Los diputados han decidido apoyar (y presionar a que se realicen) las inspecciones de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y del IGSS para establecer que se estén cumpliendo las mínimas normas que el Gobierno estableció para que las industrias continúen laborando.
Con su tradicional intransigencia autoritaria, el pequeño grupo que controla dicha cámara ha dispuesto salir a proteger a los que no cumplen, quienes, en pocas palabras, continúan cometiendo crímenes contra la salud pública sin que nadie los toque. Es de todos conocido lo sucedido en la maquila K. P. Textil, donde más de un centenar de trabajadores resultaron contagiados. Ningún procedimiento judicial se ha abierto contra propietarios y administradores, quienes irresponsablemente obligaron a los trabajadores a continuar laborando sin que se tomaran medidas eficientes para evitar el contagio.
La espiral de contagios no puede ser contenida si los entes públicos no ejercen efectiva fiscalización. Ninguna empresa tendría que temerla si está anteponiendo la salud de sus trabajadores al incremento abusivo de sus ganancias. Pero los dirigentes de la Cámara de Industria, dado que ellos y muchos de los suyos se consideran inmunes a las enfermedades e impunes ante el incumplimiento de la legislación sanitaria, prefieren atacar y desprestigiar a quienes fiscalizan, en lugar de unir esfuerzos para que todos sus afiliados cumplan de manera estricta la normativa, que, valga la insistencia, es débil y simplista.
La situación sanitaria del país sigue siendo crítica, aproximándose a caótica, precisamente porque los organismos del Estado no están cumpliendo con sus funciones. Ante los más que evidentes desorden, irresponsabilidad y manipulación de información sobre la situación de contagios y fallecidos a causa del covid-19, el presidente, con todo el dolor de su corazón, destituyó al grupo político de electoreros que había instalado en el Ministerio de Salud. Pero la solución no está en simplemente cambiar personas, sino en cambiar de tajo las estrategias y sus procedimientos.
Mas, si en la misma Casa Presidencial se han multiplicado irresponsablemente los contagios, como también ha sucedido con un centenar de miembros de la SAAS, responsable de la seguridad presidencial y de sus allegados, poco o nada puede esperarse de los actuales gobernantes al respecto. La Cámara de Industria quiere continuar con ese modelo de irresponsabilidad, que raya en criminal, por lo que las fiscalizaciones desde distintos ámbitos y actores les resultan molestas a pesar de que son en la actualidad más que indispensables.
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Contrario a lo que se quiere hacer creer, el país no se ha detenido industrialmente. Los trabajadores continúan siendo obligados a laborar y a transportarse en condiciones riesgosas, sin más estímulo que la conservación de un precario salario y una débil estabilidad laboral. El Ministerio de Trabajo y el IGSS continúan actuando más como cómplices de la codicia empresarial que como defensores y protectores del trabajador.
Si en Europa la avaricia empresarial fue responsable de la mortandad de adultos mayores puestos bajo su cuidado y protección por Estados que renunciaron a protegerlos, en países como el nuestro son los pobres y trabajadores quienes están siendo sacrificados sin mayor cuidado ni miramiento.
Está más que claro que el Gobierno ha bajado los brazos ante la pandemia y apenas se dedica a contar los fallecidos y a enumerar los contagiados. Si las falencias hospitalarias saltan a la vista, la incapacidad fiscalizadora se diluye ante la multiplicación de contagios y muertes.
Es por ello que acciones como las de la bancada Semilla son importantes, como valioso y valiente ha sido el trabajo de los diputados de Winaq en fiscalizar y denunciar la inoperancia gubernamental.
Lamentablemente, el grupito que férreamente controla ideológica y políticamente la Cámara de Industria prefiere pactos bajo la mesa con diputados corruptos, con la simple intención de maximizar ganancias con el menor esfuerzo.
Valga apenas recordar que toda élite económica que se conforma con las pingües ganancias que la sobrexplotación de sus trabajadores le produce desaparece del mapa más temprano que tarde. Así les pasó a los que por siglos se aprovecharon de los repartimientos coloniales de indios. Igualmente fueron sustituidos después los que se conformaron con disfrutar las ganancias de la cochinilla y del añil cruzando los brazos. Otros, iguales o peores que ellos, se enriquecieron con el café y se aliaron con el explotador extranjero. Hoy son estos supuestos industriales, en su mayoría simplemente maquiladores con bajo desarrollo tecnológico, pero amparados con subsidios, exoneraciones y corruptelas, los que se solazan con el incremento de muertes por causa de la epidemia, seguros de no ser ellos quienes enfermen y de que, muertos muchos de sus trabajadores, estarán a la puerta otros para sustituirlos.
Macabras son las expectativas y triste será el desenlace si, en lugar de fortalecer la vigilancia sanitaria, triunfa la visión mercantilista de quienes dicen representar los intereses de los industriales del país.
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