En las fincas y plantaciones coloniales, el administrador, mestizo generalmente, era el feroz intermediario entre los patronos y los indios, encargado de mantener el orden y las ganancias. Y los habilitadores, que utilizaban la violencia, el racismo y la pobreza, eran los reclutadores de los colonizados. Esos papeles en la finca Guatemala son desempeñados por la clase politiquera, que aparenta ser ajena a dicha oligarquía y que se planta como la portadora del derecho de construir una democracia a imagen y semejanza del orden colonial, así como por la mayoría de los alcaldes y por un sinfín de caciques locales (actualmente, también algunos líderes y autoridades comunitarias), cuya relación y cuyo servicio son directamente proporcionales a los intereses de la élite de poder económico y político.
En esta finca, municipios, comunidades indígenas y campesinas, ciudades medianas y pequeños poblados, guardando las diferencias, son los colonizados en la era de la globalización. El actual proceso electoral refleja esa condición: partidos políticos y candidatos presidenciales asentados en la capital sirven a élites que desde esta controlan la producción de palma africana, azúcar, banano y café, así como las grandes cadenas, los centros comerciales, la telefonía, la electricidad, la minería, depredando los recursos del interior, intermediando en la comercialización fuera y dentro del país y visitando esporádicamente los municipios y las comunidades para afianzar su dominación. Y los alcaldes, los candidatos y los subordinados líderes comunitarios, arrejuntando a la gente para la pleitesía correspondiente. Y así hasta dentro de cuatro años, sin importar la cauda de conflictos locales provocados y afianzando el dicho popular de «si te vi, ni me acuerdo».
Ese centralismo colonial no cambiará con ninguno de los dos finalistas para la segunda vuelta en las elecciones. Transmetro, aeropuerto, Metro Riel, anillo metropolitano, ley de infraestructura, alianzas púbico-privadas, sede de ministerios, cooperantes, organizaciones sociales…, concentrados en la capital en un reflejo de la herencia colonial causante de la desigualdad y la pobreza lacerantes.
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En reciente entrevista en un medio escrito, tanto la candidata de la UNE como el de Vamos hablaron de sus proyectos en caso de ganar, y es notoria la ideología colonialista de ambos al pensar en la capital como la receptora de las grandes obras y los grandes negocios, en tanto que para la provincia, el asistencialismo y el derrame, si es que hay.
El Transmetro recibe de subsidio estatal cerca de 100 millones de quetzales anuales a costa de los impuestos que pagan los transportistas del interior del país, que se debaten en el caos por la falta de subsidio al transporte público, carreteras y caminos adecuados. En cambio, para la capital, el anillo metropolitano y el Metro Riel garantizarán privilegios antidemocráticos, por supuesto pagados con impuestos de todos los guatemaltecos. Al aeropuerto La Aurora se le piensan invertir millones de dólares para alargar su agonía otros 15 años. Si a eso le sumamos las inversiones pasadas que han hecho los gobiernos en medio de la corrupción, con ese monto ya tendríamos un nuevo aeropuerto en el sur del país, moderno y de vanguardia.
La ley de infraestructura está pensada para que grandes constructores hagan las grandes obras, como las mencionadas anteriormente. A la par, a las municipalidades que se animen les quedan los caminos secundarios. Como guinda del pastel, la distribución del impuesto sobre combustibles, que financiará la obra pública, deja en enorme desventaja a los municipios y privilegia a la capital. ¿No suena esto a colonialismo moderno y a desigualdad?
Quiero señalar entonces la lógica perversa instalada hace 500 años, cuando se fundaron las grandes urbes desde las cuales se controlaban el territorio y la población de una manera violenta y subordinada, que pareciera continuar con el centralismo metropolitano —macrocefalia y conurbación, dirían los expertos—. En la nueva orientación de los estudios poscoloniales, debería analizarse si lo que plantea la Fundesa con las ciudades intermedias no es más que afianzar y garantizar para la capital (y para el gran capital) el control del resto de la finca.
La academia y otra clase política, emergente, alternativa y antihegemónica serán los responsables de que no se replique la lógica del pueblo de indios, ahora para tener control absoluto del mercado.
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