Más de 800 años después del inicio de esta jornada represiva, en Guatemala se ensaya un mecanismo análogo, a tal grado que, parafraseando al improvisado presidente del Congreso, está destinado a reescribir la historia de la lucha contra la impunidad y la corrupción e imponer la verdad del Pacto de Corruptos. Para ello, con el voto favorable de 82 congresistas se le dio vida al acuerdo legislativo 12-2009, que creó una comisión para investigar las actuaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual funcionó durante 12 años, desde el 2007.
Este tribunal inquisidor no tiene uno, sino cinco émulos de Torquemada. Uno de ellos es Luis Pedro Álvarez, hoy diputado independiente, quien llegó por el partido Encuentro por Guatemala y provenía del Movimiento Cívico Nacional (MCN). Este último es un grupo dirigido por Rodrigo Arenas, convicto por financiamiento ilícito y testaferro de Alejandro Sinibaldi, prófugo de la justicia. También figura entre ellos Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), fundado por el fallecido Álvaro Arzú Irigoyen. Conde cabildeó las reformas a la Ley Orgánica del Congreso a fin de aumentar los ya excesivos privilegios de que gozan los legisladores.
Los acompaña Luis Hernández Azmitia, quien no logró reelegirse porque el Registro de Ciudadanos le negó la inscripción por tránsfuga. Hernández Azmitia pasó en esta legislatura por los partidos Movimiento Reformador (MR), Visión con Valores (VIVA) y Podemos. Además, fue investigado por la Cicig por financiamiento ilegal. Otro integrante es Aníbal Rojas, del partido VIVA, el cual, por cierto, se desmarcó de dicho congresista y de dicha comisión. Rojas es el promotor de la regresiva iniciativa 5,272, que atenta contra los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. La comisión la preside el diputado Juan Ramón Lau, del partido Todos. Lau es impulsor de reformas al Código Penal y apoyó el dictamen para la reforma de la Ley de Reconciliación Nacional. También presentó la denuncia contra Thelma Aldana por la compra del edificio en la zona 5, proceso que, como se ha probado, tiene motivaciones políticas.
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El acuerdo que dio vida a la comisión de los Torquemada está en suspenso. Sus pretensiones de usurpar las funciones constitucionales del Ministerio Público (MP) y de violentar normas y principios del derecho internacional y del derecho de los tratados quedaron congeladas con una resolución de la Corte de Constitucionalidad este 7 de octubre: resolución que no acataron desde el inicio porque personal del Legislativo se negó a recibir la notificación, de modo que la comisión mantuvo funciones hasta una segunda audiencia.
En las dos sesiones públicas de recepción de denuncias presentadas por familiares o personas sindicadas por la Cicig y el sistema de persecución penal en el país, los Torquemada chapines montaron un espectáculo. Todo, con el objeto de dar por cumplido un proceso meramente formal para justificar la conclusión preconcebida. Solo buscaban reunir elementos para avanzar en lo que se proponían y estaba contenido en las facultades que le otorgaba el acuerdo que le dio vida.
Pretenden ser un tribunal inquisidor para combatir la herejía de haber luchado contra la impunidad, de haber sido parte de un equipo de profesionales que dio lo mejor de sí en bien de la sociedad guatemalteca al desenmascarar a las estructuras de impunidad y corrupción dentro y fuera del Estado. Apoyar esta comisión o cualquiera de sus versiones es ni más ni menos que servir a los más oscuros intereses del sector que ha destruido la institucionalidad y ha mandado a la hoguera las aspiraciones de justicia, equidad y democracia de los pueblos que habitan esta tierra lastimada. La CC ha resuelto apegada a derecho al suspender el accionar de la comisión ilegal de inquisición, y por ello toca igualmente respaldar estos fallos del máximo tribunal del país y retomar la senda de la recuperación democrática.
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