Más bien, como lo expresara una de las personas que comparecieron ante el tribunal como testigos de cargo, lo dicho es producto de la soberbia y prepotencia del acusado.
Pero sin que tengamos que reparar en las razones que lo han motivado, lo cierto es que lo dicho por el ex jefe del Cuarto Cuerpo de la entonces Policía Nacional, Jorge Alberto Gómez, en el juicio que se le sigue como responsable de la desaparición de Fernando García, permite confirmar lo que durante mucho tiempo habían sido sospechas fundadas sobre la actuación ilegal de los cuerpos policíacos y los altos mandos del Ejército de Guatemala.
García fue detenido y desaparecido el sábado 18 de febrero de 1984, durante la dictadura del general Humberto Mejía Víctores y desde entonces ninguna información se ha ofrecido sobre su paradero. El ex policía ha dicho claramente que ellos lo detuvieron y que, como estaba en las listas del ejército como subversivo, fue entregado a la entonces llamada inteligencia militar. Y punto.
El Sr. Gómez contradice lo que sus subalternos -ya condenados por el hecho- han dicho respecto al lugar donde se ejecutó la captura, negando así lo que se consigna en el parte policial. Pero creyendo tal vez que con estas informaciones no sólo cuestionaba al MP sino salvaba su pellejo, el ex director policíaco ha dejado en claro no sólo que a Fernando García lo detuvo la Policía y en consecuencia es un órgano de Estado el responsable de su desaparición, sino que quienes efectivamente le ejecutaron extrajudicialmente fueron miembros del Ejército, abusando de su cargo y en contra de toda legislación vigente para cuando se efectuó la detención, mancillando así la imagen y prestigio de la institución armada a la que para entonces pertenecían.
El ex policía no ha dicho por qué no se consignó al detenido a un juzgado competente, ni mucho menos en base a qué legislación debía ser entregado a un aparato militar. Su desaparición, en consecuencia, es responsabilidad de quienes al detenerle deberían haber velado por su integridad, pues así se establecía en la legislación vigente entonces. La dictadura militar -instituida de manera real con el inicio del gobierno de Carlos Arana Osorio en 1970- impuso una criminal y sanguinaria forma de proceder contra todos sus opositores, comportamiento que sin embargo, dada la legislación que ellos mismos se impusieron, resultaba ya para entonces delictivo.
Las catáfilas de esta cebolla criminal comienzan a caer una a una y, aunque sea lenta y lacrimosamente, nos permite tener esperanzas sobre las posibilidades que nuestra sociedad, finalmente, comience a escribir la verdad, empírica y jurídicamente demostrada, de lo que sucedió en aquellos quince años en los que un grupo de militares se apropió de los órganos del Estado e, intentando hacer creer a propios y extraños que combatían a un enemigo más que poderoso, no sólo se enriquecieron apropiándose de los bienes del Estado, sino que asesinaron a cuanto ciudadano sospecho de ser parte de la oposición caía en sus manos.
Si, como dijo el ex jefe policíaco, Fernando García era un subversivo, pues supuestamente portaba un arma de calibre no autorizado, el procedimiento debió haber sido su inmediata consignación a un tribunal competente para ser juzgado y sentenciado, pues según la legislación vigente para entonces la llamada inteligencia militar no era, para nada, la instancia legalmente autorizada para retenerle. La línea de investigación ha quedado pues, más que clara: los responsables efectivos de la desaparición de Fernando García son los militares a quienes este jefe policíaco, sin ninguna autorización legal, entregó. Corresponde a las actuales autoridades militares, por lo tanto, indicar quiénes eran los responsables de esa estructura asesina y ofrecer todas las informaciones necesarias para que se pueda dar con el paradero de los restos del estudiante y sindicalista ilegalmente detenido.
Con estas informaciones, los jefes militares de entonces y de ahora no pueden ya negar que en éste y en otra multitud de casos se procedió criminalmente, debiendo ser conminados a que ofrezcan las informaciones pertinentes.
Quien aún con estos datos e informaciones quiera negar el comportamiento delincuencial de los mandos militares de entonces o es incapaz de entender la realidad o, peor aún, es evidentemente cómplice de éstos.
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