Por muchos años, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso funcionó como una suerte de cloaca parlamentaria. El listado geográfico de obras, las asignaciones a las oenegés corruptas, los candados presupuestarios y otros instrumentos para ejercer poder eran negociados a puerta cerrada, con lo cual se perfeccionaba la corrupción.
El 2016 ha sido una excepción: desde que el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto para 2017, la CFPM adoptó una política de puertas abiertas, con la cual su dictamen favorable lo emitió tomando en cuenta audiencias públicas y reuniones técnicas con entidades del Ejecutivo, centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, etc. Quizá por primera vez el proyecto de presupuesto fue dictaminado con preocupación por la apertura, la inclusión y la transparencia.
Por supuesto, el dictamen favorable emitido por la CFPM no es perfecto y tampoco dejará satisfechos a todos los sectores participantes. Pero las falencias que pueda tener no se comparan, por mucho, con las aberraciones a favor de la corrupción de los dictámenes de años anteriores. Es un dictamen que refleja la metodología política de alcanzar el máximo grado de acuerdo posible reconociendo acuerdos y disensos con un grupo muy diverso de sectores y posicionamientos.
Entre las principales prioridades que siguió la CFPM en su dictamen destacan proteger las asignaciones para el gasto social (principalmente prioridad para contribuir al esfuerzo de recuperar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, una suerte de enfermo terminal que se debate entre la vida y la muerte), reducir las asignaciones a entidades que han demostrado escasa capacidad de ejecución o han sido objeto de cuestionamientos serios de corrupción y reducir las asignaciones para contratos de obras de inversión pública en infraestructura vinculados a casos de corrupción en investigación o que tienen anomalías serias en sus fuentes de financiamiento.
Las reacciones entre el oficialismo y la coalición oscura que eligió a la junta directiva del Congreso que asumirá en enero de 2017 han sido de rechazo al dictamen de la CFPM. Al parecer, la reducción de asignaciones cuestionables o altamente vulnerables a la corrupción, la imposición de candados y la prioridad para el sector salud no gustan al brazo interventor del círculo de exmilitares cercanos al Ejecutivo de Jimmy Morales. Es más, están cabildeando para que el pleno del Congreso rechace el dictamen y apruebe con mayoría calificada la versión original del proyecto de presupuesto, sin las correcciones técnicas introducidas por la CFPM.
Así las cosas, en los días venideros, en el Congreso se librará la batalla final por el presupuesto: por un lado, la CFPM, que defenderá su dictamen, originado en las audiencias públicas y en la mesa técnica; y por otro, el brazo intervencionista del Ejecutivo en el Congreso, operado por la oficialista bancada FCN-Nación y sus aliados, que buscan rechazar el dictamen de la CFPM y aprobar la propuesta original, sin cambios. Será el primer pulso de poder luego de la reconfiguración del Congreso operada con la elección de la nueva junta directiva.
Lo que me preocupa es que no solo esta batalla por el presupuesto, sino además todo el asunto de la recaptura del Estado por las mafias, parecieran ser temas ajenos a nosotros. Y así, me temo que la ciudadanía guatemalteca volverá a ser un espectador haragán y ajeno a los procesos políticos más importantes de la coyuntura actual.
¡Qué lejanos y muertos lucen ya la plazocracia y el incipiente movimiento social de 2015! ¿De verdad lo visto hasta ahora fue todo lo que la ciudadanía podía hacer?
Más de este autor