Si ayer fue el sociólogo Edelberto Torres-Rivas, hoy lo rechaza la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Con un comunicado, la Cicig hace un llamado a la mesura, sostiene que la justicia es el único camino para la paz, y considera que la advertencia de los firmantes, todos ellos “figuras que en otro momento enarbolaron la bandera de los derechos humanos y gozaron de la confianza de la comunidad internacional”, es “una injustificable amenaza contra el tribunal”.
En el campo pagado, los firmantes aseguraron que “la acusación de genocidio es una fabricación jurídica que no corresponde con el anhelo de los deudos de las víctimas de dignificar a sus seres queridos”, y Gustavo Porras ha añadido que tiene la impresión de que la sentencia está escrita antes de oír todos los testimonios y ver todas las pruebas, como ya dijo hace años acerca del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que se elaboró cuando él era Secretario privado de la Presidencia de Álvaro Arzú y en el que se concluyó que en Guatemala hubo actos de genocidio.
Al campo pagado de los 12, se sumó inmediatamente el presidente Otto Pérez Molina, general retirado y mayor del ejército destacado en el área ixil en el momento en que sucedieron los hechos que se juzgan.
En su comunicado, la Cicig, ente de Naciones Unidas cuyo mandato le exige investigar los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos del crimen, muestra su preocupación por la campaña de campos pagados, suplementos y declaraciones en medios audiovisuales, que, en su opinión, pretenden incidir en la decisión judicial para lograr una sentencia absolutoria. Y pide que el proceso avance sin injerencias que coarten la independencia de los jueces. Será a posteriori, concluye, que de verificarse errores judiciales de fondo o de forma las partes podrán impugnar la sentencia y objetarla ante instancias jurisdiccionales superiores como lo ordena la ley.
