Lo anterior según un reciente índice de integración de migrantes elaborado en Gran Bretaña por el Migrant Policy Group titulado Migrant Integration Policy Index (2010). El Mipex abarca las siguientes áreas para medir el nivel de integración de extranjeros en todos los países miembros de la Unión Europea, además de Suiza, Noruega, Estados Unidos y Canadá: movilidad en el empleo, educación, reunificación familiar, participación política, nacionalización, antidiscriminación y tiempo de residencia.
De acuerdo con los hallazgos, Estados Unidos goza de las siguientes características que lo sitúan en octavo lugar con 62% en su punteo, un puesto por debajo de España: a) sólidas leyes que protegen a cualquier residente de discriminación en el empleo y acceso a servicios públicos por razones de origen nacional; b) iniciativas que combinadas entre el gobierno federal y organizaciones no gubernamentales promueven la naturalización y la reunificación familiar, y c) proyectos de asistencia a los recién llegados por parte de asociaciones religiosas o comunitarias. Al igual, un sistema educativo gratuito, en primaria y secundaria, que no discrimina estatus migratorio e incorpora algunos elementos de educación bilingüe para estudiantes que no hablan inglés.
Pero para quienes vivimos en carne propia o seguimos de cerca el tema migratorio en este país, no dejan de sorprendernos estos hallazgos, pues el clima es tóxico y xenofóbico, tal y como se comentaba en otra columna de esta revista, a propósito de una burla expresada abiertamente por un congresista republicano en Rhode Island, revelando su prejuicio sobre la comunidad guatemalteca. El problema es que este no es un hecho aislado, y tanto la retórica como la institucionalización de prácticas antiinmigrantes, tienen un efecto dominó que parecen contradecir los resultados del Mipex.
En el estado de Arizona, la lista de actividades antiinmigrantes es alarmante. Además de la famosa ley SB1070 que convertiría en crimen la inmigración ilegal, he aquí una mínima muestra del menú de los legisladores de aquel estado: una propuesta de ley para negar la ciudadanía automática a niños de madres indocumentadas; otra que requeriría que los hospitales verifiquen el estatus migratorio de cada paciente, convirtiendo a médicos y enfermeras en agentes de la “migra”; y otra que negaría educación pública a los niños indocumentados. Al menos otros seis estados están tratando de pasar leyes similares.
Este fenómeno va de la mano con la peor crisis económica que experimenta el país en más de 60 años. En tiempos de crisis, los inmigrantes se convierten en chivos expiatorios y la tendencia de las comunidades es a tornar su frustración y enojo no hacia los poderes reales (en este caso los económicos y financieros, siendo algunos políticos sus principales operadores), sino hacia los más vulnerables, quienes gozan de menos derechos y prerrogativas.
Sin duda el Mipex es una herramienta muy útil. Ofrece un abanico amplio de opciones y escenarios para la planificación de políticas. Es una lástima, sin embargo, que no mida otras áreas. Por ejemplo, cómo la recesión económica, pero también los cambios demográficos por los que atraviesa el país, influyen en esta percepción o estigmatización que cada vez más parece fragmentar comunidades. Esto ayudaría a ofrecer una perspectiva más completa del fenómeno y a prever políticas de integración más tolerantes, en tándem con una reforma migratoria integral que facilite, con pleno goce de derechos, la absorción real de una mano de obra que ahora opera en la sombra.
En el caso latinoamericano y de las migraciones Sur-Sur, se me ocurre que sería interesante desarrollar una metodología similar y elaborar índices apropiados para medir el nivel de recepción, integración o aceptación de inmigrantes interregionales. Por ejemplo, se podría medir a México en su trato con los centroamericanos; a Costa Rica y Panamá, en relación con la incorporación de trabajadores nicaragüenses; y a Chile y Argentina, en dinámicas parecidas dado el influjo de inmigrantes peruanos y bolivianos.
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