La alianza por la impunidad

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia —CSJ— han decidido pagar cuanto antes el favor que esa alianza les hizo al nombrarlos de manera exprés. Y para ello no solo dispusieron castigar a los jueces y las juezas que cuestionaron la acción ilegal e irresponsable del diputado Rivera, sino que, según parece, estarían dispuestos a poner contra la pared al sector responsable y prodemocracia del Tribunal Supremo Electoral —TSE— autorizando que se proceda a aprobar o no el antejuicio.

Quienes presentaron la denuncia contra tres miembros del TSE son, evidentemente, simpatizantes, activistas y empleados de una de esas franquicias electorales, y la CSJ parece ser proclive a saltarse todas las trancas y colocarse por encima de otra corte con una argumentación por demás baladí.

La situación no es sencilla ni mucho menos insignificante. De ser eso cierto, los magistrados de la CSJ estarían autorizando a los mismos grupos políticos que ya han sido sancionados a que decidan si enjuician o no a los miembros del TSE que los han estado obligando a cumplir la ley. Su aporte a la destrucción de la democracia sería más que evidente: los magistrados estarían permanentemente bajo presión, pues es más que seguro que la comisión pesquisidora estaría integrada solo por miembros de esas dos agrupaciones y no presentarían su decisión inmediatamente, sino que le darían largas al asunto para tener bajo presión constante a los magistrados.

Los últimos acontecimientos muestran que la alianza PP-Líder no ha sido circunstancial ni momentánea. No se asociaron solo para elegir a los miembros de las cortes o aprobar el presupuesto de este año. La alianza viene de antes y, por lo que parece, espera proyectarse más allá de 2015. La mercantilización del poder y de la política ha llegado a su nivel más evidente y claro. No es una cuestión para mientras. Es un pacto de impunidad en el que cada grupo ha encontrado las partes débiles del otro y, mañosos, prefieren repartirse el poder y el país antes que intentar quedarse con todo y dejar a los otros sin nada, pues, de suceder, el odio y la violencia podrían complicarles a ambos el cómodo control que hasta ahora han venido teniendo del país, sus instituciones y sus riquezas.

La cuestión es sencilla. El Partido Patriota sabe que es muy difícil que pueda ganar las próximas elecciones en buena lid, por lo que necesita con urgencia un aliado que, sin mayor capacidad de movimiento, les asegure a sus principales accionistas la impunidad necesaria. El reparto en proporciones iguales de la CSJ, la cooptación del Ministerio Público y la Contraloría es parte de ese proceso. En el TSE, por lo que parece, no les resulta la jugada tan segura y confiable como hace cuatro años, cuando la mayoría de los magistrados eran patriotas declarados, al grado de que la expresidenta, esposa de uno de los colegas del presidente Pérez, ha sido premiada con el cargo de procuradora general de la Nación, con lo que la señora Villagrán de Letona cierra el círculo de los incondicionales a la alianza.

Los riesgos para nuestra deforme e incipiente democracia son muchos. Sin poderes totalmente independientes volveremos al corrupto sistema que usufructuaron los militares de 1970 a 1985. Lo que hasta ahora ha hecho una de las franquicias será juego de niños si, como estas esperan, anulan toda posibilidad de debate, discusión y participación democrática y se reparten los recursos y los espacios de poder público.

Es de esperar que aquellos que ingenuamente financiaron la campaña patriota imaginando que tendrían un régimen neoliberal a ultranza, pero que no se apropiarían cínicamente de los bienes públicos, acepten públicamente su error. La democracia los beneficia, aunque también beneficie a los que tradicionalmente han marginado y explotado.

Es necesario que todos los actores tengan claro que, si en un momento corrompen y manipulan jueces, contralores o fiscales para salvar sus intereses, a la vuelta de la esquina estos mismos les estarán sacando hasta el modo de andar. Es hora de que se den cuenta de que los extorsionistas no solo son los que llevan el cuerpo cubierto de tatuajes. Los hay también de cuello blanco y corbatas finas, esos que ellos mismos han creado y que tarde o temprano los extorsionarán también a ellos.

Fortalecer el TSE, apoyar su independencia, es a estas alturas una cuestión de supervivencia de la institucionalidad del país. Impedir el antejuicio es una cuestión de vida o muerte para toda nuestra sociedad.

Y en esto no hay ni derechas ni izquierdas. Ni neoliberales ni antiliberales. La independencia clara y meridiana del órgano rector del proceso electoral es el piso de nuestra democracia, y ni el Congreso ni mucho menos los que ya se sienten dueños de todos los poderes deben coartarla.

¿Será que ahora tendremos al Cacif pidiendo en sesión pública que se respete al TSE? Porque no se vale que actúen por detrás, con chantajes o cosas parecidas, aunque el objetivo por ahora sea loable.