Jueces corruptos, un dolor de cabeza para EEUU

El cable confidencial titulado “Prevenir la excarcelación de narcotraficantes por parte de jueces corruptos” fue escrito por David Lindwall, entonces consejero político de la Embajada de EEUU en Guatemala, actuando como ministro consejero interino, entre finales de junio y principios de julio de 2003. Este era el último año del gobierno de Alfonso Portillo, durante el cual EEUU había descertificado a Guatemala por considerar que hacía insuficientes esfuerzos contra el narcotráfico. La decisión implicaba una reducción en el financiamiento estadounidense de las medidas para controlar el trasiego de drogas en el país.

El documento, filtrado por Wikileaks, también fue revisado por el entonces embajador estadounidense John Hamilton. El texto reflejaba la preocupación estadounidense porque el cambio arbitrario de jueces encargados de casos de narcotráfico, de un juzgado a otro, podía ser un preludio a la liberación de los acusados. El proceso que les causaba alarma era el de Byron Gilberto Linares Cordón, quien estaba detenido en 2003, y a quien el cable ubicó como miembro de la estructura del guatemalteco Otto Herrera.

En declaraciones oficiales, autoridades de EEUU y Guatemala identificaron a Herrera como socio del Cartel de Sinaloa (otras fuentes aseguran que traficaba con el del Golfo) de México. La organización Herrera traficaba un estimado promedio mensual de cinco toneladas (5 mil kilos) de cocaína por Guatemala, según un documento del Departamento de Estado de EEUU fechado en marzo de 2004. Dos meses después de escrito ese informe, Herrera fue detenido en México; se fugó de la cárcel de ese país en 2005. El capo fue recapturado en 2007 en Colombia, donde tenía nexos con el narco, y se presume que fue extraditado a EEUU entre finales de 2008 y principios de 2009 (un comunicado de prensa de la DEA, del 11 de diciembre de 2008, indica que en esa fecha todavía se esperaba la extradición de Herrera desde Colombia). Pero cuando el cable fue escrito en la Embajada de EEUU en Guatemala, a mediados de 2003, Herrera todavía estaba libre y en proceso de preparar su partida hacia territorio mexicano.

Los hechos

El cable explica que “la Embajada supo a principios de junio [de 2003] que el juez Félix Eliseo García Arenas (ampliamente visto como un juez honesto), quien estaba a cargo del caso de Byron Linares….y de dos acusados colombianos en un caso de lavado de dinero por US$14 millones relacionado con la organización Herrera, fue reemplazado por el juez Luis Alfredo Morales López por medio de un procedimiento irregular”.

El caso de los US$14 millones por lavado involucraba el hallazgo del dinero el 2 de abril de 2003 en una casa de La Cañada, en la zona 14 capitalina, alquilada a nombre de Herrera. La casa era propiedad del guatemalteco Jorge Mario Paredes Córdova (capturado en Honduras en 2008 y enviado a EEUU donde fue sentenciado a 31 años de cárcel por narcotráfico en 2010). La policía sorprendió a los colombianos, José Fernando Arizabaleta y Carlos Eduardo Rodríguez Monar, en la casa—por la delación de informantes—con fardos de dólares envueltos en enormes paquetes y ocultos en armarios y archivos de metal. Las autoridades también descubrieron el nombre de Linares Cordón en documentos hallados en el lugar, lo cual fue suficiente para que se ordenara su captura el 24 de abril y fuera detenido el 22 de mayo en la zona 16.

La Embajada de EEUU tenía razones concretas para preocuparse por el caso de Linares Cordón. El cable de 2003 revelaba que “Morales fue el juez que excarceló a varios personajes presuntamente corruptos con nexos cercanos al Presidente Portillo – incluyendo al banquero [Francisco] Alvarado McDonald”.

Desde 2001, Alvarado fue procesado porque los bancos Metropolitano y Promotor (quebrados y cerrados, y de su propiedad) presuntamente favorecieron a empresas de cartón vinculadas a Alvarado por medio de testaferros. El banquero, identificado como uno de los principales financistas de la campaña de Portillo en 1999, no permaneció más de seis semanas en la cárcel en 2004—aunque no por decisión de Morales López, sino de otro juez.

Por aparte, el cable señala que la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) supo “que el presunto traficante Linares [Cordón] estaba informando a sus socios que pronto sería excarcelado”. En asunto de meses, los temores de la Embajada se volvieron realidad.

Medidas preventivas fallidas

Semanas antes de la redacción del cable, el embajador Hamilton se reunió con el entonces Fiscal General David De León Argueta y el entonces Canciller Edgar Gutiérrez. Según el documento, el diplomático pretendía plantear sus preocupaciones a De León por medio de Gutiérrez.

“En esa oportunidad, De León y Gutiérrez informaron al Embajador Hamilton que el Presidente Alfonso Portillo había mediado con la Corte Suprema de Justicia—como lo hizo el Fiscal General—para que al juez encargado le fuera imposible manejar con descuido el caso a favor de los narcotraficantes”, reza el cable respecto a la reunión entre los tres.“En reuniones con el Fiscal General Carlos de León el 19 de junio [de 2003] y con el Ministro de Relaciones Exteriores Edgar Gutiérrez el 24 de junio, el Embajador planteó nuestras preocupaciones respecto a que el cambio irregular de jueces en este caso importante, y que los antecedentes del juez Morales de liberar a conocidos criminales de la cárcel, podría conducir a la liberación de Byron Linares y los dos acusados colombianos en el caso de lavado de dinero contra la organización de narcotráfico de Otto Herrera”, indica el texto.

Hamilton le hizo ver al Canciller Gutiérrez, y al Fiscal General De León, que EEUU consideraba “el caso contra la organización Herrera como emblemático de la habilidad del Gobierno de Guatemala para procesar judicialmente a los principales narcotraficantes”. Además, el cable destaca que “cualquier acción irregular por parte de un juez para excarcelar a los acusados en este caso sería un duro golpe a la guerra contra las drogas en Guatemala”. Si esa guerra parecía tambalear en tribunales, en materia de incautaciones los resultados estaban por los suelos. Los decomisos de cocaína, por ejemplo, se habían reducido en al menos un 60 por ciento entre 2000 y 2003, en relación con 1998 y 1999.

El embajador instó a los funcionarios a mediar con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que esta impidiera que el caso de Linares Cordón fuera mal manejado.

Pecadillos judiciales

Meses después, ocurrió el “duro golpe” que anticipaba el cable. La maniobra comenzó cuando una corte ordenó la libertad de Linares a cambio del pago de una fianza, según el informe de la CICIG de 2011, sobre la elección de la Corte de Constitucionalidad, Colegio de Abogados, y Notarios de Guatemala.

El informe consigna que “en el proceso de apelación número C-239-03 of.1ro. Salas / C-3427-03 Juzgado. 6to., la Magistrada Presidente [Yolanda Pérez Ruiz] de la Sala Décima de la Corte de Apelaciones, falló en su resolución de fecha 29 de septiembre de 2003 revocar la prisión preventiva otorgada a Byron Gilberto Linares Cordón, decretada por el juez sexto de primera instancia del ramo penal y otorgar en su lugar una medida sustitutiva de caución económica por el monto de Q. 75,000.00”.

Antes de que Linares saliera en libertad, la Cámara de Amparos decidió que la medida sustitutiva debía ser revocada. Reportes de prensa indican que la notificación fue emitida “24 horas después” de la liberación del sospechoso, pero una fuente confidencial reveló extraoficialmente que la decisión de la Cámara fue traspapelada por un funcionario judicial, quien la procesó después que Linares fue excarcelado.

El lapsus ocurrió aunque el Fiscal General y el Canciller aseguraron a Hamilton que habían discutido la importancia del caso con el Presidente Portillo y los magistrados de la CSJ. También le habían dicho al diplomático que el mandatario había hablado por separado con el presidente de la corte. El cable no consigna el nombre, pero se trataba de Carlos Esteban Larios Ochaita (quien ocupó la presidencia de la CSJ hasta octubre de 2003, y es el titular actual de la Secretaría General de la Presidencia). Según el texto, el magistrado se habría comprometido a seguir el caso de cerca, y a solicitar “información frecuente y actual del juez contralor [Morales]”.

La Embajada destacó en el documento que “la Corte Suprema no ofreció una explicación sobre por qué los jueces en este caso importante fueron cambiados, ni ofreció devolver el caso al juez original”. Luego agrega, casi optimistamente, que “todos, desde el presidente Portillo para abajo, saben que la Embajada está siguiendo este caso de cerca e incitando al Fiscal General, Canciller y Presidente a seguirlo también”.

Promesas incumplidas

La historia demostró que los esfuerzos de los funcionarios guatemaltecos fueron un fiasco. Linares Cordón fue excarcelado en septiembre de 2003 (un mes antes que Larios Ochaita dejara la presidencia de la CSJ, aunque la Embajada de EEUU le pidió apoyo para retenerlo en la cárcel).

El presunto narcotraficante reapareció ocho años más tarde, en junio pasado, cuando la policía lo capturó en Sololá (ya en 2006, la Embajada de EEUU anunciaba una recompensa de Q1.5 millones para quien revelara información que permitiera ubicarlo).  

Los colombianos, Arizabaleta y Monar, fueron condenados en noviembre de 2004. El Tribunal Tercero de Sentencia los condenó a cinco años de cárcel por encubrimiento (aunque el Ministerio Público los acusaba de lavado de dinero), pero fueron excarcelados antes. Mientras tanto, el Fiscal General De León Argueta fue destituido en febrero de 2004 por “mal desempeño de las obligaciones del cargo que la Ley Orgánica del Ministerio Público”, según el acuerdo gubernativo 84-2004, por decisión del entonces presidente Óscar Berger en Consejo de Ministros.

Para 2009, cinco años después de que la Fiscalía Contra la Corrupción no lograra capturar a Portillo, la Fiscalía de Nueva York lo acusó por lavado de dinero y solicitó su detención a Guatemala (donde fue aprehendido en 2010). La acusación decía que para ello utilizó bancos estadounidenses. Actualmente, el ex mandatario permanece detenido mientras su extradición se dilucida en el OJ.

La fiscalía neoyorkina además identificó a Alvarado McDonald como “co-conspirador” en el proceso contra Portillo. El banquero fue encarcelado en Guatemala entre junio y julio de 2004 (acusado de falsificación de documentos privados, usurpación de funciones y estafa continuada), pero en agosto de ese año le concedieron una fianza de Q7 millones. Tenía procesos abiertos en los juzgados Segundo, Tercero, Octavo, Décimo y Undécimo de Primera Instancia Penal.

Lotería cantada

El 25 de mayo de 2007, la entonces juez octavo de Instancia Penal, Marta Stalling de Sierra, cerró el proceso penal contra el banquero argumentando que primero se debía “agotar” el proceso de quiebra de los bancos Metropolitano y Promotor, en el Juzgado Octavo del Ramo Civil (aunque en una audiencia preliminar por este caso, la Fiscalía de Bancos no se presentó, y el caso se declaró en abandono). Al menos una docena de procesos, entre penales y civiles, se siguieron contra Alvarado McDonald, pero no prosperaron.

En lo que respecta a los jueces, García Arenas (el juez ‘bueno”, según la Embajada) mantuvo su buen récord. En octubre de 2009, la Fundación Sobrevivientes felicitaba al MP y al Tribunal Octavo de Sentencia, de quien García Arenas era miembro, por contribuir a la recuperación de una bebé robada tres años antes.

Mientras tanto, Morales López, titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, quien habría excarcelado a “varios personajes presuntamente corruptos” incluyendo al banquero—según el cable de la Embajada—, citó en agosto de 2004 a Efraín Ríos Montt, ex presidente del Congreso, para interrogarlo sobre su presunta responsabilidad en los disturbios del 24 y 25 de julio de 2003, protagonizados por simpatizantes del Frente Republicano Guatemalteco. El proceso no llevó a Ríos Montt a juicio. En 2005, Víctor Hugo Herrera Ríos, juez quinto del Ramo Penal, lo desligó del caso del Jueves Negro a petición del MP, porque no hubo “elementos para ir a un debate”. En 2004, Herrera Ríos había dictado el arraigo contra el general retirado y prisión domiciliar, orden que luego levantó.

Según el MP, Linares Cordón fue recapturado en junio pasado porque una corte de EEUU requiere su extradición para someterlo a juicio en ese país. Documentos de una corte distrital de Washington, DC, muestran que aparece citado como acusado junto a Herrera.

Ahora, las autoridades estadounidenses siguen dependiendo de las cortes guatemaltecas para que se haga justicia, en esta ocasión en algunos casos de narcotráfico en EEUU

Linares es uno de cuatro presuntos narcotraficantes guatemaltecos cuya extradición está en proceso. Para 2008, el Congreso había aprobado una modificación legal que presuntamente acortaba el proceso de extradición a seis semanas. Sin embargo, los extraditables—incluyendo Linares Cordón—tienen entre dos y once meses impugnando su traslado a EEUU.