En diciembre, el Congreso aprobó por un lado el Decreto 19-2013 con el cual “legalizó” esquemas de defraudación tributaria que algunos empresarios del sector de la construcción han venido usando por más de una década (un privilegio fiscal a todas luces injustificado). Y casi simultáneamente, por otro lado aprobó un préstamo por US$ 237 millones contratado con el BID. Es decir, el Congreso aprobó con una mano una ley con la cual perforó el sistema tributario, y con la otra un préstamo para tapar el agujero resultante en la recaudación tributaria.
Por si no fuese suficiente afrenta, el jueves de la semana pasada el Diario de Centroamérica publicó el Acuerdo Gubernativo número 167-2014, mediante el cual el Ejecutivo reformó el reglamento de la ley del ISR para, no sólo ratificar este “permiso legal” para violar la ley (¡¿?!), sino además concede una amnistía fiscal que perdona las multas y recargos a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios suntuosos que en el pasado no pagaron cabal u oportunamente sus impuestos. Este último desmán fiscal agudiza la ya grave crisis por la que atraviesan la SAT y la recaudación de impuestos, por la cual, simultáneamente el Ejecutivo se apresura para hacer su recorrido de rodillas por el Directorio del Banco Mundial, la Junta Monetaria y el Congreso de la República para suplicar la pronta aprobación de un préstamo de US$ 340 millones destinado a… cubrir la brecha en ingresos tributarios y pagar la deuda pública.
Así que, veamos por favor cómo es que va esta “chulada” reiterada. ¿Cuántos emprendedores de verdad, honestos y cumplidos tienen el privilegio de facturar el 70% de sus ventas y hacer “jueguitos” contables con el 30% restante, y con ello tributar sólo sobre el 70% declarado? ¿Cuántos trabajadores asalariados pueden decidir cuánto ISR le pagarán al fisco? Pues bueno, con estas medidas del gobierno, resulta que los que tributamos correctamente somos también los que pagaremos la deuda pública que se destinará a cubrir los impuestos que no pagan quienes disfrutan su amplia capacidad de pago en apartamentos o condominios con piscinas, bares, cine privado, canchas de tenis, sala para pilotos y guardaespaldas, gimnasio, cava de vinos y demás suntuosidades.
¿Le parece excesivo? Pero dicen como en los fastidiosos anuncios de “TV offer”, ¡espere que aún hay más! El acuerdo gubernativo que el Presidente aprobó hace unos días va mucho más allá del decreto aprobado por el Congreso en diciembre, porque además de “legalizar” la evasión de impuestos futura, concede amnistía para lo pecadillos fiscales del pasado. La exoneración de multas y recargos por impuestos no pagados tiene efectos retroactivos, e incluso admite interpretaciones peligrosamente amplias que podrían terminar de desbaratar la recaudación tributaria. Es decir, que al resto de contribuyentes nos tocará soportar el incremento a la tasa del IVA o alguna otra medida tributaria, para cubrir el endeudamiento público que se contraerá para cubrir la deficiencia en la recaudación.
Creo que éste es un insulto descarado a las necesidades de la población, por no mencionar violaciones graves a principios como el de equidad y justicia tributaria, o de capacidad de pago. ¿A qué clase de amo sirve este gobierno? ¿A la ciudadanía o el pueblo que lo eligió, o a un grupito de ricachones que no les basta atiborrarse de dinero en sus viviendas de lujo?
¿Cabrá esperanza que algunos diputados señalen esta inconsistencia al momento que el Gobierno llegue de rodillas al Congreso a suplicar la aprobación de su nuevo préstamo?
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