Estaban ciertos, eso sí, que la gratuidad de la docencia pública tendría que suspenderse, como también lo estaban en desvincular la asistencia escolar a las transferencias económicas para los más pobres y así reducirlas al más simple y llano clientelismo, suponiendo que así se eternizarían en el poder con su modelo militar autoritario. Ampliar la cobertura, en consecuencia, no era una cuestión que les preocupara, como ha quedado totalmente demostrado al acelerarse el incremento de niños fuera del sistema escolar. Jugar a las evaluaciones era más que fácil, el proceso estaba funcionando más que bien desde hacía seis, siete años, pero desarrrollar procesos de seguimiento permanente no estaba dentro de sus expectativas.
El proceso de transformación de la formación inicial docente había sido arduo y no se había comenzado a socializar en el gobierno anterior porque algunas de las variables a considerar no estaban del todo definidas, en particular la cuestión de los contenidos básicos y el incremento del tiempo para obtener el diploma. El cierre de las escuelas normales no estaba en el tapete, pues lo que se discutía desde hace más de diez años era cómo mejorar su eficiencia sin afectar la rectoría del Estado sobre tan importante proceso de construcción de un tipo de sociedad.
Sin embargo, ese proceso les cayó del cielo para apretar unas roscas más en la tuerca de la privatización del sistema, por lo que se lo apropiaron y aceleraron. Esta vez los beneficiarios no serán los pequeños y débiles empresarios tradicionales que desde hace décadas comercian en los departamentos y pequeñas localidades con la educación, sino las universidades que más temprano que tarde pondrían la mano en el filón de los recursos públicos asignados a este proceso.
En la prisa por lograrlo, mostraron su marcado rostro autoritario, compatible con el estilo patriotista (militar) de hacer gobierno. Amparados en el desprestigio que, por décadas, los privatizadores han hecho de la enseñanza pública recibieron la bendición tanto de ingenuos como de oportunistas, pues el simplismo de su discurso ofrecía solucionar de la noche a la mañana –como por arte de magia– la calidad de la educación.
Pasado más de la mitad del período legal del régimen militar que se nos impuso, la situación comienza a mostrar su verdadera cara: La Universidad de San Carlos no tiene las condiciones estructurales, académicas y económicas para asumir una responsabilidad que en ningún momento ha sido seria y objetivamente discutida por su Consejo Superior, ente más que pesado y lento, con escasa capacidad para asumir el reto de liderar la transformación del sistema escolar guatemalteco. En la actualidad, según las propias autoridades ministeriales, entre la EFPEM y el MINEDUC aún se discuten los lineamientos generales para la formación de los nuevos educadores, los que no necesariamente deberán ser asumidos por las universidades privadas con las que desde hace algunos meses se firmaron contratos para desarrollar el mismo proceso.
Con toda claridad y ahora ya sin mayor sonrojo privatizador, la Ministra ha afirmado que “Las universidades son autónomas y ofrecen la educación de acuerdo con sus lineamientos” y que, en consecuencia, ese consorcio privado financiado por el MINEDUC vendrá a asumir el negocio desde sus propias perspectivas e intereses. Y si bien esas instituciones, según sus propias palabras “establecieron los mínimos para ese profesorado”, nada ni nadie las impide que terminado el subsidio público se saquen entre ellas los ojos para quedarse con las cuotas que el Estado o los propios padres de familia vengan a pagar por la escolaridad de los futuros maestros.
Lamentablemente, lo que en varias oportunidades y lugares dijimos respecto a que con el proceso establecido lo único que sucedería seria la privatización de la formación de maestros sin que por ello la tan exigida calidad se diera, ha quedado más que evidenciado. Las nuevas universidades privadas que aliadas a la que en una época fue referencia de formación científica, forman el citado consorcio han comenzado a lucrar y corren desde ya con ventaja, y de ahora en adelante el club de vendedores de diplomas de educación superior tendrá algunos competidores más, sin que por ello la calidad de los docentes tienda a mejorar, como no tenemos mejores abogados o administradores de empresas porque esos diplomas los ofrezcan todas las universidades existentes. Todo lo contrario, en la disputa comercial por las clientelas cada una ofrecerá los mismos diplomas pero con exigencias menores, pues lo que importa en los negocios son los lucros y no la oferta de productos de mejor calidad. El Estado, como representante genuino de la sociedad verá el negocio desde fuera y todos nosotros el despeñadero total de nuestro sistema escolar.
¡Qué triste y doloroso en este caso es no haberse equivocado en la interpretación de los hechos!
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