No obstante, en la coyuntura que vivimos, la CSJ ha optado por comportarse como un organismo político y ha priorizado la defensa de las autoridades a la de los ciudadanos ante las agresiones que aquellas puedan infligirles a estos. Proteger al presidente de ir a juicio por el asesinato de las 41 niñas es una muestra clara de que, en el país, los que tienen el poder aún consiguen estar al margen de la ley e impedir que sus actos sean juzgados.
La CSJ dispuso rechazar in limine (de entrada) la solicitud de antejuicio presentada contra el presidente de la república. Los honorables magistrados optaron socarronamente por no conocer el fondo de la solicitud, pero irresponsablemente la acusan de política y espuria, es decir, con intenciones de disputa de poder (que es lo que significa la política) y de falsa o degenerada (que son los significados que pueden darse a espurio).
La muerte de las 41 niñas y el encierro ilegal del que fueron objeto junto con otras 15 tiene sin cuidado a los honorables magistrados. No es a los ciudadanos comunes y corrientes a los que se deben. Con el ojo puesto en su posible reelección o en la obtención de cualquier otra sinecura que les permita mantener los abultados emolumentos de los que gozan, su interés es proteger al aliado y mayordomo de ocasión y cerrarle el paso a su juicio, de modo que se niegan a darle al país la oportunidad de conocer efectivamente las acciones presidenciales ante tan escandaloso y sangriento crimen. Igual se comportaron sus pares hace tres años, cuando los primeros pedidos de antejuicio contra Pérez Molina se presentaron. Tuvo que llegarles la porquería hasta las narices para que estos magistrados, los que ahora se alían a Morales, optaran por permitir el juicio al exoficial hoy encarcelado.
Curiosamente, los magistrados ofrecen su resolución justo cuando los distintos funcionarios que estuvieron en contacto con las víctimas en las últimas horas de su vida presentan declaración. Las exposiciones han resultado delgadas catáfilas de esta espeluznante cebolla criminal que tiene como actor principal al presidente de la república. No hay solo responsabilidad en los nombramientos. Hubo contactos, órdenes y disposiciones que, dado el nivel de los funcionarios, fueron obedecidas sin chistar.
Los altos magistrados han dispuesto jugar a la política o, más bien, a la complicidad con el político que actualmente ostenta el más alto cargo del sector público. No lo han querido ver como un servidor responsable de cada uno de sus actos, sino más bien como el cómplice a quien deben cubrir ahora para luego cobrarle solidaridad.
La resolución del alto organismo de justicia no explica por qué la solicitud de los diputados Morán y Juracán es política, mucho menos qué es lo que hace de ella una demanda espuria. Las víctimas no merecen un estudio serio de la demanda. Son parte de esa sociedad a la que se le hace esperar en largas filas en los centros de salud, en los juzgados. Son las que, por su pobreza, el sistema escolar expulsa y rechaza. Indefensas aun cuando algunos dignatarios de la nación intentan que se les haga justicia, el alto poder judicial decide expulsar sin juicio al presidente de la república.
El antejuicio no es una medida revocatoria de mandato. Es un mecanismo que permite a un juez conocer al detalle el actuar del funcionario y, con base en evidencias, establecer su culpabilidad o inocencia. De esa cuenta, calificar de política la solicitud presentada es desconocer el sentido de los términos y actuar, ellos sí, políticamente. La demanda no pretendía desconocer al mandatario, retirarlo del cargo o suspenderlo al menos temporalmente. Solicitaba, a partir de evidencias, que se le retirara la inmunidad y que respondiera a los cargos en juicio. Serían los diputados y, si estos lo aprueban, finalmente un juez quienes tendrían que establecer que el actual presidente fue responsable o no de la muerte de las niñas.
Mal favor le hacen los miembros de la CSJ al presidente al impedirle que presente todas las evidencias que le permitan demostrar que no le cabe ninguna responsabilidad en esas muertes. El juicio, de concluir en su inocencia, lo elevaría a la altura de los mejores funcionarios de la historia patria. Su absolución in limine no es sino el intento de cerrar toda puerta para que las acusaciones se formalicen y profundicen y deja en el ambiente la sensación de que sí fue responsable, pero que la impunidad es aún la norma para quienes usufructúan, al menos temporalmente, el poder público.
El juicio a los subordinados y directamente responsables de las muertes continuará en las salas de los tribunales. Oiremos con frecuencia más afirmaciones sobre la intromisión y el comportamiento de Jimmy Morales. Es de esperar que otros ciudadanos, o estos mismos diputados, tengan el coraje de presentar nuevos pedidos de antejuicio en su contra, de manera que este horrendo y escabroso crimen no quede en la impunidad. Guatemala solo comenzará a cambiar cuando los crímenes contra los más pobres sean juzgados y los perpetradores sentenciados debidamente.
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