Al iniciar estas líneas, la reactivación económica está próxima para algunas regiones de Honduras y en un marco de suspenso en El Salvador, mientras Guatemala ha ordenado ya una apertura gradual. Como era de esperarse, los primeros días de la reactivación económica se parecen mucho a los últimos días del confinamiento —en una adaptación libre del «último día de despotismo y primero de lo mismo» con el cual se dio inicio a la vida republicana en este lado del mundo—.
Los Gobiernos de estos países no están haciendo nada diferente a lo que otros alrededor del globo: adoptar sistemas focalizados de alertas. Semáforos en los cuales predominan los colores naranja y rojo, a través de los cuales se mide el comportamiento de la pandemia al nivel local para permitir gradualmente la apertura de diversas actividades económicas. Ciudades como Buenos Aires han focalizado sus planes por distritos específicos, mientras otras como Bogotá han utilizado la zonificación para establecer cuarentenas más severas ante los repuntes de contagios.
Estos sistemas requieren de una alta capacidad de los Gobiernos locales para ejecutar acciones. Y es aquí donde radica uno de los mayores desafíos del sistema, especialmente en marcos de escasa descentralización, debilidad estructural o captura por otros intereses.
Entre los múltiples desafíos que la reactivación incluye, hay uno que puede presentarse como una bomba de relojería con el mecanismo activado: el arcaico y por demás indigno sistema de transporte público en la región centroamericana. En casos como el de Guatemala, la existencia de un subsidio estatal no es obstáculo para que los propietarios de unidades que debieron salir de circulación hace 50 años exijan un aumento de tarifas ante la perspectiva de tener que operar con una limitación de pasajeros. Los desafíos logísticos de aplicar y hacer cumplir los protocolos de bioseguridad en el transporte terrestre serán laberínticos.
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Aparte, la reactivación económica se ve marcada por una realidad: la precariedad en el empleo. Realidades tan diferentes como las de Australia y Centroamérica, con altos números de trabajadores que no cuentan con redes de protección social, hacen que la necesidad de generar ingresos sea una prioridad para muchos hogares. Y los repuntes, que han llevado al reconfinamiento de Melbourne, son el siguiente paso en un dominó que genera costos aún más altos para los sistemas públicos de salud.
Por otro lado, en varios sectores de la región se cuestiona ya la continuidad de los mecanismos constitucionales que permiten estados de excepción y que han fomentado en toda la región latinoamericana la adquisición de bienes y servicios en forma poco transparente. El caso de los hospitales comprados por Honduras, que seguramente nunca llegarán, es solo un ejemplo de por qué es cada vez más difícil mantener vigentes estos sistemas cuando los insumos, pese a todos los anuncios, no llegan a los médicos y las denuncias por corrupción aumentan.
La pandemia ha sacado a relucir todas las debilidades de un sistema que ya en el viejo normal era funcional para pocos. Si a esto se debe sumar la imprudencia ciudadana, el naufragio se anuncia en puertas. Casos como el del aumento de fiestas clandestinas en Quito, pese a que no queda una sola cama de hospital disponible ni en lo público ni en lo privado, dice mucho de la condición humana.
Nada nos hace suponer que este juego del gato y el ratón esté por terminar. En un par de semanas se podrá medir el impacto de la reapertura en la región. Esperar…
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