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Instituto de Judicatura defiende derecho a crítica, pide fin a la pelea CSJ-Cicig y atención a régimen disciplinario

Tal vez no ha habido la comunicación más afortunada entre las cabezas de las distintas instituciones. Y deben buscar los puntos comunes porque al final de cuentas el objetivo de todos es el mismo.
Así como existen debilidades en el OJ, existen en la Fiscalía, en la PNC… si no, el comisionado (Dall’Anese) no estaría en Guatemala, sino en otra parte.
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Instituto de Judicatura defiende derecho a crítica, pide fin a la pelea CSJ-Cicig y atención a régimen disciplinario

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En plena escalada de tensiones entre la Corte Suprema de Justicia y la Asociación de Jueces contra la Cicig y el MP por las críticas públicas contra fallos en casos de alto impacto, otra institución de jueces, el Instituto de la Judicatura, demanda cordura, defiende el derecho de manifestar inconformidades en público y recuerda lo obvio: que con este atolladero, el país es el que pierde.

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La jueza Claudia Escobar y la magistrada de apelaciones María Cristina Fernández, presidente y vicepresidente del Instituto creado hace dos años para promover la transparencia y la eficiencia de los funcionarios judiciales, explican en esta entrevista el comunicado que dieron a la CSJ (documento íntegro al final de la nota) y la atención que debe ponerse en la reforma del sistema disciplinario en el Organismo Judicial.

El embrollo empezó por fallos judiciales en casos de alto impacto: Las absoluciones del expresidente Portillo y los exministros Lacs y Maza por corrupción en el ejército; de Giammattei una semana antes de que terminara el plazo para inscribirse como candidato presidencial y tener derecho a antejuicio; de Juan Carlos Leal, ex jefe de la SAAS, por el caso de robo de gasolina en Gobernación; y de actuaciones cuestionables de procedimientos por parte de algunos jueces, que llevaron a Francisco Dall’Anese, jefe de la CICIG, a anunciar que empezarán a investigar la actuación de los jueces, pues se ha creado un cuello de botella contra la impunidad después de los avances en el trabajo con el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación.

A esto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respondió con un comunicado el 17 de junio para pedir a la ciudadanía y a la CICIG abstenerse de impugnar (criticar) fallos judiciales públicamente. La CICIG apoyó a la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, cuando el Ministerio Público (MP) prefirió cerrar la extradición del ex ministro Carlos Vielmann por la falta de garantías para tener tribunales independientes en Guatemala. La Asociación de Jueces y Magistrados –instancia gremial de los jueces, reacia a cualquier fiscalización en su contra– dio una vuelta de tuerca y pidió ayer la renuncia de Dall’Anese.

En estas semanas hay una polémica que se agrava entre la CICIG y el MP por un lado y la CSJ y la Asociación de Jueces por el otro. La CICIG y el MP critican al OJ por sus actuaciones y la CSJ y la Asociación de Jueces piden que no se les señale. En medio de esto, el Instituto de la Judicatura tercia en el asunto y publica un comunicado.

María Cristina Fernández: De conformidad con el artículo 35 de la Constitución, los ciudadanos y cualquier institución tienen derecho a pronunciarse sobre los fallos de los jueces. Los jueces y magistrados no están exentos de ese escrutinio público y ese control social. Es así como son inevitables las críticas a su función.

En estos últimos tres años se ha puesto mucho más reflectores para fiscalizar las actuaciones de los jueces. ¿Es esto lo que provoca esta reacción de los jueces para que no se les critique públicamente?

M.C.F. La publicidad sólo puede fomentar la transparencia. Hace algunos años no existía tanto interés en el contenido de las resoluciones y los fallos de los tribunales y por eso tal vez muchos de nosotros (jueces) no estamos acostumbrados a ser objeto de crítica de la forma en que se hace ahora.

Vemos incluso con ciertos fallos que ha habido incluso hasta manifestaciones públicas que obviamente no son agradables para los jueces y magistrados. Sin embargo, me parece que es inevitable y es bueno que la sociedad ejerza ese control. Obviamente no todos los fallos que disgustan a las sociedades son fallos malos. Hay fallos que no son populares y son los que corresponde decidir de conformidad con la ley. Es algo inevitable a nuestra función y así lo tenemos que ver.

Claudia Escobar. Cuando un juez dicta una resolución hay dos partes; una parte estará conforme y la otra no. Las personas deben entender las razones. Es importante que los jueces razonen y que aunque no estén de acuerdo, las personas comprendan que hay una justificación legal detrás de la resolución, y es razonable que se manifiesten las personas sobre esto.

¿Y en dónde está la frontera entre criticar y litigar por los medios?

M.C.F. Los medios tienen la obligación de ejercer su función de forma responsable y no condenar o absolver a una persona a priori. Pero sí es un medio importante para la publicidad, para que la sociedad esté enterada de lo que está pasando, se informe y opine. Siempre que la prensa no trate de sustituir a los jueces.

C.E. Esto tiene también mucho que ver con la independencia y la formación de los jueces. Si saben que son independientes y su resolución será respetada y no tendrán que quedar bien con la prensa o un grupo de poder, de esa manera se puede lograr un equilibrio.

Regresando al enfrentamiento entre CICIG-MP y CSJ-Asociación de Jueces, ¿cómo debería destrabarse esto cuando se supone que todos promueven el fin de la impunidad?

C.E. Garantizando a la sociedad que las resoluciones judiciales estarán apegadas a derecho.

El problema es que con el nivel de tensión entre jueces y CICIG, es muy difícil que ahora puedan haber juicios imparciales, desapasionados, en los que participe la CICIG. ¿Cómo se destraba ese atolladero?

M.C.F. Creemos que esos roces los tienen que dejar de lado porque al final de cuentas los intereses son comunes. El fin de todos es mejorar el sistema de justicia y fortalecer las instituciones. Es un punto de partida para que traten de solucionar sus diferencias y caminen para delante porque no hay otra forma.

C.E. Parte de reconocer las debilidades institucionales. Así como existen en el Organismo Judicial, existen en la Fiscalía, en la PNC… si no, el comisionado (Dall’Anese) no estaría en Guatemala, sino en otra parte. Hay debilidades que se tienen que trabajar, pero eso debe hacerse sin desacreditar a la institución y debilitarla.

Así como se fiscalizó a la política desde los años 80, se depura la PNC y el MP, ahora que se empieza a fiscalizar a los jueces, se percibe que la respuesta es “no nos fiscalicen”. ¿Todos los jueces piensan así?

C.E. Lo que ha dicho el presidente de la CSJ (Luis Archila) es que si existen denuncias contra los jueces, que se utilicen los canales para esto, como la Junta de Disciplina para los jueces o el Régimen Disciplinario para los auxiliares de los jueces.

M.C.F. Es importante tomar en cuenta que la CSJ actual impulsó la campaña de cero tolerancia a la corrupción, a la impunidad y al tráfico de influencias, en donde insta a las personas a denunciar y a promover los procesos respectivos para depurar el Organismo Judicial. Esto tomando en cuenta que la mayoría de jueces y magistrados son personas probas.

C.E. Lo que hay que trabajar en esos procesos que existen (para depurar el OJ). Lo que hay que modificar son estos procedimientos.

Si no están funcionando, ¿qué se hace? La CICIG se queja, la Fiscalía se queja, pero si no es desde dentro no se hace nada. ¿Cómo depuramos el Organismo Judicial?

C.F. Modificando los organismos para la fiscalización interna. La integración de los órganos encargados de la disciplina de los jueces habría que estudiarla para ver si hay que hacer modificaciones a la ley.

(De momento, la Junta de Disciplina se elige por sorteo. Después de audiencias contra jueces, la Junta dicta una resolución. Posteriormente esta resolución puede ser apelada ante el Consejo de la Carrera Judicial.)

C.E. Mi criterio personal es que para que cambie esto tiene que haber una reforma constitucional. Hay una propuesta de la Universidad Rafael Landívar, la Universidad de San Carlos y Asíes. Hay otra propuesta que está promoviendo la Corte Suprema de Justicia.

M.C.F. Lo importante (en estas reformas) es que se respete la carrera judicial, hasta magistrados, en donde ya es un proceso político (pues es electo por el Congreso) y los procesos disciplinarios.

El Instituto de la Judicatura promueve la transparencia y la eficiencia. ¿Es entonces uno de los promotores de una depuración en el sistema judicial?

C.E. Lo que nosotros promovemos es la transparencia y la eficiencia; dentro de esto va la depuración. Promovemos procesos en la selección, capacitación, supervisión y sanción del personal; aspectos de recursos humanos que si se aplican, privilegiarán que las personas correctas estén dentro del organismo judicial; ahora ni siquiera se supervisa a los auxiliares fiscales.

M.C.F. Destituir a un auxiliar fiscal se vuelve imposible. Hay algunos jueces que han tenido hasta amenazas de su personal y no pueden destituirlo.

C.E. La población visualiza al juez, pero el juez no actúa solo, sino tiene un equipo de diez, doce personas. No sólo debería ponérsele atención al juez sino a toda la institución. Hay caso de notificadotes que ganan más dinero por debajo de la mesa que lo que gana un juez con su salario.

Si una de sus tareas es depurar, ¿por dónde se empieza?

M.C.F. Lo primero es la voluntad. Esa está. Lo que falta son los proyectos y programas. En esta CSJ hay mucha gente honesta.

Pero si hay voluntad de todos contra la impunidad, se reconoce que la CSJ tiene abogados de mucho prestigio, la CICIG está trabajando y la Fiscal no podría ser más honesta… ¿Si todos los factores están alineados, ¿por qué sucede este atasco?

C.E. Porque deberían seguirse los procesos (disciplinarios) establecidos, que no se siguen hasta ahora.

M.C.F. Tal vez no ha habido la comunicación más afortunada entre las cabezas de las distintas instituciones. Y deben buscar los puntos comunes porque al final de cuentas el objetivo de todos es el mismo. En este conflicto en el que está el presidente de la Corte y el comisionado Dall’Anese, yo no podría estar más segura de que ambos quieren que las cosas funcionen.

C.E. Y es terrible porque perdemos todo, la sociedad. Están ocupándose (CICIG y CSJ) en autodestruirse en vez de buscar una solución real. Y es culpa de todos.

¿Qué primeros pasos deberían hacer para destrabar este embrollo y empezar a depurar el Organismo Judicial?

C.E. Se necesita una reforma del sistema disciplinario (de jueces). Y la sociedad tiene que participar, estar vigilante y hacer las denuncias.

M.C.F. Y la prensa tiene que ser responsable. Que cada uno cumpla con lo que le corresponde.

 

 

**COMUNICADO DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA.
(Entregado el 19 de julio a la Corte Suprema de Justicia y publicado por Plaza Pública)

El INSTITUTO DE LA JUDICATURA

Manifiesta:

Observamos con beneplácito la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de impulsar el programa “Cero tolerancia a la corrupción, la impunidad y al tráfico de influencias”  y  de manifestarse públicamente en defensa de la independencia judicial.   

El artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado y que los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes.

La independencia judicial es un requisito imprescindible para asegurar la tutela judicial efectiva; el contrapeso de dicha independencia es la responsabilidad, el deber de fundamentar las resoluciones judiciales, el estricto sometimiento al imperio de la ley de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional y un actuar apegado a la ética.

La Corte Suprema de Justicia, en el acta número 27 de la sesión extraordinaria celebrada el 16 de junio de 2011, y según publicación hecha en el diario Prensa Libre el 17 de junio de este año,  ha solicitado a la ciudadanía, a los sujetos procesales, a los funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil, de la comunidad internacional y organismos internacionales abstenerse de impugnar los fallos a través de mecanismos distintos a los contemplados en los procedimientos legales, indicando que la única manera legítima de manifestar inconformidad a las resoluciones judiciales es utilizando los medios de impugnación  que las normas procesales establecen.

Efectivamente la única forma de impugnar los fallos o resoluciones emitidos por los funcionarios judiciales, es a través de los procedimientos establecidos en la ley; sin embargo la manifestación de inconformidad como derecho legítimo de toda persona responde a un principio básico de toda democracia; por lo tanto, quienes integramos el Instituto de la Judicatura consideramos fundamental al Estado de Derecho no solo defender la independencia judicial sino también la libertad de expresión, consagrada en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Ciertamente no es función  de los medios de comunicación  intervenir en los procesos judiciales; pero debemos respetar su derecho a difundir, investigar y realizar análisis objetivos de toda actuación judicial o administrativa, especialmente cuando se trata de casos de interés para la sociedad. 

Reconocemos que en un Estado constitucional democrático de derecho, el poder judicial no está exento  del control social al que está sujeto el poder público.  La afluencia de información sobre el desarrollo de los procesos  y  el contenido de las resoluciones, robustece este control. La publicidad  garantiza la transparencia y cualquier persona tiene el derecho de informarse y opinar. 

Corresponde a los medios de difusión evitar realizar “juicios paralelos”, que ponen en riesgo la independencia y  objetividad de jueces y magistrados.

Estamos conscientes que la actuación judicial se legitima a través de decisiones congruentes, independientes, responsables y fundamentadas legalmente.  Es por ello que debemos continuar trabajando en el fortalecimiento de la independencia y ética judicial a fin de que la sociedad reconozca en la investidura judicial el respeto que se merece. 

 

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