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La batalla por el transfuguismo
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La batalla por el transfuguismo

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Hay partidos a los que el cambio del transfuguismo les afecta poco o nada. Entre estos se encuentran UNE, UCN y Todos.
El diputado Luis Hernández Azmitia del Movimiento Reformador fue quien inició la batalla por el transfuguismo en mayo pasado.
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A menos de seis meses para la convocatoria a elecciones, los diputados corren una carrera contra el tiempo para aprobar la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que permitiría el transfuguismo luego del tercer año de legislatura. De no lograr el cambio a tiempo, se enfrentan a dos escenarios: un arduo proceso legal para lograr que el Tribunal Supremo Electoral admita sus candidaturas para la reelección, o quedar fuera de la contienda.

El transfuguismo tiene secuestrada la agenda legislativa para el segundo período de sesiones ordinarias. Alrededor de 60 diputados no podrían optar a la reelección en los comicios de 2019 porque ya no forman parte de la agrupación política por la que fueron electos, según el artículo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, modificado en 2016 por ellos mismos.

La desesperación se vuelve más evidente conforme la convocatoria a elecciones se aproxima. Uno de los bloques más agobiado es el de Alianza Ciudadana, conformado por disidentes de Libertad Democrática Renovada (Lider). Delia Bac Alvarado, una de las cabezas de esa agrupación, es también una de las más fervientes promotoras de la reforma. Durante las sesiones del 21 y 22 de agosto se rumoró que junto a varios colegas presentarían una moción para alterar la orden del día e incluir el cambio a la ley. El primer secretario de la Junta Directiva, Estuardo Galdámez Juárez (FCN-Nación) confirmó este intento. “Hoy no se hizo –presentar la moción- porque se rompió quórum”, dijo.  El congresista agregó que el transfuguismo es una iniciativa que presentarán en el momento que consideren tengan los votos necesarios.

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Bac Alvarado se movió en el pleno de manera no tan sigilosa. Al ver que el intento de cabildeo no iba bien y el quórum disminuía conforme pasaban los minutos, se le notó molesta e incluso llegó a hablar con la Junta Directiva en varias ocasiones. Cuando el número bajó de los 100 diputados, se dio por vencida. Al menos por ese día.

El cambio original al artículo del transfuguismo explicaba que un diputado podía cambiarse de partido político al cuarto (y último) año de la legislatura. Si quería hacerlo antes, debía declararse independiente y perder los beneficios de ocupar puestos en la Junta Directiva o de presidir alguna de las comisiones legislativas.

Durante la votación de las reformas a la ley electoral de 2016, el entonces presidente del Congreso, Mario Taracena, presentó una enmienda al artículo 205 Ter, en la que suprimía la parte del texto que permitía el cambio de bancada. Los congresistas aseguran no haber caído en este error hasta dos años después.

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Hay partidos a los que el cambio del transfuguismo les afecta poco o nada. Entre estos se encuentran la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Unión del Cambio Nacional (UCN) y Todos; de ahí que la iniciativa no haya obtenido aún los 105 votos necesarios para ser aprobada. Lo que también ha empantanado la agenda legislativa desde hace más de dos meses. La falta de apoyo hacia sus colegas se debe a la renuencia a desgastarse frente al electorado a menos de seis meses de la convocatoria a elecciones, programada para enero de 2019.

Para muchos “es un riesgo innecesario”, pero podrían negociar si se dan las condiciones favorables a sus intereses. Por ejemplo, la bancada de la UNE podría dejar “libre” el voto de sus diputados respecto al transfuguismo, a cambio de que los favorecidos por esa reforma apoyen la modificación al artículo 407 N del Código Penal, el cual podría beneficiar, entre otros, al jefe de bancada de ese partido, Orlando Blanco Lapola.

Blanco Lapola perdió la inmunidad por una investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), por un caso de supuesto financiamiento electoral ilícito que recibió el partido en las elecciones de 2015, cuando era Secretario General.

La reforma a ese artículo, que se discute desde hace más de seis meses, también podría beneficiar a otros políticos señalados por casos similares, como Roberto Villa del desaparecido Lider, y Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala, así como a al menos una decena de empresarios señalados de haber financiado de forma anónima, y por lo tanto ilícita, las campañas políticas.

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Los bloques más afectados en caso el transfuguismo no sea aprobado, serían Alianza Ciudadana y Movimiento Reformador, los cuales están conformados por congresistas tránsfugas que provienen mayoritariamente de Lider y del Partido Patriota. También afectaría a los diputados de la bancada oficialista, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), de la que 25 de sus 36 integrantes provienen de otros partidos. Para estos últimos la situación es más compleja, si se llega a concretar la petición del Ministerio Público sobre la cancelación del partido, pues pasarían a ser independientes.

Hay un grupo de diputados, como Stella Alonzo Bolaños y Roberto Villate Villatoro, que tendrían una batalla más fácil de no ser reformado el artículo que prohíbe el transfuguismo. En el caso de ambos, sus partidos fueron cancelados y ellos nunca renunciaron a este. La cancelación los obligó a declararse independientes. En teoría, no son tránsfugas y su derecho de ser electos no tendría que verse condicionado por algo externo a su voluntad.

La desesperación de los diputados ha llegado a tal punto que en la primera semana de sesiones ordinarias los tránsfugas se declararon “en huelga” e hicieron un boicot a la agenda legislativa hasta conseguir su objetivo.

El abanderado del transfuguismo

Los diputados afectados, que rondan entre los 50 y 60, sostienen que se el artículo que prohíbe el transfuguismo les veta el derecho humano de elegir y ser electos. En la actual legislatura, el cambio de la ley implicó cambios en la estructura de poder de varios bloques. Por ejemplo, Delia Bac y su hija, la diputada Eva Monte Bac, tuvieron que renunciar a su jefatura de bloque y presidencia de comisión de trabajo, respectivamente, luego que la Corte de Constitucionalidad otorgara un amparo provisional a la organización no gubernamental Acción Ciudadana el pasado 11 de junio. Esto por haber cambiado de bloque legislativo luego de las reformas a la ley electoral en 2016. La corte también ordenó que otros diez congresistas dejaran las jefaturas y subjefaturas de bloque y las presidencias de las comisiones legislativas que poseían.

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No fue la primera vez que la Corte de Constitucionalidad actuó contra los tránsfugas. En enero ordenó al Congreso elegir de nuevo a su Junta Directiva ya que en la planilla original se encontraba la diputada Alejandra Carrillo de León, electa por el PP y en ese entonces integrante del Movimiento Reformador. Carrillo tampoco habría cumplido con los tiempos establecidos para el cambio de partido previo a la entrada en vigencia de la LEPP.

El diputado Luis Hernández Azmitia del Movimiento Reformador fue quien inició la batalla por el transfuguismo en mayo pasado, cuando presentó una iniciativa para reformar el artículo 205 Ter de la ley electoral. La Comisión de Asuntos Electorales, encabezada por el representante Luis Alonzo Pernilla del Frente de Convergencia Nacional, dictaminó favorablemente este documento el 9 de agosto. Alonzo tardó casi tres semanas en obtener las firmas necesarias para validar el dictamen.

“Yo creo que aquí hay miedo”, dijo el vicepresidente de la comisión, Víctor Estrada Orellana, electo por el Partido Patriota y ahora integrante del Movimiento Reformador, el día que se presentó el dictamen al preguntársele acerca de la anuencia de sus colegas de firmar el documento. “No se puede vetar el derecho de elegir y ser electo” y el cambio que se hizo en 2016 hace exactamente eso, agregó.

Todo apunta a que la agenda seguirá detenida mientras se sigue librando la batalla por el transfuguismo. Los diputados más optimistas a favor de esa reforma esperan con ansias la llegada al Congreso de la solicitud de antejuicio solicitada por el Ministerio Público en contra del presidente Jimmy Morales por un caso de financiamiento electoral ilícito. Sus votos a favor o en contra de mantenerle o retirarle la inmunidad al mandatario, serán la nueva carta por jugar.

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