Uno de los dos tribunales en funcionamiento en primera instancia, el dirigido por el juez Miguel Ángel Gálvez, se encuentra prácticamente saturado de casos de diversa índole. Allí se ventilan desde gravísimas violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno hasta delitos de estructuras de crimen organizado. A ello se añade, por su magnitud, la persecución de las estructuras criminales enquistadas en el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti o en dependencias públicas como el Seguro Social.
Los casos son muchos y de gran magnitud. En el caso de La Línea, por ejemplo, se habla de interrogar a un estimado de 1 500 empresarios, sin contar los sindicados ligados a proceso y los juicios contra Pérez Molina y Baldetti. El calendario del tribunal se encuentra desbordado, y ello conlleva no solo retardo en la programación de las audiencias, sino también dificultad en evacuar con prontitud las diligencias procesales requeridas por la acusación o la defensa.
El otro tribunal, bajo la conducción de Carol Patricia Flores, tiene acumulación de procesos, pero también enfrenta dificultades de credibilidad por los requerimientos de antejuicio contra la titular. En tanto no haya sustitución de Flores, una eventual salida de la juzgadora podría significar la paralización del trámite de primera instancia de dicha sala, en detrimento de los casos allí ventilados.
En fuentes judiciales se ha mencionado la posibilidad de apertura de un tercer tribunal de mayor riesgo. Sin embargo, en el caso de que se produjera, no necesariamente será en el corto plazo. Hay necesidad de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) seleccione a quienes integrarían el juzgado mediante un proceso que garantice la integración con juzgadores o juzgadoras intachables y de la mejor calidad. La CSJ tendría en el juez Gálvez el perfil al cual debe aspirar como mínimo en cuanto al tipo de profesional que habría de conformar el tercer tribunal de mayor riesgo.
La apuesta estratégica, sin embargo, debe mantenerse en la depuración plena y sostenible del Organismo Judicial (OJ), así como en la puesta en marcha de las reformas necesarias. Por los crímenes que la aquejan, la sociedad guatemalteca no puede darse el lujo de que la saturación de los tribunales que sí funcionan sea un factor que favorezca la impunidad.
Si en su momento el magistrado Barrientos fue una golondrina de la CSJ para impulsar las mejoras al sistema, el juez Gálvez no puede quedar en solitario en su misión. Mantener el esquema actual es contraproducente a la construcción de un sistema sólido y sostenible en la administración de justicia y, por ende, en el combate de la impunidad.
Las juzgadoras y los juzgadores honorables y capaces que Guatemala merece requieren de condiciones orgánicas y funcionales para darle vida a un nuevo sistema. Esas condiciones pasan por la emisión de leyes que eliminen los puntos ciegos en la conducción del OJ y que separen los ámbitos de conducción desde la CSJ y de gestión meramente administrativa. Garantizar la estabilidad laboral de los administradores y las administradoras de justicia es también una necesidad imperiosa a fin de evitar el uso perverso del desempleo para retorcer las resoluciones judiciales.
Finalmente, el posicionamiento de los recursos necesarios para que el sistema funcione a plenitud habría de ser el paso indispensable para mejorar las condiciones de los administradores de justicia. De esa manera, los tres poderes del Estado tienen por delante una tarea fundamental a fin de generar, con medidas audaces, en el corto plazo, los cambios que favorezcan una mejoría en la gestión judicial, así como en el desarrollo y la promoción, en el mediano y largo plazo, de las reformas que permitan superar el flagelo de la impunidad en todos los ámbitos.
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