La captura del poder local en Nicaragua

Una semana después de que el alcalde de Masaya desapareció de actos públicos, la vicepresidenta Rosario Murillo informó el 1 de junio de 2020 que el funcionario Orlando Noguera había muerto. 

El fallecimiento llamó la atención pública porque Noguera -señalado de violaciones a los derechos humanos durante las protestas opositoras de 2018- era un destacado miembro del sandinismo. La supuesta causa del deceso era COVID19 y su nombre se sumaba a una lista de altos funcionarios sandinistas que fallecieron por la misma causa en distintas zonas del país, mientras el Gobierno minimizaba la pandemia.

Para la alcaldía de Masaya, ubicada al oriente de Managua, la confirmación de la muerte de Noguera supuso escoger a su reemplazo. Según la ley le correspondía a la vicealcaldesa Janina Noguera.  Sin embargo, el sustituto llegó de otra zona de Nicaragua. David Chavarría fue el enviado por la pareja presidencial para asumir como alcalde, tras dos años de realizar trabajos administrativos en la misma comuna.

«Ese hombre ni siquiera es de Masaya. Es de Nueva Segovia (al norte de Nicaragua) y lo mandó la Chayo (Rosario Murillo) en 2018 para asumir como alcalde», cuenta Yohana Ramírez, concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), una de las organizaciones que colaboran con el Gobierno, pero que también alberga a críticos del Ejecutivo, como el caso de esta funcionaria.

Para Ramírez es una paradoja lo que sucedió en Masaya con la imposición de las autoridades centrales, porque cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue oposición entre 1990 y 2006, se caracterizó por apostar por la descentralización. Contrasta con el estilo con el que manejan las cosas hoy.

Con ligeros matices, la situación de Masaya es similar a la de Managua, donde la alcaldesa es Reyna Rueda. Su mandato coexiste con el poder de Fidel Moreno, secretario político del FSLN en esa ciudad, uno de los operadores políticos de mayor confianza de la pareja presidencial y quien funge como secretario general en esa comuna. 

Según un documento notariado, publicado en el diario La Prensa en 2011, Moreno tiene funciones administrativas como la firma de contratos, después de que la antecesora de Rueda, Daisy Torres, le delegó esa atribución en 2009. Hoy él supervisa las obras en la municipalidad y es el rostro público de un programa masivo de viviendas que plantea que las personas pueden acceder al beneficio solo si le escriben a Ortega y le hacen la solicitud. 

En unas elecciones denunciadas como irregulares por un organismo de observación electoral nacional en 2017, el FSLN se hizo con 135 alcaldías, pero ahora tiene dos más (Wiwili y Mulukukú), después de resoluciones judiciales en las cuales, según denunciantes, el FSLN tuvo injerencia. Con estas últimas,  el control se eleva al 90% del poder local, integrado por 153 comunas, con lo que terminaron de imponer la agenda presidencial en las localidades.

El avance del FSLN en el poder local inició en 2008, mediante procesos electorales cuestionados. En ese año, por ejemplo, 33 alcaldías terminaron gobernadas por el FSLN después de que los opositores iban adelante en los conteos. Así lo explicó el organismo cívico Ética y Transparencia.

Fuese comicios locales, regionales (en la Costa Caribe) o presidenciales, el patrón de irregularidades en beneficio del FSLN se mantuvo. En los comicios de 2011, en los que Ortega buscó la reelección valiéndose de una sentencia que le permitió postularse pese a una prohibición constitucional, también hubo denuncias de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

«El Consejo Supremo Electoral ha puesto demasiadas trabas y, a veces, inexplicables. No sé por qué tantos obstáculos, opacidad y trampas en un proceso que debería ser limpio y transparente», denunció  Luis Yánez, jefe de la misión de observación de la UE.

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En 2012, año de elecciones municipales, el partido oficial, gracias a la mayoría parlamentaria lograda un año antes, triplicó el número de concejales. Esto fue calificado por opositores como otro golpe a la autonomía municipal. Entonces la OEA insistió en la necesidad de mejorar el sistema, pero Ortega siguió avanzado en su proyecto autoritario y se quedó con 127 de las 153 alcaldías. 

Cinco años después alcanzó 135, dejando solo 18 a la oposición. Luego sumó las dos que conquistaron a través de maniobras judiciales y el FSLN desarrolló una relación con el poder local que ha fluctuado entre el premio y el castigo, dependiendo de si quienes gobiernan son oficialistas u opositores. 

La revisión de las transferencias municipales a 14 alcaldías de Nicaragua permite establecer  un patrón en que el Ejecutivo beneficia a las sandinistas y afecta a las opositoras. Para llegar a esta conclusión, CONNECTAS revisó siete municipalidades gobernadas por la oposición pero que durante el período anterior (2013-2017) fueron administradas por el FSLN. A partir de 2018, cuando se agudizó la crisis política tras la represión, Hacienda disminuyó las transferencias a la mitad.

Se analizaron otras siete alcaldías porque en ellas el FSLN se ha mantenido en el poder en el mismo período. Representan el 42% de la población urbana de Nicaragua. En estas el presupuesto no cayó en 2018. En 2019 sí tuvieron un descenso presupuestal -consecuencia de la crisis económica que afectó las finanzas del país-, pero fue de entre 63% y 66%, menor que el de las de oposición (entre 68% y 75%).

Pese a la crisis económica y de cara a un año electoral, las municipalidades sandinistas priorizaron obras populares, como la construcción de estadios y otros centros deportivos. Según un informe de la OEA, fueron las zonas territoriales más afectadas por las protestas ciudadanas y en las que sus alcaldes encabezaron la represión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la represión causó la muerte de 328 personas. 

Esa decisión contrasta con las necesidades de estos siete municipios, las cuales se han agudizado por tres años de recesión y una caída acumulada del Producto Interno Bruto (PIB) que superará el 10%. Según los economistas esto encamina a Nicaragua a una etapa de depresión económica, la segunda en menos de cuatro décadas y ambas originadas durante gobiernos de Daniel Ortega. Su primer mandato fue entre 1984 y 1990.

Localizar a los representantes de los alcaldes, agrupados en la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), resultó infructuoso. Se envió solicitud a los alcaldes de Estelí y Matagalpa, ambos sandinistas.

Si el FSLN ha logrado aprobar su agenda es por el control de los concejos municipales. Las construcciones se dan en las comunas oficialistas justo en el año de la pandemia de COVID19 y en absoluta opacidad. Ese es el caso del estadio en Masaya. En el presupuesto se se estableció USD$231,000 para remodelación y luego se anunció la construcción de uno nuevo, sin que se conozca el origen del financiamiento.

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Carlos Brenes, uno de los concejales opositores en Masaya, asegura que hay obras que se arrastran desde hace varios años sin saber las causas y sin conocer el manejo de las asignaciones presupuestarias.

«Ellos priorizan las que sirven para hacerle propaganda al Gobierno. Incluso cuando se inauguran no lo hacen en nombre de la municipalidad, sino del compañero Daniel (Ortega) y la compañera Rosario (Murillo)», explica Brenes, miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

En la ciudad de Nagarote, al occidente de Managua, la obra principal es un bulevar. El problema para el concejal opositor, Nicolás Narváez Noguera, es que esas edificaciones no se ejecutan y se vuelven a incluir al año siguiente sin que los administradores ofrezcan una explicación. 

Narváez detalla que en 2018 asignaron USD$44,000 para el bulevar, al año siguiente se incrementó a USD$52,000 y este año, tras una reforma presupuestaria, fueron USD$77,000. A él le llama la atención que se incluya la compra de plantas ornamentales e insumos de jardinería por casi USD$22,000.

«Por eso exigimos las actas, para saber qué ocurre, pero desde 2018 los concejales opositores no las vemos. En cada sesión del Concejo, a la hora de leer la de la sesión anterior y pedir la firma de aprobación de todos los miembros, ellos se aprovechan de que son mayoría para obviar ese punto de la agenda. Así en los informes de ejecución pueden reportar cualquier cosa. Además esos tampoco los vemos», dijo Narváez. Agrega que la prioridad de los sandinistas es financiar obras visibles para beneficiarse electoralmente. 

Orlando Corea Mendoza, concejal opositor en León, al occidente de Nicaragua, lamenta que siendo minoría no pueden hacer nada. Si se oponen al plan de trabajo sandinista «nos difaman. Dicen que nos oponemos al progreso de la ciudad y de las obras en beneficio de los más necesitados».

Dayra Valle, especialista en temas presupuestarios y representante de Transparencia Nicaragua, critica el secretismo de estas operaciones financieras a nivel local. Asegura que impide verificar en qué se gastan los fondos públicos.

«El dinero se puede desviar a cualquier destino porque no hay rendición de cuentas, transparencia y mecanismos de control. La Contraloría descuida mucho a las instituciones del Gobierno y con las municipalidades tiene una deuda pendiente más grande», dice Valle.

Afirma que la responsabilidad también es de los Comités de Evaluación Municipal, quienes tienen a su cargo la fiscalización, pero lo que se ve es una amplia discrecionalidad y arbitrariedad.

Máximo Morales, concejal del PLC en Larreynaga, explica que «en las municipalidades se cumplen orientaciones verticales. Incluso la bancada sandinista se reúne con varios días de anticipación y cuando se realiza la sesión del Concejo llegan con las decisiones tomadas».

La obra más importante del Programa Anual de Contrataciones (PAC) de León es la remodelación del estadio de béisbol. Durante la administración del sandinista Roger Guardián se destinaron USD$2.88 para la obra. Sin embargo, hace algunas semanas, mediante una donación, se hizo un traspaso de las responsabilidades administrativas del recinto a la directiva del equipo de la liga profesional de béisbol de la ciudad.

«A partir de ahora ellos responden por todos los gastos y el mantenimiento para que siga funcionando. El dinero que estaba destinado para la reconstrucción se usó para comprar el terreno y comenzar a construir uno nuevo que estará listo a finales de 2021», dijo Orlando Correa Mendoza, concejal de León por el PLC.

Correa afirma que la prioridad debió ser la construcción de centros de salud, más vías de acceso o pagar las deudas municipales. 

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En Estelí, al norte de Nicaragua, se invierte en un estadio de fútbol. Las inversiones suman millones de dólares. Según el PAC 2020, le asignaron USD$602,000 dólares para sustituir la grama artificial y casi USD$4 millones para mejorar la infraestructura. Detrás de toda esta inversión se esconde Fidel Moreno, el hombre con más poder en la alcaldía de Managua.

Moreno es originario de Estelí y estuvo al frente de la directiva del equipo de esa ciudad, cuya sede es el Estadio Independencia, donde se hacen las inversiones municipales. El funcionario solo abandonó el cargo en agosto de 2018, después de que Estados Unidos lo  sancionó con la Ley Global Magnistky, aplicada a extranjeros acusados de violaciones a derechos humanos y corrupción. Entre los efectos está la imposibilidad de realizar transacciones bancarias. 

Edgard Tijerino, cronista deportivo, no cree que la estrategia de construir estadios le dé resultado al FSLN.

El periodista fue ministro de Deportes en la década de 1980, durante el primer gobierno sandinista. Ahora es crítico de Ortega. Asegura que varias instalaciones deportivas inauguradas en años recientes, como el gimnasio Alexis Argüello y un complejo de piscinas y canchas de tenis en Managua, se mantienen vacías.  «Por eso no creo que provoquen algo, porque si resultaran atractivas para los jóvenes se mantuvieran llenas», afirma.

Bayron Estrada, experto político, rechaza el intento de manipulación política y considera que también la población ha tomado conciencia de que esos recursos salen de su bolsillo y no del presidente. «El FSLN fracasó, su turno terminó. De nada le servirá llenar el país de estadios», dijo.

En Masaya, a 25 kilómetros al oriente de Managua, frente al estadio Roberto Clemente, un grupo de jóvenes hace volar su imaginación al conversar sobre los cambios en la estructura que tiene 50 años. 

Uno de ellos, sin asomo de duda, dice que el nuevo coloso será igual al de Los Dodgers de Los Ángeles. Así lo dijeron los concejales sandinistas cuando presentaron el proyecto. Masaya fue una de las ciudades más castigadas por la represión estatal en 2018, con más de 40 personas asesinadas.

La vieja construcción, desde donde puede verse la laguna de Masaya, se levanta sobre un área de 17,688 metros cuadrados y tiene  capacidad para 4,000 personas. Son números muy modestos si se compara con el de Los Dodgers, con capacidad para 56,000 personas.

La realidad que reflejan los datos no impide que los funcionarios sandinistas mantengan la promesa de construir un estadio similar. Tijerino insiste en que pueden ponerse a inaugurar una cancha cada semana y no atraerán el voto joven. Lamenta que en Nicaragua el deporte se haya convertido en un asunto de televisión por la falta de apoyo. Aún más, que la intención del Gobierno sea atraer a los jóvenes, cuando fueron los más golpeados por la represión.

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