Juicio a Zamora, día 1: claves en la acusación y aviso contra más periodistas
Juicio a Zamora, día 1: claves en la acusación y aviso contra más periodistas
Este lunes 2 de mayo inició el juicio contra el periodista José Rubén Zamora, expresidente del diario elPeriódico, y Samari Gómez, exauxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). Esta es la primera vez que un periodista de Guatemala enfrenta juicio por un señalamiento de lavado de dinero, y para llegar a este punto el sistema de justicia cambió.
Hasta hace nueve meses, José Rubén Zamora, de 67 años, periodista con una trayectoria de más de tres décadas, y Samari Gómez, exauxiliar fiscal del Ministerio Público, no tenían nada en común. Ahora enfrentan un juicio donde, entre contradicciones, se les acusa de integrar una supuesta estructura criminal que usaba información de las investigaciones penales para chantajear a sindicados de procesos judiciales.
Zamora es acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias y Gómez de revelación de información confidencial. Ambos enfrentan debate en el Tribunal Octavo Penal, con la jueza Oly González como presidenta, y Griselda Ordóñez y Otto Hugo Valvert Veras como vocales. La jueza González, quien seis meses atrás condenó a la exfiscal Virginia Laparra, anunció que las audiencias del juicio serán consecutivas, por lo que se prevé que habrá una sentencia pronta.
Para llegar a este punto, Zamora ha pasado nueve meses aislado en una prisión, mientras que la Feci, dirigida por Rafael Curruchiche, procesó a tres de sus abogados y a una extrabajadora de elPeriódico, y recientemente capturó a dos de sus antiguos defensores. Además, con él en la cárcel el medio que fundó en 1996 dejó de tener edición impresa y despidió a la mayoría de su personal por falta de fondos.
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Mientras que en la última década el país dio señales de avanzar en la lucha contra la impunidad al procesar a altos políticos y empresarios, el actual Ministerio Público dirigido por la fiscal general Consuelo Porras desmanteló la Feci, la unidad que investigó grandes casos de corrupción y nombró como jefe al fiscal Curruchiche, quien cambió el rumbo de los casos y fijó su mirada en los jueces y fiscales que llevaron esos expedientes. Porras y Curruchiche ahora están incluidos en la Lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, señalados de «desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios de gobierno».
Aunque solo Zamora está siendo juzgado, también hay seis periodistas y tres columnistas bajo investigación por supuestamente conspirar para obstruir la justicia a través de sus reportajes y artículos de opinión de este caso. La investigación, que fue ordenada por el juez Sergio Mena, sigue en marcha y está abierta a que la Fiscalía pueda investigar a cualquier medio de comunicación en Guatemala, tradicional o digital.
El inicio del juicio coincidió con la víspera del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Los puntos claves del caso
El MP es señalado en los últimos dos años por entidades internacionales de dirigir, a través de la Feci, una persecución contra operadores de justicia, así cómo de criminalizar la labor de los periodistas y de la sociedad civil.
Al mismo tiempo, más de 100 sindicados en casos investigados por la anterior administración de la Feci han sido beneficiados por juzgados y salas de apelaciones con el cierre total o parcial de sus procesos.
En la mayoría de esos procesos, el apoyo de la Feci es la Fundación contra el Terrorismo (FCT), que es aceptada como querellante adhesiva. Este es el primer juicio de la era Feci-FCT.
En el juicio contra Zamora, la fiscal Cynthia Monterroso y su auxiliar Edvin Alexander de León Menchú también deberán probar que la exauxiliar fiscal Samari Gómez habría revelado información de uno de sus casos a Juan Francisco Sandoval, exfiscal de la Feci, luego de que este fue destituido del cargo en junio de 2021 cuando investigaba dos casos que apuntaban al presidente Alejandro Giammattei.
Por otro lado, según Monterroso, Zamora recibió 300,000 quetzales en efectivo de parte del banquero Ronald García Navarijo, para supuestamente lavarlo.
La Fiscalía asegura que el vínculo entre Gómez y Zamora es el exfiscal Sandoval, contra quien pidieron una orden de captura y de extradición. La tesis del MP es que Sandoval le filtraba información de los casos a Zamora para que el periodista «chantajera a los sindicados» como García Navarijo, quien era investigado por Gómez.
Así, la Fiscalía asegura que supuestamente existía una red criminal de periodistas. Para probarlo, Curruchiche y Monterroso dijeron que cuentan con declaraciones, documentos y grabaciones de conversaciones hechas por García Navarijo, el exbanquero que denunció a Zamora.
Sin embargo, ya empezaron a verse algunas fisuras en la acusación.
En el primer día del juicio se presentaron los alegatos iniciales de cada parte; la defensa de Gómez pidió que se le cambiara el delito por el que fue acusada, revelación de información confidencial, lo cual fue rechazado por el Tribunal. Además, los abogados de ambos sindicados cuestionaron la legalidad de algunas de las principales pruebas, como las grabaciones hechas por García Navarijo sin autorización judicial.
En esta jornada declaró Samari Gómez, quien tomó más de una hora para exponer a detalle por qué considera que este caso es falso y es «una venganza personal» de Navarijo. Gómez aseguró que no se comunicaba con Juan Francisco Sandoval cuando él ya no era parte de la Feci; dijo que el MP no especifica cómo, cuándo, dónde y qué información se habría revelado; que solo una vez había visto a Zamora y que nunca presionó a Navarijo para que declarara como colaborador eficaz, como afirma la Feci y la FCT.
La tensión fue evidente durante el interrogatorio hecho a Gómez. En una de sus preguntas, la fiscal Cinthya Monterroso se refirió a dos personas distintas, por lo que Gómez le dijo: «Reformule su pregunta, porque primero me dijo el señor Navarijo y después Francisco Sandoval».
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Monterroso respondió: «El Tribunal es el que ordena aquí disculpe. Ellos son los que tienen que decir».
La jueza González añadió: «¿Acaso no tiene ella el derecho de pedirle a usted que reformule su pregunta?».
A su lado se sentó Eliseo Humberto Solís Muñóz, representante de la Procuraduría General de la Nación, quien tuvo pocas intervenciones en la audiencia, y se adhería a lo que solicitaban sus pares. Previo a iniciar se tomó una fotografía junto a Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, presidente y abogado de la FCT, organización de extrema derecha que se ha querellado en casos contra fiscales, jueces y periodistas.
Los detalles de la audiencia
En una sala de audiencias gris y tonos neutros, está sentado José Ruben Zamora, el periodista capturado en julio de 2022. Se le ve sereno, aunque momentos antes dijo: «En este juicio me van a sentenciar». Cuando los agentes del Sistema Penitenciario le quitan las esposas, agarra con prisa su libreta amarilla y con la mano izquierda toma notas con paciencia.
A la lista de cosas que han pasado en su proceso, se suma una de las más recientes: la captura de su primo Juan Carlos Marroquín Godoy, quien sería uno de los testigos en su caso. La Feci señala a Marroquín de supuestamente concertarse para elaborar un contrato para la compraventa de una obra de arte que tendría relación con los 240,000 quetzales en efectivo localizados en la residencia de Zamora.
Además, por este caso ya fueron condenados dos abogados defensores de Zamora: Mario Castañeda y Romeo Augusto Montoya, quienes se declararon culpables de conspiración para la obstrucción a la justicia, lo que los llevó a recibir reducción de la condena para salir de la cárcel. También corrió la misma suerte Flora Silva Flores, exgerente de elPeriódico.
A eso se suma la captura de Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito, quienes fungieron como defensores de Zamora y ahora enfrentan los mismos cargos que sus antecesores.
De vuelta a la sala de audiencias, el lugar está lleno de peritos y testigos que declararán en el juicio. Son casi 20 y la mayoría fueron propuestos por la Feci. Entre quienes hablarán frente al tribunal se encuentra Luis Hernández Azmitia, exdiputado acusado de violencia doméstica que asegura que Zamora lo extorsionó.
La jueza Oly González advierte que todos los teléfonos deben estar apagados durante la audiencia; si escucha un ruido de ese aparato, dice, desalojará al dueño de la sala. La solemnidad del juicio se rompe por momentos, cuando interviene el abogado Raúl Falla, de la FCT, y con la voz alzada llama a Samari Gómez «la reclusa» y a Zamora «lavador y chantajista». Este extremo provocó que el periodista pidiera al Tribunal que se respete su derecho a ser tratado como un inocente durante el juicio, lo cual fue aceptado
En otro momento la llamada de atención fue para Méndez Ruiz, quien sentado detrás del MP y la PGN, grabó una parte de la audiencia y apuntó su cámara a la jueza González.
“¿Me está grabando a mí?”, preguntó la presidenta del Tribunal Octavo. Méndez Ruiz respondió que grababa el interrogatorio de su abogado Falla porque ninguno de los medios allí presentes «la trasmitirían».
Un periodista en Tribunales
A la audiencia acudió el fiscal Curruchiche. No fue parte del debate y se sentó al fondo de la sala, desde donde observaba. Durante un receso habló con los medios de comunicación y advirtió que más periodistas podrían ser procesados.
«La fiscal Cynthia Monterroso solicitó que se investigara a estos periodistas porque desde el 26 de julio hasta el día de hoy, el diario elPeriódico y los periodistas que trabajaron en estos medios tenían otro tipo de interés en que la investigación se desviara (...). Esas publicaciones ponían en peligro la investigación», dijo.
Al terminar el primer día del juicio, Zamora fue escoltado por custodios del Sistema Penitenciario hasta la salida de la Torre de Tribunales. El día estaba gris, acababa de llover, y en la calle, esposado y sosteniendo documentos, el periodista esperaba la patrulla que lo llevaría de vuelta a la cárcel Mariscal Zavala, donde guarda prisión aislado.
«Al final es posible que me sentencien, voy a hacer apelación especial, voy a luchar hasta que logre salir de aquí, el tiempo que sea. Lamento por mi familia, me da pena darles esta pena pero es mi trabajo», señaló Zamora.
Su turno para declarar será este 3 de mayo. Mientras tanto, adelantó a los periodistas que su principal argumento de defensa es que el dinero que lo señalan de supuestamente intentar lavar, tiene orígen lícito, ya que venía de un banco y tenía puestos los cintillos que lo probaban.
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