Una vez más, como en Honduras y Ecuador, resuenan acusaciones de golpe de estado. También se construyen sagas neogolpistas vinculando unos procesos con otros para estructurar un relato. En lenguaje kirchnerista, sería un proceso “destituyente” manipulado por poderosas y oscuras manos negras, y en clave conspiranoica se habla de un compló de Monsanto y los transgénicos.
La acción del Congreso y del Senado paraguayos, acusador y juez del proceso, responde al artículo 225 de la Constitución, que establece el juicio político para un presidente por “mal desempeño de sus funciones”. Si bien la fórmula es vaga, así lo quisieron los constituyentes, que tampoco fijaron los mecanismos para su implementación dejándola en manos del Congreso. Aquí coincido con Carlos Gervasoni, quien define el proceso contra Lugo de “inusual e imprudente, pero prima facie no ilegal”.
La destitución de Lugo provocó al menos tres reacciones. La primera, complaciente con su cese y minoritaria fuera de Paraguay. La segunda, preocupada por los hechos y centrada en la protección del “debido proceso” que merecía Lugo, representada por EEUU, la UE y algunos países latinoamericanos como México y Guatemala, pero ninguno de Unasur. La tercera, más beligerante, caracteriza la destitución como antidemocrática y un golpe de estado. La encabezan los países de Unasur y su secretario general, el venezolano Alí Rodríguez.
Algunos presidentes suramericanos (Bolivia, Ecuador, Venezuela o Argentina) se niegan a reconocer al nuevo gobierno, mientras otros (Brasil) hablan de sanciones y eventuales expulsiones (de Mercosur y Unasur). Un caso llamativo es el del presidente uruguayo, José Mujica, que habló de la destitución y del “apoyo de los países del Mercosur a la democracia” con el primer ministro chino Wen Jiabao, muy preocupado por lo que ocurría en Asunción. En realidad, Wen debe haberse interesado en el tema porque Paraguay es el único país de América del Sur que tiene relaciones con Taiwan.
Sorprende la dureza foránea y vecina, más “obispista que el obispo”, mayor que la del propio Lugo. Si bien antes del juicio Lugo habló de un “golpe de estado exprés”, conocido el veredicto del Senado decidió aceptarlo sin adoptar una postura numantina ni convocar a las masas a la resistencia ni desconocer al nuevo gobierno “ilegítimo”. Pese a hablar del “golpe” recibido y de las debilidades de la democracia paraguaya, aceptó paladinamente su suerte.
La falta de quejas en sus primeras declaraciones no las excluye después. Al día siguiente dijo que lo ocurrido fue “un golpe de estado, un golpe parlamentario, un golpe a la ciudadanía, a la democracia”. Debe estar recibiendo grandes presiones de sus antiguos aliados regionales. No se trata de hablar de injerencia en los asuntos internos de Paraguay, ya que existen normas regionales que permiten hacerlo, pero sería buena la reciprocidad, especialmente de los países más celosos de sus situaciones internas, consideradas cotos privados.
Buena parte de las reacciones gubernamentales latinoamericanas, comenzando por Cristina Fernández, contienen un exceso de presidencialismo. Parece que el único poder legítimo del estado es el ejecutivo, que sólo los votos que reciben los presidentes son válidos y cualquier veleidad de control de los poderes legislativo y judicial puede desembocar en actitudes golpistas y destituyentes. Por eso sería bueno preguntarse si los mismos presidentes que se movilizan por la destitución de un colega harían lo mismo (¿lo hicieron antes?) frente a la disolución ilegal del parlamento o a la cesantía de magistrados de Tribunales Supremos.
Una vez más, y esto es lamentable, Paraguay sólo existe cuando enfrenta hechos dramáticos. Paraguay es uno de los países más pobres de América del Sur, con una concentración de la propiedad de la tierra totalmente sesgada a favor de los poderosos. En épocas normales esto no le interesa a casi nadie. Por eso, por su debilidad, muchos se meten con Paraguay pero no con otros. ¿Qué hubiera ocurrido si a algún país suramericano se le hubiera ocurrido criticar a Brasil por el empeachment contra Collor de Mello? Qué no se diga que el trámite parlamentario duró meses, porque las baterías de Unasur ya apuntaban incluso antes de que sus ministros de Exteriores hubieran partido de Río rumbo a Asunción para dictar sentencia, su sentencia, algo que no pudieron hacer.
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