La cinematográfica historia del más escurridizo guerrillero del FPMR

Por: Ciper

Su verdadera identidad quedó al descubierto en octubre de 1986, un mes después de ocurrido el atentado a Augusto Pinochet. A raíz de una seguidilla de detenciones producidas por este hecho, y las consiguientes torturas practicadas por funcionarios de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, el nombre de Alexis Soto Pastrián llegó a conocimiento del fiscal militar ad hoc Fernando Torres Silva, que sustanciaba ese proceso. Un informe policial destacaba que el joven nacido en marzo de 1963 provenía de la población La Pincoya y había sido uno de los 21 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que protagonizó una emboscada a la comitiva del general Pinochet. Su nombre de combate era Marcos.

Aunque su identidad se conoce desde entonces, recién a fines de octubre el juez Mario Carroza, a cargo de las investigaciones por la muerte de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, hizo la conexión. Marcos era el mismo personaje de bigotes y contextura gruesa que aparece en el famoso video grabado en 1992 en un camping de Colliguay donde quedó retratado parte del grupo operativo que participó de estos dos últimos sucesos subversivos que marcaron la transición política chilena. Esa corpulencia -además de una bravura ejercitada entre Chile, Vietnam, Cuba y Nicaragua- le valió el apodo de Rambo.

A Marcos o Rambo se le atribuye un rol protagónico en el secuestro del hijo del dueño de El Mercurio. Fue uno de los que lo interceptó en un estacionamiento subterráneo de Providencia y luego ofició de jefe de la casa donde Edwards permaneció cautivo durante seis meses. Es una pieza fundamental del caso y uno de los pocos cuadros operativos relevantes del FPMR de esa época que nunca ha sido detenido.

El mérito de esto último no es sólo suyo sino principalmente del ex comisario Jorge Barraza, quien lideró las investigaciones por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, que datan de 1991. Barraza siempre creyó que el hombre corpulento que aparece en el video de Colliguay era Rodrigo Rodríguez Otero. La confusión pudo haber surgido del hecho de que a este, quien también tuvo un rol protagónico en el atentado a Pinochet y era robusto aunque más bajo que el otro, lo apodaban Tarzán. Además el equipo del ex comisario Barraza adjudicó al mismo personaje el robo del vehículo que sirvió para matar a Guzmán.

De ahí que a mediados de octubre, cuando ingresó al país con sus documentos al día, Rodríguez Otero fuera detenido y liberado tres días después: tras tomarle testimonio, el juez Carroza se convenció de que la persona que andaba buscando no le decían Tarzán sino Rambo. Entonces el nombre de Alexis Fernando Soto Pastrián quedó bajo orden de captura internacional, estableciéndose que su último paradero conocido estaba en Bélgica.

 Desde que reactivó la investigación por la muerte de Guzmán, a raíz de la entrevista televisiva que Mauricio Hernández Norambuena dio a Chilevisión desde una cárcel en Brasil el juez Mario Carroza ha progresado más que varios de los jueces que lo antecedieron. De partida, basándose en el contenido de esa entrevista, interrogó y dejó en prisión preventiva a Enrique Villanueva Molina, conocido como el comandante Eduardo, quien formó parte de la Dirección Nacional del FPMR, la que habría decidido la muerte del senador UDI. Villanueva Molina está desde fines de septiembre en la Cárcel de Alta Seguridad y aunque el ministro le había concedido la libertad bajo fianza, la decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones a fines de la semana pasada.

 Aunque el proceso judicial por la muerte de Guzmán acumula más de cinco mil fojas, el juez Carroza ha actuado como si fuera el primero en ocuparse de él. Además de revisar por completo el expediente, sopesando declaraciones e informes policiales antiguos, ha citado a varios de los testigos que ya habían declarado ante otros jueces por este mismo caso. Este método lo ha llevado a zonas insospechadas e incómodas para los propios querellantes.

Como informó La Tercera en su edición del domingo 7 de noviembre, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), general (R) Hernán Ramírez Rurange, habría alertado al general Pinochet de los planes del FPMR para atentar contra tres civiles vinculados a la dictadura, entre los que se contaba Jaime Guzmán. Ramírez Rurange recibió la información del agente DINE Raúl Rojas Nieto, que habría recibido el dato de un informante del FPMR a quien Ramírez Rurange identificó como El Noruego. Ante el juez Carroza, Rojas Nieto negó esta versión.

El hecho es que si bien el ex Comandante en Jefe del Ejército conoció de los planes con una semana de anticipación y se comprometió a transmitirlos a las posibles víctimas, nunca lo hizo. La razón, sustentada por el general (R) Jorge Ballerino, es que el Ejército no consiguió ubicar al senador UDI.

A lo anterior se suman las indagatorias en torno a la francesa Marie Emmanuelle Verhoeven, una doble agente que participó de la causa del FPMR al tiempo que entregaba información a la policía. Su verdadera función aún es un misterio, no así su actual paradero: tras establecer que reside en su país de origen, Carroza ha iniciado los trámites para interrogarla por exhorto.

Pero el juez Carroza no sólo se ha ocupado de establecer responsabilidades en la muerte de Jaime Guzmán. También ha indagado en procesos conexos como son los secuestros del coronel Carlos Carreño (1987) y de Cristián Edwards (1991), y el asesinato de Agdalín Valenzuela (1995), miembro del FPMR reclutado como informante del Consejo de Seguridad Pública (más conocido como La Oficina), creado por el gobierno de Aylwin tras el asesinato de Guzmán para combatir la subversión.

Mario Carroza ha sido el primer juez en comprender que estos y otros casos vinculados al FPMR están directamente relacionados entre sí. Por ello hay que leerlos en conjunto. Algo que no habían hecho jueces ni policías. De lo contrario habrían reparado en que la clave para identificar al hombre al que llamaban Rambo estaba en el proceso del caso Atentado a la Comitiva Presidencial.

De acuerdo con la declaración extrajudicial que Moreno Ávila entregó tras su detención en 1986, se trató de un curso militar de seis meses y abarcó áreas como táctica militar, manejo de armas y explosivos, tiro, primeros auxilios, preparación física, métodos conspirativos y contrainteligencia. Sobre la práctica con armamento, en la citada declaración se lee lo siguiente:

Este ramo consistía en el conocimiento de diferentes tipos de armas, tanto largas como cortas. Usamos fusil AKA, FAL, M-16 y Galil, además de las pistolas Browning, Colt 45 y Macaro (de fabricación soviética). Con este armamento aprendimos sus características técnicas, nomenclatura, arme y desarme, mantenimiento, etc., además que disparamos bastante, sobre todo con el AKA.

A su regreso a Chile, a mediados de 1985, Soto Pastrián, a quien ya llamaban Marcos, se vinculó a Sacha y otro vecino de la población La Pincoya que también tuvo instrucción militar en Cuba y participará en el atentado a Pinochet: el gásfiter Jorge Mario Angulo González. Tras ser detenido en octubre 1986, en su declaración a la policía pasará revista a sus inicios subversivos junto al grupo liderado por Marcos:

Fueron numerosos los taxis que logramos asaltar en el barrio alto, los que luego, previa instrucción, casi en su mayoría dejamos en el sector de Alameda con Las Rejas, colocando una huincha en el parabrisas delantero para que los otros militantes se dieran cuenta de que era el auto trabajado. Continuando con el templaje, paralelamente a estas acciones entraba en juego la preparación física, gimnasia que hacíamos en el cerro San Cristóbal y otros lugares cerca de La Pincoya. Para el asunto de uso y manejo de armas, en varias oportunidades fuimos a cerros colindantes de la comuna de Peñalolén donde Marcos se hacía acompañar por un guía (…)

Desde mediados de los ochenta, Marcos se subordinará al mando de Sacha, quien lo reclutará como parte del comando que atentará contra Pinochet.

En este hecho, ocurrido la tarde del domingo 7 de septiembre de 1986, Marcos formó parte del Grupo de Asalto N°2 o Unidad 503. Actuó desde la ladera de un cerro y tuvo a cargo un lanzacohetes LAW. De hecho, fue su arma la que impactó la ventana del Mercedes Benz ocupado por Pinochet, sin que alcanzara a explotar.

Para cuando fue identificado, en octubre de 1986, Marcos ya había abandonado el país junto a otros fusileros del atentado a Pinochet. Según se constata en un informe reservado de la PDI que quedó adjunto al caso Atentado, Soto Pastrián salió del país el 26 de septiembre por el Paso Los Libertadores. Permaneció por un par de semanas en Buenos Aires, y más tarde, tras un largo rodeo por Europa, llegó a Vietnam junto a sus compañeros, con quienes realizó un curso de instrucción militar. En 1987 viajó con el resto de los fusileros a Cuba y poco más tarde fue parte de un grupo de chilenos que combatió a la Contra en Nicaragua.

Su regreso a Chile ocurrió en marzo de 1989 y si su ingreso no quedó registrado oficialmente, fue porque Marcos entró con un falso pasaporte uruguayo a nombre de Luis Rivaldi.

En el mismo documento, el informante definió a Marcos como un hombre “débil de carácter” por permitir que uno de los celadores abandonara la casa del secuestro. En un próximo reporte refrendará la información, precisando que ese tal Marcos había participado en el atentado a Pinochet.

Como jefe operativo de la casa donde permaneció Edwards, Marcos tenía la función de hacer cumplir las normas y velar por el secuestrado. Tenía contacto directo con éste y cumplía el papel del “secuestrador malo”, a diferencia de Ricardo Palma Salamanca, que oficiaba de “bueno”. Su papel en esta operación concluyó el 1 de febrero, cuando el hijo de el dueño de El Mercurio fue liberado tras el pago de un millón de dólares.

Unas semanas después, mientras permanecía junto a otros miembros del FPMR en el camping de Colliguay, su imagen será grabada en video por funcionarios de la Policía de Investigaciones.

A partir de entonces, el ex comisario Jorge Barraza establecerá una errónea identificación de Marcos que se arrastrará por casi veinte años. Pero no sólo eso. También asegurará que se trata de la misma persona que robó el auto que sirvió para atentar contra Guzmán.

La aclaración no fue obra del juez Carroza. Tampoco de los funcionarios de la policía que lo asisten. A mediados de septiembre último, cuando Rodrigo Rodríguez Otero ingresó al país y cayó detenido, el sitio electrónico del diario La Nación publicó un reportaje en el que se aseguró que, de acuerdo con testimonios de ex frentistas, el hombre del video de Colliguay era Alexis Soto y no Rodrigo Rodríguez. Hasta ese momento el nombre del frentista proveniente de la población La Pincoya era desconocido para la policía y el juez.

Con este antecedente, el juez Carroza centró su atención en Soto Pastrián. Por medio del testimonio de ex frentistas, corroboró la información aparecida en La Nación. Y junto con ello estableció que se trataba de la misma persona que tiempo atrás había solicitado documentos en la embajada de Chile en Bélgica. El paso siguiente era poner en marcha una gestión silenciosa para lograr su captura en el extranjero, pero se le adelantó El Mercurio: el sábado 6 de noviembre, una nota de la sección de crónica de ese diario dio cuenta del último hallazgo del juez, lo cual frustró la diligencia.

De esta forma, el principal captor del hijo del dueño de El Mercurio pudo haber sido alertado por el propio diario de que había sido detectado. Una filtración absurda, lo que unido a otros trascendidos de prensa llevó al juez Mario Carroza a quitar el acceso a las partes del proceso judicial.