Pocos secretos a voces son tan bien conocidos como el de las mafias que controlan el sistema aduanero nacional. Que la SAT estaba en peligro se sabía desde el inicio del gobierno actual. Y que era necesario que la Cicig apoyara en desmantelar la mafia aduanera, pues también era un tema más que demandado, incluso desde esta columna hace casi año y medio. Que los intentos del Gobierno, como la supuesta intervención operativa, fracasarían, también. Así que, ¿sorpresa por el inicio del desmantelamiento de La línea? No, para nada. Entonces, ¿cuál es el revuelo?
El revuelo es que solo con una entidad como la Cicig se pudo romper el cerco de impunidad y corrupción que protege a los amos y señores de las aduanas corruptas. ¿O habrá todavía algún necio que quiera defender que este cuerpo clandestino habría sido desmantelado y puesto a disposición de los tribunales sin la Cicig? Bueno, quizá estoy pecando de ingenuo, ya que seguro los detractores de la Cicig empezarán a levantarse luego de morder el polvo, pero no por necios, sino todo lo contrario: por astutos. La Cicig no les conviene. De hecho, los asusta y les duele. Y por ello, por instinto de supervivencia, no pueden abandonar su lucha en contra de la Cicig.
La captura del superintendente de la SAT, de un exsuperintendente y de otras 19 personas, incluyendo exmilitares y el representante legal del diario Siglo21, así como declarar al mismo secretario privado de la Vicepresidencia prófugo de la justicia, son hechos que sacudieron a Guatemala, pero deben ser solo el principio. Las preguntas y los cabos sueltos son importantes e inquietantes: Claudia Méndez Asencio, la actual intendente de Aduanas de la SAT, ¿está involucrada también? ¿Es casualidad que se encontrara en Chile cuando ocurrieron las capturas? ¿Se logrará la captura de Juan Carlos Monzón Rojas, capitán retirado del Ejército y hoy ex secretario privado de la Vicepresidencia? ¿Es casualidad que, al igual que Méndez, se encontrara de viaje? ¿Baldetti será interrogada sobre cómo desapareció Monzón Rojas estando en su compañía? ¿Por qué estos dos funcionarios cercanos a la vicepresidenta estaban oportuna y convenientemente de viaje cuando sucedieron las capturas? ¿Gozan de encubrimiento especial o protección por su cercanía a Baldetti?
Eso, por el lado del Gobierno. Pero por el lado del sector privado también hay preguntas inquietantes. Un sector del empresariado guatemalteco se opone a la Cicig quizá resentido por el rol de la comisión y de Carlos Castresana en el caso Rosenberg: se mostró que empresarios contratan sicarios. ¿Puede haber otros motivos para su rechazo a la Cicig? El actual presidente del Cacif, Jorge Briz, ha hecho ver que no está en esta línea, ya que públicamente ha declarado la conveniencia de la continuidad de la Cicig. O sea, dentro del sector privado hay división también por este tema. Sin embargo, para los empresarios quizá llegó el momento de la verdad: ¿colaborará el sector privado organizado con las investigaciones denunciando y facilitando la persecución penal de empresarios que se beneficiaron de la defraudación aduanera y del contrabando operado por la estructura La línea? Esa, sin duda, es otra pregunta inquietante.
Así pues, se ha abierto la caja de Pandora de las aduanas. Ojalá sea solo el principio, y no una distracción coyuntural. Es decir, ojalá Pérez Molina no cometa la torpeza e insensatez de rechazar la continuidad de la Cicig o acepte su continuidad, pero debilitando su mandato.
Presidente, está en la mira.
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