Por mayoría y con la objeción calificada de dos magistradas, la CSJ había resuelto dar trámite a una solicitud de antejuicio en contra de tres magistrados de la CC. Con base en la disposición de la CSJ, el Congreso integró una comisión pesquisidora que habría de conocer la petición planteada por integrantes de la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN) que alegaban que la CC, concretamente tres de sus magistrados, habían incurrido en asociación ilícita y en abuso de autoridad al ordenarle al gobernante Jimmy Morales enmendar, conforme al derecho internacional, su disposición de expulsar al embajador del reino de Suecia, Anders Kompass.
En su momento, la CC resolvió que Morales había violado procedimientos constitucionales y de derecho internacional al requerir a Suecia (una acción de injerencia exterior) que sustituyera a su representante en Guatemala. La CC resolvió, con el voto de la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar y de los magistrados José Francisco de Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana, que la Presidencia debía enmendar el procedimiento, ya que el utilizado había sido anómalo. La denuncia para solicitud de antejuicio era una de tres presentadas por la ADN, que funciona mediante recursos del Congreso de la República, en contra de magistrados de la CC.
En virtud de que la solicitud de antejuicio aprobada por la CSJ era contra tres de los titulares de la CC, estos se inhibieron de conocer dicho proceso, por lo cual se procedió a integrar la segunda corte con los magistrados suplentes. No obstante, por razones no explicadas, la presidenta de la CC, Dina Ochoa, también se inhibió de conocer, de manera que, al ser obligada la integración por sorteo con cinco miembros, le correspondió al magistrado De Mata Vela ser parte del pleno. Dicho pleno, por unanimidad de sus cinco integrantes, resolvió otorgar el amparo en acumulación de los dos expedientes, que corresponden a sendas solicitudes del procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas Andrade, así como de un conjunto de organizaciones representantes de autoridades ancestrales de pueblos indígenas y de derechos humanos.
La decisión unánime de la CC reitera la jurisprudencia ya planteada por dicho tribunal, que con base en derecho sostiene que ninguno de sus integrantes puede ser perseguido por sus opiniones, las cuales fueron expresadas en sus resoluciones (sentencias) e incluyen los votos disidentes, razonados o no.
En lenguaje sencillo, el profesional del derecho Javier Monterroso afirmó en un mensaje de Twitter: «El amparo otorgado hoy por la CC para proteger a sus magistrados está apegado a derecho. Es muy positivo que la mayoría de los magistrados hayan sido suplentes y que el único titular se haya integrado por sorteo. Esto también es legal, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley de Amparo». Es decir, lo resuelto por la CC no es cuestionable ni legal ni éticamente.
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Es así como se da un paso fundamental en el camino a restituir el orden constitucional, roto de facto por las desobediencias reiteradas de disposiciones de la CC por parte de Jimmy Morales y de su gabinete. También se le señala a la titular del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, su obligación legal de actuar en defensa del Estado de derecho. La jefa del MP no puede seguir ignorando sus funciones, a riesgo de ser acusada de incumplimiento de deberes por permanecer inactiva ante la contumaz, reiterada, notoriamente pública y flagrante violación de la ley por parte del Gobierno.
Dicha acción gubernamental arrancó al utilizar el poder que otorga la presidencia para deshacerse de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en clara desobediencia de los derechos interno e internacional. En aras de procurarse impunidad, el gobernante, apoyado por la élite empresarial y por el entorno político, civil y militar comprometido con los crímenes investigados por la Cicig, rompió el orden constitucional. La CC le ordenó al Gobierno enmendar sus acciones, pero a la fecha este no ha obedecido.
De esa manera, si la fiscal general por fin resuelve cumplir con su obligación de perseguir a quienes violan la ley, el proceso de restauración democrática estará encaminado. Si, por el contrario, continúa en su actitud displicente, seguirá siendo cómplice de los golpistas y tarde o temprano también habrá de enfrentar las consecuencias de su desidia. Por el momento, la CC ha vuelto a rescatar el orden legal. Toca a las instituciones estatales respetar y acatar dicha resolución. Mientras tanto, a la ciudadanía le corresponde mantener la movilización y la coordinación para defender el Estado de derecho.
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