El propio informe hace imperativo responder recordando los varios tropiezos de este gobierno, y dejar bien claro que no estamos ni en el País de las Maravillas de Alicia o en el entorno cortesano repleto de aduladores rastreros de los mandatarios actuales. Estamos en la realidad.
Por ello, no se nos olviden, por ejemplo, los cantos de sirenas como ofrecer que nuestro país tomaría una posición adelantada y vanguardista con la despenalización de las drogas, que más fue una “llamarada de tuza” para atraer la atención internacional, pero nada más. O la fallida reforma constitucional, que tal vez se originó de algunas intenciones buenas, pero nunca se acercó, ni por asomo, a un esfuerzo político serio, democrático y responsable.
O la tragedia de la masacre de la Cumbre de Alaska, en Totonicapán, que evidenció torpeza imperdonable en el manejo de situaciones de conflictividad social. Si Pérez Molina quería redefinirse como un político moderno y democrático, con un pasado militar casi marginal o irrelevante para su gestión como Presidente de la República, con esta tragedia hizo a muchos recordar qué son “chafarotes” en el poder. ¿Qué necesidad tenía Pérez Molina de este tropiezo? Una torpeza descomunal, totalmente contraproducente y trágica.
Este gobierno tuvo el acierto de aprobar una reforma tributaria, pero no tardó el desacierto de ser el propio Ejecutivo, y no la Corte de Constitucionalidad, el que la ha mutilado. El retroceso en el incremento al impuesto sobre circulación de vehículos (que hubiese servido para financiar soluciones de fondo al problema del transporte público de pasajeros), no por defender el interés de los más necesitados (los usuarios de las camionetas), sino para ilusamente intentar recuperar su popularidad. Popularidad que quedó por los suelos cuando en el proyecto de presupuesto para 2014 explícitamente propusieron destinar Q 182 millones única y exclusivamente a la seguridad del binomio presidencial.
Su relación con el poder ávido y voraz de algunos de los financistas de su campaña electoral ha sido particularmente réproba. Causa rabia e indignación la forma sin precedentes de prostituir a la Industria Militar, incluso pretendiendo declararla mediante Acuerdo Gubernativo fuera del alcance de la Ley de Contrataciones del Estado y la acción fiscalizadora de la Contraloría. La intención pérfida y espuria de endeudarnos con Q 3,500 millones en bonos del Tesoro para pagar compromisos ilegales (la denominada “deuda flotante”), o terminar de entregar las aduanas a la mafia mediante una “intervención” militar. Afortunadamente, la presión ciudadana y eventos políticos evitaron estos desmanes e hicieron retroceder al Presidente y compañía. Pero, ¿fueron errores rectificados sabiamente, de los cuales aprendieron su lección? O, ¿sólo intentos fallidos, torpezas políticas sin consecuencia, para verlos reincidir?
La reacción tanto de Pérez Molina como de Baldetti ante la posibilidad que la Cicig investigue las mafias aduaneras y el financiamiento de los partidos políticos no evidenciaron rectificación sabia de sus errores. Por el contrario, demostraron necedad y prepotencia, pero sobre todo, el temor propio de quien ha hecho algo mal y teme ser descubierto.
Enoja tanta palabrería y mentira en su informe. Sirva esta pequeña lista de recordatorios como un prefacio obligatorio previo a hojear el segundo informe de gobierno. Así, quizá, se tenga un equilibrio y nos acerquemos a la realidad.
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