El todavía presidente de la república, Jimmy Morales, ha dejado muy claro su defensa de la corrupción, algo que antes solo se le había escapado en deslices en entrevistas y discursos. Por ejemplo, durante la entrevista con el periodista Jorge Ramos en la cadena internacional Univisión, el otrora cómico no solo consideraba la corrupción como algo «normal», sino que tuvo el descaro de decir que los ilícitos cometidos por su hijo y su hermano fueron en 2013, entonces parte de algo «normal» en Guatemala y en Latinoamérica. Hizo el ridículo defendiendo a corruptos.
La solicitud de retirar el antejuicio al presidente que realizaron la Cicig y el Ministerio Público (MP) el viernes pasado muestra que tampoco Jimmy Morales fue ajeno a la corrupción durante su campaña electoral. Apenas está empezando a conocerse el financiamiento ilícito que él y su gavilla de militares retirados gestionaron para hacerse de la presidencia, para lo cual aprovecharon astutamente la coyuntura especial de 2015.
Ya siendo presidente, Jimmy Morales nunca demostró un compromiso real por la transparencia y por enfrentar la corrupción. Al contrario, siempre se mostró molesto por el trabajo de la Cicig y el MP, más cuando quedó claro que no se le iba a conceder el privilegio de que sus fechorías quedaran impunes. En marzo pasado, Morales hizo el primer despliegue de descaro al insinuar usar sus facultades constitucionales para expulsar al comisionado Iván Velásquez, algo que se advirtió en esta columna hace cinco meses.
O sea, podemos sentirnos indignados y molestos pero no sorprendidos por la acción de Morales. Al intentar expulsarlo declarándolo no grato, Jimmy Morales solo está consumando una trama planeada hace meses, durante los cuales hizo amagues que sirvieron para medir el terreno político y la capacidad de indignación de la ciudadanía. Y como a la plaza se la ha percibido muerta, un recuerdo idílico y nostálgico de algo que fue en 2015 y que hoy ya no es, no es difícil imaginar cómo Morales y su gavilla se envalentonaron y, sintiéndose grandes estrategas, generales nazis ante el mapa de Europa, decidieron ejecutar su plan.
Un plan cuyo primer paso fue la victoria electoral de 2015. El segundo sería la expulsión del comisionado Velásquez y, si la plaza intentaba despertar, el uso de las redes sociales para calificar de «tontos útiles» a los ciudadanos que manifestaran, complementado con espectáculos religiosos que desplazaran a las protestas. Seguirían la captura del MP y la implantación de un régimen que les hiciera los honores a los gobiernos militares de las décadas de 1970 y 1980. Hoy está por verse si este plan, además, incluye la implantación de un estado de sitio para restringir el derecho a manifestar y si la guatemalteca es una ciudadanía que insiste en la valentía y en la acción política y obligaría así a recurrir a la represión violenta y al derramamiento de sangre.
El domingo nos despertó la desagradable noticia del intento de expulsar a Velásquez. ¿Qué garantía tenemos de que mañana no despertemos con un estado de sitio y con la implantación de una ley marcial que restrinja nuestros derechos constitucionales fundamentales?
Jimmy Morales nos ha demostrado de forma fehaciente que es un defensor de corruptos, que menosprecia el mandato que recibió de su electorado y la voluntad de la ciudadanía y que es capaz de usar las facultades constitucionales de la Presidencia para su interés y beneficio personal, pero sobre todo que es un corrupto y ladrón cuyo único destino en una democracia es enfrentar los tribunales de justicia.
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