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La chispa que encendió la conflictividad en San Mateo Ixtatán

San Mateo Ixtatán es un pueblo dividido. La instalación de una hidroeléctrica en la aldea Ixquisis partió en dos a este empobrecido pueblo de Huehuetenango
Rigoberto Juárez afirma que el objetivo es la lucha por el territorio y evitar proyectos de minería e hidroeléctricas promovidas por un Estado que los ha mantenido al margen de elementos de desarrollo.
Otto Armas, representante legal de PDHSA.
Donato Santizo, alcalde de San Mateo Ixtatán.
Para el sacerdote Xun, éste es un conflicto que divide a las comunidades mientras mantiene cerradas las puertas al diálogo y que amenaza con convertir en cenizas cualquier proyecto hidroeléctrico de la iniciativa privada que impulse el Estado.
San Mateo Ixtatán es un pueblo dividido. La instalación de una hidroeléctrica en la aldea Ixquisis partió en dos a este empobrecido pueblo de Huehuetenango.
La aldea Ixquisis está ubicada en una de las esquinas más apartadas y olvidadas de la geografía guatemalteca.
El proyecto de producción de energía hidráulica es desarrollado por la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos, S.A. (PDHSA), a las orillas del río Ixquisis.
El destacamento del ejército que se instaló en Ixquisis.
La calle principal, estrecha y de terracería, atraviesa el poblado y conduce a las instalaciones del proyecto de producción de energía hidráulica de la Generadora San Mateo, S.A.
La quema de un inmueble y maquinaria de construcción, en mayo pasado, hizo visible para el resto del país un conflicto de más de cinco años de antigüedad en el que confluyen causas históricas, económicas y sociales.
Maquinaria de la constructora Solel Boneh también fue quemada durante los incidentes.
La empresa detuvo sus operaciones. La generadora de energía encendió la chispa de la conflictividad.
A las orillas del río Ixquisis funcionó antes un laboratorio del programa Moscamed. Ahora sólo quedan las obras incompletas de la generadora.
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La chispa que encendió la conflictividad en San Mateo Ixtatán

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San Mateo Ixtatán es un pueblo dividido. La instalación de una hidroeléctrica en la aldea Ixquisis partió en dos a este empobrecido pueblo de Huehuetenango. La quema de un inmueble y maquinaria de construcción, en mayo pasado, hizo visible para el resto del país un conflicto de más de cinco años de antigüedad en el que confluyen causas históricas, económicas y sociales. Lo único que ha logrado de momento la generadora de energía es encender la chispa de la conflictividad.

Redes-lateral

La aldea Ixquisis está ubicada en una de las esquinas más apartadas y olvidadas de la geografía guatemalteca. Si a los 385 kilómetros de distancia que existen entre la capital y San Mateo Ixtatán, el municipio de Huehuetenango al que pertenece esa comunidad, se le agregan las más de tres horas que requiere llegar por un camino apto sólo para vehículos de doble tracción, se hace un poco más fácil comprender por qué un servicio tan básico como la energía eléctrica todavía no ha llegado a ese lugar.

La calle principal, estrecha y de terracería, atraviesa el poblado y conduce a las instalaciones del proyecto de producción de energía hidráulica de la Generadora San Mateo S.A., que desarrolla la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos, S.A. (PDHSA), a las orillas del río Ixquisis, donde antes funcionó un laboratorio del programa Moscamed.

Desde el muro de malla que protege las instalaciones es posible observar una carpa de unos 25 metros cuadrados con un gran emblema de la Policía Nacional Civil (PNC) que cobija a varios agentes uniformados, autopatrullas y motocicletas, así como los escombros que dan fe de un incendio reciente.

Los policías guardan silencio ante los reporteros. Se limitan a decir que sin la autorización de los ingenieros de la compañía, nadie puede hablar con “extraños”.

Al calor de la tarde, los alrededores están desiertos. No hay máquinas ni camiones en movimiento ni rastros de trabajos recientes; a no ser por la presencia policial, el inmueble parecería abandonado. Antes del 5 de mayo, en cambio, con la maquinaria a todo vapor, decenas de hombres preparaban las condiciones para construir en ese sitio dos plantas de energía capaces de producir 30,8 megavatios.

A las 2:00 de la madrugada de ese día, relata el personal de la empresa, una turba salió del centro de San Mateo Ixtatán y llegó a Ixquisis al amanecer. Con la complicidad de la oscuridad, decenas de hombres le prendieron fuego a las instalaciones de la futura generadora y construcciones cercanas. Tras lograr su cometido se fueron por donde vinieron.

“Venían gritando mi nombre”, asegura Otto Armas, representante legal de PDHSA. Él y otros compañeros de trabajo, dice, recibieron información de conocidos en el pueblo de que los manifestantes tenían pensado bloquear la ruta que conduce a San Francisco Nentón, y la que comunica con el centro del municipio, por lo que la única ruta de escape a media noche fue hacia Santa Cruz Barillas y luego a la capital.

Salvo las estructuras externas, el lugar fue devastado por el fuego. Al igual que máquinas de la constructora Solel Boneh, que tenía su campamento instalado a menos de un kilómetro de la aldea donde guardaba el equipo destinado a dos contratos, uno con Generadora San Mateo y otro con el Estado para la construcción de la Franja Transversal del Norte (FTN).

“Como mínimo eran unos mil tipos”, recuerda William Morales, trabajador de Solel Boneh. Este hombre originario de Gualán, Zacapa, huyó a las colinas cercanas para resguardarse. Desde ahí observó lo que sucedía en el lugar. Se escuchaban disparos y explosiones –posiblemente de un tubo para bombas de feria–, además de los gritos de la masa enardecida, asegura.

Aunque no hubo muertos, PDHSA denunció que un cocinero de la compañía constructora que dormía en un contenedor en el campamento fue herido de bala, además de que dos mujeres de la comunidad y la esposa de un ingeniero de la hidroeléctrica fueron golpeadas brutalmente.

Un ejecutivo de Solel Boneh que prefirió no dar su nombre ni el del trabajador herido, indicó que éste ya se está recuperando de las lesiones.

Según la viceministra de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ivanova Ancheta, las pérdidas superaron los Q36,2 millones, mientras que Carlos Mendoza, director técnico de PDHSA estima entre Q40 millones y Q50 millones las pérdidas sumadas de las dos empresas. La parte que corresponde a Solel Boneh aún no se ha definido, según indicó su ejecutivo.

También agregó que las máquinas quemadas formaban parte de la división asignada a la FTN y no a los trabajos en la hidroeléctrica. “Hay grupos que se oponen a la construcción de la carretera”, aseguró. Sin embargo, trabajadores de PDHSA y pobladores mantienen la versión de que las máquinas quemadas estaban asignadas al proyecto hidroeléctrico.

Carlos Mendoza, director de PDHSA, resumiría la versión oficial en que “eran máquinas de ambos proyectos”.

Generadora San Mateo, junto a Generadora del Río y Generadora San Andrés, fueron creadas entre 2010 y 2011 por PDHSA para promover la construcción de tres proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán. Carlos Rodas Marzano, comisionado del gobierno de Óscar Berger para el Plan Puebla Panamá, y hermano del fallecido abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, es una de los principales socios de este consorcio.

El primer contacto

La relación de alianza y confrontación entre la hidroeléctrica y partes de la población del Municipio, empezó a finales de 2009, unos meses después de que los empresarios establecieran su base en las antiguas instalaciones de Moscamed, donde ya operaba una pequeña planta de 200 kilovatios. 

El primer acercamiento fue con el entonces alcalde de San Mateo Ixtatán, Andrés Alonzo Pascual, electo por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Él llevó el mensaje al Consejo Municipal de Desarrollo (Comude), pero la idea que transmitió todavía era muy general: energía eléctrica, a secas, recuerdan los comunitarios.

Los miembros del Comude no entendieron la naturaleza de la propuesta y pidieron reunirse personalmente con los directivos de la empresa. El encuentro tuvo lugar en las actuales instalaciones de la compañía, donde los pobladores cuestionaron qué era la empresa, quiénes eran sus representantes, cuáles eran sus objetivos y cómo pensaban conseguirlos.

Supieron que se trataba de una empresa de capital guatemalteco y que lo que querían hacer era una planta de generación de energía, pero no les quedó claro si el proyecto le convenía o no al Municipio y bajo qué condiciones se desarrollaría.

“Se mencionaba hidroeléctrica, energía eléctrica, minería, contaminación y no se sabía realmente de qué se estaba hablando”, recuerda el párroco del lugar y miembro del Comude, Mat Xun, para ilustrar la confusión que había en ese momento.

“La palabra hidroeléctrica no existe en su idioma (chuj). Si alguien que comparte su cultura les dice que esa palabra describe algo que los va a matar como un veneno, se empieza a crear una desinformación como la que hubo”, indica Armas.

Luego se formó en el Municipio, una comisión denominada "De Medio Ambiente y Recursos Naturales" para visitar hidroeléctricas ya establecidas en Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango y Alta Verapaz. La empresa se atribuye esta idea pero argumenta que la Fundación Guillermo Toriello se la apropió y la propuso a los miembros de la Comisión.

Armas también señala que fue esa Fundación la que financió los viajes realizados en agosto de 2010 y que fueron los miembros de la misma que acompañaron a la comitiva quienes alimentaron los mitos que surgieron alrededor del proyecto. Aunque reconoce que éstos se fueron esfumando en la medida que avanzaban las visitas.

La experiencia adquirida durante la gira, permitió a los integrantes de la comitiva saber sobre hidroeléctricas comunitarias, poblados inundados por embalses, caminos privados para las generadoras y hasta escucharon rumores de alcaldes que habían recibido millones de quetzales para beneficio propio y no de su municipio. Esos elementos les permitieron ir sacando sus conclusiones sobre los beneficios y las desventajas de un proyecto de este tipo.

La idea de una hidroeléctrica comunitaria como la que vieron en Chajul, Quiché, les hacía ilusión a los delegados. “Si tienen la posibilidad, háganlo”, les comentó uno de sus entrevistados en Quetzaltenango, pero para un municipio como San Mateo Ixtatán, que ese año contó con un presupuesto total de Q18,9 millones, el sueño parecía imposible.

“Entendimos que la energía es como el tomate en el mercado, que adquiere valor cuando es tiempo de escasez”, menciona el sacerdote.

Los viajes de verificación terminaron después de varios días. La conclusión final: “Se trataba de un tema económico”.

A principios de 2011 se empiezan a divulgar los resultados obtenidos en la gira, y se envió una circular por medio de los presidentes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) a las aldeas para recoger el parecer de sus habitantes.

“Toda la gente estuvo de acuerdo y eso empezó a molestar a los opositores”, sostiene Armas. Xun, por su parte, asegura que varias comunidades se manifestaron contra el proyecto.

Diálogo y no negociación

El análisis continuó y el siguiente paso fue evaluar los beneficios económicos que el funcionamiento de la generadora podía representar para el Municipio. Los comunitarios empezaron a buscar información acerca de las cantidades de dinero que la empresa podía pagar.

Armas explica que se hizo una asamblea en la aldea Yalanhuitz, en la que la gente manifestó su apoyo por lo que se inició el proceso para negociar el aporte municipal y las condiciones para que ese dinero llegara a las comunidades.

Éste era otro aspecto que ilusionaba a las autoridades municipales, pues lo que habían oído sobre Santa Cruz Barillas era que por cinco megavatios, la generadora de ese lugar pagaría Q2 millones al año.

Sobre el proyecto de PDHSA corría la voz de que serían 44 megavatios, por lo que hasta parecía posible duplicar el presupuesto anual de San Mateo Ixtatán. En el Comude empezó a rondar la idea de autorizar el proyecto a cambio de un porcentaje anual que no afectara a la empresa en años de baja generación y beneficiara más al municipio en tiempos de abundancia.

La empresa preguntó acerca de las necesidades de la población. “De nada nos servía presentar un programa de educación o salud que iban a dejar tirado", dice el representante legal de la compañía.

Al final lo que la gente de las comunidades quería era lo que ellos habían llegado a producir: electricidad. El problema estaba en que la energía que la empresa iba a generar estaba reservada para la venta al Estado prevista en su licencia. Por lo que mejor se decidió instalar la estructura necesaria para que la energía eléctrica de la red de distribución nacional llegara a estas comunidades.

El Comude buscaba documentación en las dependencias del Estado para tener más claridad sobre beneficios económicos para el Municipio. Según Xun, se le pidió el Estudio de Impacto Ambiental en varias ocasiones a la empresa, mas ésta nunca lo entregó.

Mendoza asegura que "se entregó toda la documentación" conforme les fue requerida.

Las negociaciones de PDHSA con las comunidades seguían su rumbo, pero la llegada del proceso electoral cambiaría el ritmo de ambos procesos.

La empresa se centró en promover con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una Circunscripción Electoral Municipal (CEM) para Ixquisis y comunidades cercanas, así como el empadronamiento de los vecinos mediante una jornada móvil. “Para la gente es muy difícil tener que subirse casi cuatro horas a un picop para tener que ir a ejercer su derecho ciudadano del voto”, justifica Armas.

Como el tema no podía quedar fuera de las propuestas políticas, el jefe edil, Andrés Alonso Pascual, garantizaba llevar la luz eléctrica a las comunidades que aún no la tenían, a cambio del voto.

Su oferta electoral provocó malestar en la comisión del Comude, que en mayo de 2011 se reunió con él y sus integrantes le pidieron que dejara de usar el asunto de la energía como bandera política. El alcalde accedió, pero no volvió a invitarlos a las reuniones.

 “La gente lo que quiere acá es la energía eléctrica”, sostiene el gerente de campo de PDHSA, quien añade que con la llegada del período electoral se acordó que el aporte a la municipalidad se iba a discutir con la siguiente corporación municipal (la actual).

El religioso recuerda que después de la derrota de Alonzo Pascual, frente a Donato Santizo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ya en 2012, los miembros de la comisión se enteraron que el acuerdo había sido firmado en julio del año anterior.

Al final no era un proyecto de 44 megavatios, sino dos que sumaban 30,65 megavatios. Xun relata que por el más grande de ellos, Pojom II, de 20 megavatios, la corporación municipal había aceptado Q100 mil. Por el pequeño, de 10,2 megavatios, Q200 mil. Esto daba un total de Q300 mil, pero no anuales, sino que en un único pago a cambio de las firmas de autorización.

Para entonces, los proyectos habían avanzado para el diseño de una hoja de ruta de diálogo –“diálogo, no negociación”–, en la que el Comude buscaba involucrar a todos los habitantes del Municipio, empezando por la corporación municipal.

A tres horas de distancia, en Ixquisis, la empresa continuaba sin empezar sus operaciones, a pesar de contar ya con los permisos, ante la amenaza de conflictividad social.

“Aquí van a tener un problema muy serio si no le ponen atención”, le advirtió la comisión del Comude al nuevo consejo municipal, “pero ellos tenían otros problemas y tareas, al igual que nosotros y avanzábamos en el tema conforme teníamos la posibilidad”, confiesa el sacerdote.

A favor, en contra y 80 en medio

Las relaciones entre Municipio y empresa no eran el único motivo de tensión. La población de varias comunidades se había partido en dos y las rencillas entre las partes continuaban.

La comuna decidió confrontar a opositores y defensores. Primero se reunió con los que rechazaban, luego con quienes estaban a favor, y finalmente con los dos bandos en el salón municipal. En medio de ellos, 80 vecinos neutrales a quienes se les asignó la única tarea de escuchar y no intervenir a menos que se hiciera absolutamente necesario para intermediar.

En las dos primeras reuniones, las partes descargaron sus quejas sobre el bando contrario. En la tercera se logró aterrizar sobre puntos como los millones que podía recibir el Municipio según la producción.

Santizo relata que en ese momento, uno de los pobladores se levantó de su asiento y dijo: “Ellos (la empresa) son pobres, ¿por qué les van a pedir tanto?”.

La hidroeléctrica no sólo se comprometió a llevar la estructura para la energía eléctrica a la zona. Armas explica que también hay proyectos de agua potable, organización de actividades deportivas y culturales en las aldeas. Además, se puso a disposición de los habitantes de la zona una caseta con tomacorrientes y mesas para conectar teléfonos o computadores y la compañía se tomó la tarea de pavimentar el camino que lleva a San Francisco Nentón, obra por la cual ya hay planchas de concreto en las partes más empinadas.

Según Santizo, varios de los habitantes de las aldeas vecinas al proyecto trabajan en el Comité de Apoyo a la Hidroeléctrica. “Algunos ganan más de Q2,500 al mes”, asegura. Un salario sumamente atractivo para un departamento donde el 78 % de su población vive en condiciones de pobreza, y donde el empleo formal es escaso.

Los esfuerzos por hacer que los bandos cedieran eran inútiles, el jefe edil tenía que explicar que el dinero no era para él, sino para invertirlo en el Municipio. Por sus posturas, ambos bandos lo acusaron de haberse ya definido para el lado de los “rivales”.

En enero de este año se encontraba todavía en este proceso cuando la empresa notificó que no podía esperar más y que reanudarían los trabajos.

Ese factor fue el detonante para que la última reunión fuera la de peores resultados. Los opositores dijeron que era la última a la que asistían y le advirtieron al jefe municipal que no volviera a convocarlos.

Entre los bandos, la discusión se enfocaba en si la obra debía parar o continuar, y los estados de ánimo se exacerbaron. Frases como “nosotros también tenemos armas”, se escucharon en el debate.

La falta de acuerdos continuó hasta agosto del año pasado, cuando la empresa empezó a trabajar en el proyecto.

Santizo explica que a partir de ese momento, varios pobladores lo presionaban para que un grupo llegara a las instalaciones de la hidroeléctrica y les avisara a los empresarios que se tenían que ir. Él prefirió invitarlos al centro del Municipio a dialogar.

“¿Y si se nos junta la gente y mata a los empresarios?”, escuchó entre las respuestas a su idea, por lo que trasladó la reunión a un hotel de la cabecera de Huehuetenango.

El encuentro tuvo lugar la segunda semana de diciembre de 2013. Debido a la falta de acuerdos y la reciente quema de maquinaria en un proyecto hidroeléctrico cercano, la empresa detuvo sus labores.

Según Mendoza, se acordó suspender los trabajos hasta una próxima reunión, programada para enero de este año, en la se discutiría un aporte voluntario porcentual orientado a proyectos de desarrollo sostenible en el Municipio.

La empresa presionaba: “¿Cuándo?, ¿cuándo? y ¿cuándo?”, pero las autoridades locales no cedieron en que los trabajos podrían empezar cuando todas las dudas se hubieran aclarado y no cuando la empresa quisiera.

“Esperamos enero y febrero, y no había forma de que se hiciera la reunión”, cuenta Mendoza. En marzo, la empresa notificó a Santizo que no esperaría más y que retomarían los trabajos. 

Pero fue hasta el 22 de abril cuando ardió Troya. Ese día se reanudaron los trabajos en la hidroeléctrica y el descontento se apoderó de la población. En la entrada de la planta colocaron un letrero en el que le daban a la compañía un plazo de siete días para que cesaran los trabajos y abandonar el lugar o se atuvieran a las consecuencias.

La empresa lo ignoró. “Pasó su maquinaria sobre el letrero”, y esto puso de manifiesto, de nuevo, las posturas encontradas de las partes en conflicto. Una amenaza para unos, una provocación para otros.

Pero hubo otro factor para desatar la furia de la población. Parte de los compromisos adquiridos obligan a que haya un arqueólogo trabajando para la empresa, debido a que en el área hay vestigios de la cultura chuj en la época precolombina.

Unos días antes de que la turba marchara a Ixquisis, salió la noticia de que en una de las excavaciones de la empresa se había encontrado piezas arqueológicas y una piedra de oro, por lo que se corrió la voz de que la compañía estaba allí para robar el patrimonio del pueblo chuj. “Dijeron que alguien se lo había llevado a su casa para resguardarlo, cuando eso habría sido algo totalmente ilegal”, denuncia Armas.

Con la suma de todos esos factores, la marcha no se pudo prolongar más. Aunque para algunos líderes del movimiento, las consecuencias se refieren a una protesta pacífica, Xun sostiene que desde que se colocó el letrero ya había “un indicio” de medidas de hecho más fuertes, y que por esa advertencia fue que Solel Boneh ya había retirado varias de sus máquinas antes de que la turba llegara a Ixquisis.

Según afirma, las máquinas que se cambiaron de lugar fueron las que no se podían mover fácilmente debido a desperfectos mecánicos.

La calma que no llegó después de la tormenta

Quienes se oponen sostienen que la resistencia es pacífica. La empresa afirma que los únicos pacíficos son los que apoyan el proyecto. Las autoridades dan fe de amenazas mutuas entre ambos grupos.

Armas indica que es por ello que se les insta a no tomar represalias contra quienes atacaron la empresa e interrumpieron con ello los proyectos de desarrollo a sus comunidades, pues no están preparados para actuar de esa misma forma.

Tres días después del incendio provocado, la prensa comunitaria de San Mateo Ixtatán publicó la noticia de un vecino de Ixquisis que llegó con engaños en su carro con sus hijos de dos y 10 años a El Platanal, la segunda comunidad más cercana al proyecto hidroeléctrico. La nota indica que vecinos del lugar lo acusaron injustamente de haber estado en la manifestación y retuvieron a sus hijos durante cuatro horas en el carro, mientras él buscaba un rescate de Q1,000 para que no los quemaran dentro del vehículo.

“La gente está dolida, triste y encolerizada por esta situación”, explica Armas. Según dice, los vecinos reconocieron a esta persona como “uno de los que nos querían bloquear la ruta de escape”. Asegura que los comunitarios lo llamaron para que rindiera explicaciones y le advirtieron que lo denunciarían ante el Ministerio Público por los actos vandálicos. Tras salir, dejó su carro abandonado con sus hijos adentro para poder decir que los tenían secuestrados.

La nota habla de comunidades divididas por la hidroeléctrica. La empresa lo niega y asegura que cuenta con el apoyo de las 23 comunidades cercanas al proyecto.

Tras el incendio provocado, el Ministerio de Energía y Minas convocó el 27 de mayo a una conferencia de prensa para que tres pobladores de las aldeas cercanas a la hidroeléctrica manifestaran su postura de apoyo a la empresa. En representación de sus aldeas, tres líderes locales lamentaron los sucesos, mostraron su complacencia por la presencia de le empresa y repitieron su postura con respecto a que los disturbios se debieron a grupos de descontentos de afuera del Municipio, que además no representan a más del 5 % de los habitantes de las comunidades.

Aun así, pasar con un vehículo similar a los que utiliza la empresa en el área es suficiente para escuchar el grito de “¡Fuera hidroeléctrica!” en algunas de las aldeas cercanas al proyecto.

Viejas rencillas, nuevos conflictos

Las hidroeléctricas no son el único factor que incide en las divisiones que hay entre los que apoyan y los que rechazan.

El alcalde explica que uno de los asesores de la empresa es el excomisionado militar, Nicolás Tomás, quien tiene muchos enemigos entre hijos de fallecidos del bando contrario durante el conflicto armado.

“El carnicero es su apodo”, menciona sin inmutarse el director técnico de la compañía, pero explica que la relación con él se debe a que son muy respetuosos sobre las personas que las comunidades eligen como representantes.

El representante legal también acepta que su presencia ha sido un motivo de conflicto entre los opositores, pero asegura que el exmilitar ha sido una persona muy colaboradora y que sin su ayuda habría sido muy difícil conseguir la legalización de las 14 caballerías necesarias para los proyectos.

Según un opositor al proyecto que no quiso ser identificado, no se trata sólo de Tomás en San Mateo Ixtatán, sino que en los proyectos de hidroeléctricas de todo el departamento hay presencia de exmilitares que estuvieron involucrados, directa o indirectamente, con las masacres ocurridas en la zona, entre las que destacan la de la finca San Francisco en 1981, y la de Petanac en 1982.

“Gente activa de los que estuvieron en el ejército hay, como también los hay de los que estuvieron en la guerrilla”, argumenta Xun.

Entre las personas que pertenecieron a la guerrilla se encuentra Rigoberto Juárez, uno de los principales señalados de la quema de maquinaria en San Mateo y de un incidente similar ocurrido en diciembre pasado en Santa Eulalia.

Juárez también es coordinador del Gobierno Plurinacional, entidad reúne a pobladores de 14 municipios del norte del departamento y de las etnias canjobal, poptí, acateca y chuj, que se definen como naciones.

Según Juárez, su objetivo es la lucha por el territorio y evitar proyectos de minería e hidroeléctricas promovidas por un Estado que los ha mantenido al margen de elementos de desarrollo como la salud, la educación y la seguridad, pero que, en cambio, les ha impuesto un modelo incapaz de sacarlos de su pobreza.

El líder indígena coincide en que sí puede haber representantes de los dos bandos, pero no necesariamente que todos los exmilitares apoyen los proyectos hidroeléctricos ni que todos los exguerrilleros se opongan.

La presencia militar en el departamento incomoda a la mayoría de pobladores, quienes alegan que la represión es la única manera en la que el Estado puede tener presencia en este territorio del país. Un estudio publicado por Plaza Pública en julio de 2012 ubica a Huehuetenango entre los departamentos con menores índices de presencia del Estado.

La cantidad de soldados en la región aumentó después de la quema de las instalaciones y la maquinaria. A menos de 200 metros de la destruida empresa se instaló un destacamento militar.

El oficial a cargo, coronel José Perea, explica que generalmente le preguntan si el destacamento está en el lugar para defender la hidroeléctrica, pero él afirma que su presencia se debe a una petición “de hace varios años” de los vecinos de que se instalara una base militar en el sector y que su misión es vigilar la zona fronteriza con México.

Esa explicación no convence a los lugareños que siguen viendo a los militares con temor y desconfianza. Santizo cuenta que en una ocasión, los soldados llegaron a la vivienda de uno de los vecinos de Bella Linda, aldea cercana a Ixquisis. Las mujeres del lugar bloquearon el camino a la espera de los hombres, que se encontraban en el trabajo. Cuando éstos llegaron y los cuestionaron sobre qué hacían ahí, los militares dijeron que se habían perdido.

El alcalde auxiliar llamó a Santizo, quien recomendó que los dejaran ir pero que estuvieran atentos de que no se llevaran a nadie sin una orden de captura. En ocasiones lo han llamado otros alcaldes auxiliares para contarle que han puesto piedras en el camino para bloquear el paso de los militares y que no saben qué hacer después con ellos. El jefe edil tiene que explicarles que deben dejarlos ir.

La constante del norte huehueteco

San Mateo Ixtatán no es el único punto de conflictividad social en Huehuetenango. En mayo de 2012 sucedió una situación similar en Santa Cruz Barillas, donde el asesinato de Andrés Francisco Miguel, un opositor del proyecto hidroeléctrico Hidro Santa Cruz, provocó manifestaciones violentas.

La empresa implicada también denunció la destrucción de maquinaria y el presidente Otto Pérez Molina decretó un estado de sitio que duró un mes.

En Santa Eulalia, también hubo una manifestación en diciembre pasado, en la que se registró la quema de maquinaria para la construcción de una hidroeléctrica ubicada en la finca San Luis. El propietario del inmueble, Iván Ovalle, responsabilizó a Juárez y otros miembros del Gobierno Plurinacional de los actos.

El dirigente lo niega y asegura que las empresas hidroeléctricas infiltran gente en su movimiento, en ocasiones miembros de sus mismas comunidades, para incitar y promover los incidentes.

Juárez explica que la protesta que se tenía prevista en la finca San Luis era pacífica, pero unos días antes empezó a circular entre la gente el rumor de que durante la manifestación se iba a quemar la maquinaria de la hidroeléctrica, algo que él se encargaba de negar, pero la gente continuaba sosteniendo.

Sin lograr desvanecer los rumores, llegó el momento de empezar la marcha, el 9 de diciembre.

El dirigente narra que cuando la multitud estaba camino a la finca para la protesta, le dijeron que la maquinaria ya estaba ardiendo. Minutos después, alguien más lo llamó para contarle desde Guatemala que había siete trabajadores de la empresa desaparecidos y que Iván Ovalle estaba denunciando los hechos en los medios nacionales. “Ni siquiera sabíamos que había trabajadores en la finca”, expresa.

Pero la marcha continuó.

Cuando llegaron al lugar recibió otra llamada en la que le comunicaban que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Rudy Ortiz, denunciaba que él y otros líderes del movimiento habían contratado a siete personas de Nebaj para que quemaran la finca.

En el caso de la Generadora San Mateo, los rumores sobre la quema de maquinaria también empezaron a circular desde dos días antes.

Juárez asegura que no pudo participar de esa manifestación –que terminó en disturbio– porque se encontraba camino a la capital, pero que durante su viaje recibió dos llamadas. Una de ellas de un agente de la PNC que le preguntaba si iban a tapar carreteras. La otra, de un miembro de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación que le reclamaba “con prepotencia” sus intenciones de quemar las máquinas.

“¿Cómo podían anticiparse a algo así, si no teníamos pensado hacer eso?”, cuestiona.

Armas responde con otra pregunta: “¿Cómo podríamos nosotros querer infiltrar gente para que destruyan nuestros bienes, si eso es algo que ahuyenta a los inversionistas?”.

Santizo no se inclina por alguna de las dos versiones, pero cuenta que uno de los relatos de los hechos del 5 de mayo es que uno de los hombres que se cubría el rostro con un gorro pasamontañas llevaba una lista en la que se basaba para ordenar a los pobladores cuáles de las máquinas de Solel Boneh debían quemarse y cuáles no.

Las versiones del Gobierno y de la empresa coinciden en señalar que los responsables de los actos de violencia no son de San Mateo Ixtatán. Pero Juárez, las autoridades ediles y los Consejos de Desarrollo aseguran que sí hay participación de vecinos en estos movimientos, aunque aceptan que también gente de otros municipios tuvo participación.

Los pobladores de San Mateo Ixtatán también han intervenido en conflictos originados en otros lugares.

Xun relata que cuando las autoridades capturaron a Mynor López, dirigente del movimiento contra Hidro Santa Cruz, alguien pasó avisando en el pueblo: “La Policía tiene a un hermano nuestro”. Se les pidió que golpearan a los policías porque al final también eran parte de su gente. La turba bloqueó el camino, liberó a López y golpeó a los policías.

“Padre, los van a linchar”, le dijo alguien, a lo que él sólo pudo reaccionar con dar la orden de que los metieran al salón parroquial; trabajadores de la parroquia y el Comude resultaron heridos ese día por evitar el linchamiento.

El religioso explica que no sabe a qué se deben las divisiones por municipio que tiene el Estado guatemalteco, pero que es difícil que las personas que tienen familiares o terrenos en los municipios vecinos se apeguen a esta división política, cuando el sentir como pueblo es más fuerte.

La versión de Xun puede explicar las similitudes en los casos de conflictividad en toda la región del norte de Huehuetenango, un conflicto que divide a las comunidades mientras mantiene cerradas las puertas al diálogo y que amenaza con convertir en cenizas cualquier proyecto hidroeléctrico de la iniciativa privada que impulse el Estado.

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