En septiembre pasado escribí que el hecho de que en el Congreso de la República no se lograran los 105 votos requeridos para retirarle la inmunidad a Jimmy Morales había sido para él una victoria más bien pírrica. Entonces, el Ministerio Público (MP) había solicitado retirarle el antejuicio a Morales para poder investigarlo por financiamiento electoral ilícito.
Pero ese caso de financiamiento electoral ilícito es solo uno de muchos. Gracias a que la Corte Suprema de Justicia o el Congreso decidieron proteger a Jimmy Morales manteniéndole el antejuicio, el MP no ha podido investigar la responsabilidad de él en casos muy graves como la muerte de las 43 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el caso del bono ilegal que recibió del Ministerio de la Defensa Nacional y el escandaloso caso de haber gozado de bienes y servicios suntuosos adquiridos con recursos públicos. Estos, por mencionar solo algunos de los que se tiene conocimiento público.
Pero quizá el más abominable de todos los señalamientos en contra de Jimmy Morales es la posibilidad de que sea un agresor de mujeres, a la fecha sin investigarse y por lo tanto impune. Gracias a las excelentes columnas de opinión publicadas por Édgar Gutiérrez y Óscar Clemente Marroquín, en la opinión pública ya está sembrada la duda de si Jimmy Morales atacó sexualmente a una mujer o no. Por el derecho sagrado a la justicia de ella, pero también de Morales, en una sociedad justa y democráticamente madura lo más sano es que se investigue, se conozca la verdad y se haga justicia. Por desgracia, tanto en este caso de posible agresión sexual como en los anteriores, según la legislación actual que regula el derecho de antejuicio, en tanto la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República no decidan despojar a Jimmy Morales de su inmunidad, el MP está imposibilitado de investigarlo.
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Por ello es imperativo activar todas las redes ciudadanas contra la impunidad y, en especial, a las organizaciones defensoras de víctimas de agresión sexual para lograr, primero, que la víctima de la supuesta agresión sexual perpetrada por Jimmy Morales ratifique ante el MP su denuncia (porque sí denunció a Morales en 2015, cuando aún era candidato presidencial); segundo, que la Fiscalía presente, con la celeridad que la gravedad del caso requiere, una nueva solicitud para retirarle la inmunidad a Jimmy Morales, y tercero, articular la demanda ciudadana legítima a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso de la República para que le retiren el antejuicio a Jimmy Morales.
Para neutralizar la excusa reiterada del mandatario, estas acciones deben partir del respeto al principio constitucional de presunción de inocencia. Para ello, la demanda ciudadana debe dejar claro que no se está condenando de manera anticipada a Jimmy Morales, sino que se está exigiendo investigar y esclarecer los hechos para conocer la verdad y hacer justicia.
En caso de que la víctima de Jimmy Morales por supuesta agresión sexual ratifique su denuncia, además del evidente e inminente escándalo, el asunto sería de una importancia inmensa: la impunidad de los agresores sexuales es un problema muy grave en Guatemala, que en muchos casos es alimentada por criterios machistas de fiscales y jueces que terminan defendiendo al agresor e imputándole culpa a la víctima.
Para toda víctima de agresión sexual, en especial para mujeres y niñas, de Guatemala y de todo el mundo, sería importantísimo abrazar la esperanza de justicia: demostrar que un agresor sexual no queda impune aun cuando se trate del presidente de la república.
¡Justicia para las víctimas de agresión sexual! ¡No más impunidad!
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