premia con aportes directos millonarios, financiados principalmente con deuda pública, que tarde o temprano deberemos pagar los contribuyentes.
Además, de nuevo y por costumbre, el presupuesto de inversión pública en infraestructura está plagado de obras y proyectos espurios. Dragados de ríos cuya realización no se verificará y construcción y remozamiento de hospitales en proyectos que están judicializados por corrupción, como los de San Pedro Necta en Huehuetenango o de Rabinal en Baja Verapaz, son obras en municipios sin justificación ni explicación técnica.
La lista de abusos y desfalcos presupuestados es larga y vergonzosa. La orgía de la corrupción será amplia en 2022. La cleptocracia liderada por Giammattei está de fiesta avalada y alentada por una ciudadanía que, seguramente cansada, se limita a desahogarse en redes sociales.
Guatemala se desangra y cae en un abismo putrefacto cual víctima del genocidio, lanzada a la fosa común en la que yacen los intentos democráticos de Centroamérica. Tengámoslo bien claro para asumir nuestra responsabilidad histórica.
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