En el proyecto de decreto para el presupuesto 2014 que el Ejecutivo presentó al Congreso, dentro de los Q 248.0 millones recomendados para la Presidencia de la República, la asignación para la seguridad permanente del binomio presidencial sería de Q 166.1 millones, y para su seguridad móvil sería de Q 16.4 millones, totalizando Q 182.5 millones. En el detalle del presupuesto de egresos de la Presidencia de la República figura como unidad ejecutora la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), y que la fuente de financiamiento en su totalidad serían ingresos corrientes (mayoritariamente impuestos).
Durante un programa de radio esto lo califiqué de escandaloso. Como respuesta, el Presidente y otras autoridades respondieron lacónicamente que es un gasto “justificado”, y es el mismo monto asignado en años anteriores. Vaya descaro.
Parece que es menester explicarles que Q 182 millones no es poca cosa, y que el país tiene prioridades apremiantes. El Presidente Mujica del Uruguay nos ofrece un ejemplo del cual debiésemos aprender: para ser presidente no se necesita semejante parafernalia de “seguridad”.
Y si de seguridad se trata, por ejemplo el presupuesto de la academia de la PNC es de Q 134 millones, con los cuales se atiende muy mal a los 11,800 cadetes, en muchos casos que ni siquiera tienen acceso a agua potable. O que la PNC gasta alrededor de Q 18 millones en alquiler de edificios, en los que los agentes deben soportar condiciones insalubres. ¿No sería mejor que, en vez de destinar esos Q 182 millones a la seguridad de sólo dos personas, se usaran para mejorar la PNC, que es la que le brinda seguridad a todas y todos?
Pero existen otras prioridades apremiantes además de la seguridad. La atención de las víctimas del conflicto armado es una obligación moral del Estado, pero en el proyecto para 2014 se suprime el presupuesto de alrededor de Q 150 millones para el Programa Nacional de Resarcimiento. O que, sabiendo que somos el segundo país más vulnerables al cambio climático, se proponen Q 155 millones para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, lo que significa una reducción a su ya magro y raquítico presupuesto (Q 202.4 millones en 2013), a todas luces insuficiente. Se propone recortar el aporte para las asociaciones de bomberos departamentales, etc. ¿No sería mejor distribuir los Q 182 millones para mejorar, aunque sea un poco, el presupuesto para las víctimas del conflicto armado, el Ministerio de Ambiente o los bomberos departamentales?
El ordenamiento responsable de las prioridades del presupuesto puede ir mucho más allá de los Q 182 millones para la seguridad de Pérez Molina y Baldetti. Causan también vergüenza e indignación los Q 100 millones propuestos para las Ex Pac (“Bosques y agua para la concordia”), Q 9.5 millones para el Centro de Atención para Discapacitados del Ejército de Guatemala, Q 5 millones para la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala y otras.
Cuando se ven estos desmanes es que parece creíble que lo hicieron así, sólo para ser rechazado y que resulte mejor que quede vigente el de 2013. En realidad, ahora que el proyecto de presupuesto para 2014 llegó al Congreso, la ciudadanía tiene la oportunidad de presionar a los diputados para que corrijan estos desmanes, y se apruebe un presupuesto con las prioridades correctas.
Éste no es el presupuesto del Presidente o del partido oficial. Es nuestro presupuesto, de todas y todos. Que no se nos olvide.
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