Las agendas legislativas suelen ser establecidas, entre otras razones, por tres ámbitos: a) la presión social, b) la agenda pública y c) las necesidades orgánicas del Estado para su administración. Para ello se designan órganos o puestos específicos que puedan tener iniciativa de ley. En Guatemala, dichos órganos y cargos son los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, más la Universidad de San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral y los diputados electos para un período legislativo.
Si se hace una lectura de las agendas legislativas guatemaltecas en el ámbito de seguridad y justicia desde el año 2005, encontraremos que han dominado en aprobación las provenientes de la agenda pública de los acuerdos de paz y de quienes han promovido los derechos de las víctimas. En un ámbito más reducido se pueden mencionar legislaciones específicas provenientes de necesidades orgánicas, en especial las relacionadas con el ámbito de la política criminal, como la Ley Anticorrupción del año 2012.
Uno de los éxitos de dicha ley es que actualizó el catálogo de los delitos. Por ejemplo, incluye el delito de enriquecimiento ilícito de corruptos y de corruptores. Asimismo, hace una actualización de las penas, de manera que eleva la mayoría a un máximo de diez años de prisión, puesto que antes establecía penas máximas de cinco años y conmutables (es decir, se podían sustituir penas o castigos por otros menos graves).
En el 2017, varios diputados señalados por alguno de aquellos delitos de la Ley Anticorrupción decidieron elevar la conmutabilidad a diez años, es decir, autofavorecerse con penas menos graves para nunca ir a prisión aunque los sentenciaran como responsables. Pero no lo lograron por la presión social.
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Sin embargo, esa agenda privada de impunidad nunca desapareció. Valiéndose de una buena iniciativa, sus impulsores planearon hacerla a su medida y generar la posibilidad de que, de ser condenados, acepten cargos y se rebaje el 50 % de la pena. Así, si son diez años de prisión, estos se rebajarían a cinco y, por tanto, se volverían automáticamente conmutables.
Esto solo puede ser resultado de un grupo de políticos que salen del Congreso y que tienen cola que les machuquen. Es insostenible que esto suceda, pues destapa la existencia de una agenda de impunidad, propia únicamente de las mafias y del crimen organizado que han tenido secuestrado el Estado de Guatemala.
Se vienen, además, otras iniciativas de ley que originalmente pudieron haber sido buenas, pero que, una vez conocidas en lectura por artículos, presentan enmiendas que ya encierran el interés de impunidad. Tal es el caso de las iniciativas sobre prisión preventiva.
Esta legislatura, la octava desde la vigencia del actual período constitucional, puede ser señalada y recordada como la legislatura de la impunidad y de la corrupción, de la tranza y del amiguismo.
Es por lo evidenciado que yo estoy de acuerdo con el mensaje de que «no legislen más», puesto que, a pocos días de que terminen su período de gobierno parlamentario, y sabiendo que quienes están votando por estas iniciativas de ley son los no reelectos (es decir, los que pierden inmunidad a partir del 14 de enero de 2020), es mejor que no sigan con esta función. Me parece un pedido social legítimo ante un Congreso ilegítimo.
Esta sociedad no puede darse por vencida. Tenemos que construir hoy nuestros derechos, entre ellos el derecho a vivir libres de corrupción.
