Una vida que antagoniza, como el blanco y el negro, con la vida de las familias de los más de 800 trabajadores de la hacienda San Gregorio Piedra Parada. En 1992, la hacienda, que se registra como propiedad de la Compañía Comercial Agrónomo Pecuaria, S. A. (Cocapsa), del Grupo Campollo Codina, despidió ilegalmente a 310 de sus empleados. Un despido a todas luces ilegal que la sala de trabajo ordenó revertir a fin de reinstalar a los afectados, pues la empresa se encontraba emplazada y un sindicato estaba en formación.
Lejos de cumplir con las órdenes judiciales, la empresa se mantuvo en su actitud desobediente. Mientras, en un lapso de diez meses es desaparecido un trabajador, Gustavo Rosalío Vásquez López, y asesinados Adrián Miranda López y Velizario López Rojas, los tres integrantes del sindicato de trabajadores. Además de la violación del derecho de organización, los trabajadores enfrentaron respuestas represivas tipo las de los años 80, con muertes, desapariciones y amenazas. A la vez, la compañía integró una asociación solidarista, en ese entonces un mecanismo patronal de sabotaje a la organización sindical.
Pero las cosas no quedan allí. Los despedidos mantuvieron el reclamo con la empresa y, cuando por razones de edad iniciaron la gestión de jubilación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), resultó que no tenían derecho a esta. La razón esgrimida por el IGSS es que los patronos nunca habían trasladado el pago del aporte de los trabajadores, que sí fue descontado y retenido mes a mes por la hacienda San Gregorio Piedra Parada. Por el salario percibido por los trabajadores, el monto descontado era de centavos de quetzal, los cuales, según el ente de seguridad social, llegan a representar 3.5 millones de quetzales: una deuda que continúa vigente y que por impago ha aumentado a casi un cien por ciento.
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Para reclamar que los nuevos patronos, el Grupo RQ Roberto Quintanilla, pagaran la deuda que adquirieron con la compra, los extrabajadores, ancianos, protestaron al frente de estos en junio de 2017. En esa ocasión las balas fueron una vez más la respuesta y Eugenio López y López, de 72 años, fue asesinado por la espalda con disparos de escopeta hechos por un hombre que salió de la finca y retornó a esta en un picop.
Como don Eugenio, sus compañeros tienen el rostro moreno surcado de arrugas por la edad y la memoria del trabajo. Como él, durante casi 30 años pagaron, mediante la retención que les hicieron los Campollo Codina, sus patronos, la cuota correspondiente al IGGS para gozar de jubilación y atención médica. Sin embargo, al igual que cuando se les despidió ilegalmente en 1993, en 2017 les respondieron con bala.
El caso vuelve a tribunales para discutir la obligación de los patronos de cumplir con el pago al IGGS, pero la audiencia fue suspendida por séptima ocasión. Durante sus años laborales la familia Campollo les robó, cual vil pepena, centavos, la cuota laboral. Luego, los tribunales continúan robándoles al negarles la justicia a la cual tienen derecho. Se dejaron la vida en la finca de caña, hoy pomposa integrante del llamado cartel del azúcar. Y mientras los dueños iniciales y los actuales viven sin limitaciones, quienes con su trabajo construyeron el emporio empresarial siguen muriendo sin recibir los beneficios a los cuales tienen derecho. La villanía patronal de los capos del azúcar en Guatemala es uno de los miles de ejemplos de cómo el empresariado de élite en este país acumula riqueza mediante la infamia y la alevosía mientras hunde en la miseria a quienes lo enriquecen.
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