La situación que vivimos nos demuestra que es muy fácil desmantelar instituciones e imponer prácticas violentas y autoritarias, pero que es muy difícil corregir el rumbo, más aún si dichas prácticas se han establecido por largos períodos. Lo que ha estado sucediendo en el Congreso de la República viene a poner de relieve que imaginar un mejor y más equitativo país es fácil, pero que hacerlo realidad implica una serie de esfuerzos que, tal parece, aún no somos capaces de hacer.
Las ultraderechas, las autoritarias militaristas y las sinvergüenzas corruptas están usando toda su violencia verbal y física para intentar mantener la impunidad que hasta ahora las ha protegido de sus múltiples crímenes. A su favor se han puesto parte de las élites económicas y, lamentablemente, intelectuales, incluidos algunos de izquierda, enredados en un falso nacionalismo que ve en el apoyo de Estados vecinos una injerencia inaceptable. De la noche a la mañana, derechas ultraconservadoras e izquierdas confusas aparecen fuertemente abrazadas a una bandera nacionalista que no han sido capaces de enarbolar en eventos efectivamente intervencionistas y de concesión de soberanía, como el caso de los tratados de supuesto libre comercio. Insólitamente, desde ambos lados se acusa a la Cicig de ser un instrumento de la intervención imperial, de manera que se descalifica la propuesta de reformas constitucionales y se esconde que el mandato que el Estado de Guatemala aprobó para tal comisión la faculta para hacer propuestas y sugerencias a los distintos organismos del Estado.
Debe tenerse presente que la iniciativa de reformas fue presentada por los presidentes de los tres organismos del Estado, lo que las hace eminentemente nacionales. Pero es aquí donde el juego demagógico y clientelista de parte de los grupos conservadores comienza a hacerse evidente. Son los diputados del partido oficial, los de antes y los recién comprados, junto con los corruptos ex PP y Líder, los que abiertamente se oponen a las reformas, comportamiento que en la práctica es compartido por el presidente de la república y su gabinete.
Lamentablemente, el debate de tales reformas no ha traspasado los límites de las clases medias capitalinas, particularmente porque solo cuando sean efectivamente aplicadas serán sentidas por la mayoría de la población. En la actualidad, el guatemalteco de a pie, el que sin mayor opción debe viajar en los destrozados y vetustos autobuses, el que gana apenas el salario mínimo, el que sufre de sol a sol las penurias de la informalidad, el día a día extorsionado, el expulsado desde niño del sistema escolar, la niña madre, ni siquiera se ha enterado de las reformas y, si ha sabido algo, no logra dimensionar su importancia.
Es por ello que, en su gritería histérica, las ultraderechas y sus oportunistas aliados han optado por la desinformación e intentado hacer creer que la independencia del sector justicia, la eliminación de las comisiones de postulación, la concentración de los magistrados en impartir justicia, etcétera, son la puerta para convertir a Guatemala en un Estado similar a la extinta Unión Soviética. Apenas les hace falta una procesión con el Señor de Esquipulas para hacer de su cruzada por la impunidad todo un festival anticomunista.
Cualquiera con mínima información sabe que eso es totalmente falso, pero, jugando con el espantapájaros que durante décadas les ha dado resultado, los interesados en mantener la impunidad para sus crímenes creen que ahora también podrán engañar a la población. Lamentable resulta, recalcamos, que la USAC y algunos intelectuales de izquierda no solo guarden silencio cómplice, sino que desde espacios de opinión resulten considerando rosada y falsa a toda la izquierda que apoya las reformas.
Concluido con tan escaso resultado al respecto el primer período de sesiones del Congreso de la República de este año, puede decirse que los promotores del atraso y de la impunidad están logrando sus propósitos. Todo parece indicar que el ritmo de la aprobación de las reformas será lento y que deberán elegirse las próximas cortes y al jefe del Ministerio Público en las mismas condiciones que las actuales, con lo que los esfuerzos para impedir que los gestores de la impunidad lleguen a controlarlas serán arduos y complejos.
Consecuentemente es necesario dejar de lado el temor al enfrentamiento discursivo directo. A Guatemala no la está dividiendo la propuesta de reformas, como tampoco la dividieron el juicio y la condena por genocidio. Al país lo mantienen dividido la impunidad y las acciones difamatorias y engañosas de aquellos que quieren mantener tal estado de cosas. Este es momento de una amplia unidad para modernizar y hacer de nuestro país una sociedad un poco más justa y equitativa. Es el momento de construir alianzas entre izquierda y derecha, con apoyos nacionales y extranjeros, con el estricto compromiso con la democracia y la justicia como única condición. La ultraderecha está demostrando no solo que está reducida, sino que no tiene argumentos para enfrentar el debate. De ahí su violenta desesperación, sus amenazas y sus mentiras.
Como dijo alguna vez Concha Deras: «Muchá, esto apenas comienza».
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