La defensa de uno de los procesados por el delito -inadmisible- de genocidio, ha pedido a la CC que falle en favor de su representado, sacando argumentos del fondo del barril. Un abogado, por cierto prófugo por un caso de lavado de activos, le ha solicitado a la y los magistrados constitucionalistas, que le otorgue a quien se acusa de genocidio, la posibilidad de salir impune de su delito.
Uno de los integrantes del tribunal, Alejandro Maldonado Aguirre, podría ser quien atice el fuego de la impunidad. Las tres veces magistrado a la CC y dos veces diputado al Congreso, en representación de partidos de ultraderecha, parece ser quien ofrecerá a sus colegas una resolución favorable a los criminales. Rebuscando en el barril de las ignominias, Maldonado Aguirre estaría hurgando en una supuesta amnistía -auto emitida por los genocidas pues fue decretada por el gobierno de facto de Oscar Humberto Mejía Víctores, para salvar a sus protegidos.
Pero, ¿quién es y de dónde viene el facilitador de la impunidad? Maldonado Aguirre abrazó las filas del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), partido de la ultraderecha anticomunista y promotor de escuadrones de la muerte. Llegó al Congreso en 1966 y durante el gobierno de Carlos Arana Osorio, llevado al Gobierno por la alianza del MLN y el otro club de la antidemocracia, el Partido Institucional Democrático -PID. Durante los sucesivos gobiernos militares se desempeñó como embajador del Estado dictatorial contrainsurgente. Retornó a la política nuevamente como constituyente y luego como diputado al Congreso, por el Partido Unionista (PU), fundado por su excolega del MLN, el alcalde y expresidente, Álvaro Arzú.
Por esta última filiación se explica el rol de Maldonado Aguirre en el retardo, casi malicioso, para la puesta en marcha de la sentencia de la CC en el caso por la ejecución del obispo Juan Gerardi. En esa oportunidad, la resolución de la Corte fue retenida casi un año, a falta de la firma de su presidente, Alejandro Maldonado.
Hoy día, en que también hay retraso de la Corte para resolver en lo relativo al juzgamiento por genocidio, es nuevamente Maldonado Aguirre, la piedra en el zapato de la justicia. Como se indicó, navegando en las profundidades de la ignominia, el magistrado busca argumentos para liberar a sus tradicionales aliados y cogobernantes. No le importa a dicho profesional del derecho pasar por la trituradora todos los tratados en materia de derechos humanos -con innegable preminencia constitucional, así como a la propia Constitución que está obligado a defender.
Pero si la insensatez habita en las neuronas cerebrales de Maldonado Aguirre, la cobardía o la complicidad parecen ser el gen esencial en la de sus otros colegas en la CC. Solo así se explica el silencio en torno a la tardanza para emitir la resolución y la posibilidad de que la acción y la maniobra de Maldonado Aguirre, encuentre eco entre los demás integrantes de la Corte.
En esas circunstancias corresponde a quienes objetan el camino fácil de la impunidad, salir al paso a la maniobra y denunciar públicamente a los actores de la tolerancia al crimen. Guatemala corre el riesgo de ser una nación paria en materia de derechos humanos, si una resolución de este tipo ve la luz y libra así a los criminales de dar cuenta por sus actos. Ninguna amnistía, por más que implique el reconocimiento de la responsabilidad en los crímenes por los que procura librarse, puede ser aplicada sin violentar el marco normativo vigente y el sistema internacional de justicia.
La CC puede avanzar en la profundización del estado de derecho si sostiene y protege la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, también puede irse al abismo con una sentencia favorable a los criminales de guerra y responsables de delitos de lesa humanidad.
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