En el proceso de reformas a la Constitución denominado Diálogo Nacional: Hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala se observa una tremenda resistencia por parte de algunos sectores al reconocimiento de que Guatemala es un país tremendamente desigual no solamente en cuanto a la distribución de la riqueza, sino también en cuanto a oportunidades entre la élite privilegiada y grupos históricamente discriminados. Entre estos grupos, mujeres y pueblos indígenas.
Algunos grupos de feministas, pueblos indígenas, representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y la sociedad civil han expresado su deseo de que la Constitución reconozca de alguna forma las desventajas y la exclusión histórica de las mujeres y los pueblos indígenas. Esta exclusión, argumentan, se debe al machismo y al racismo enraizados en la sociedad y en las instituciones guatemaltecas. En algunos casos, esta demanda se refleja en propuestas de acción afirmativa o de discriminación positiva, entre las cuales las cuotas son un ejemplo[1]. Estas acciones estarían diseñadas para favorecer la participación de estos grupos tradicionalmente excluidos y su selección a los cargos de juez, magistrado, fiscal, etc. Alternativamente se ha propuesto que al menos se incluya, como criterio constitucional de selección a los puestos mencionados, que el candidato o la candidata conozca la realidad pluricultural y multiétnica del país y tenga conocimiento de los estándares internacionales sobre derechos de las mujeres.
La propuesta de cualquier acción afirmativa ha sido rotundamente rechazada por representantes de la iniciativa privada (la cual se ve ampliamente —y quizá desproporcionadamente— representada en todas las mesas de discusión). En cuanto a la propuesta de incluir como criterio el conocimiento de la realidad racista y machista del país para acceder a algunos puestos, si bien esta no ha sido rechazada tan enérgicamente, sí se ha recibido con fuertes ceños fruncidos.
El razonamiento del sector privado: la igualdad, la promoción de la meritocracia y la no discriminación.
Mantiene este punto de vista pese a que la acción afirmativa es reconocida, a nivel de estándares internacionales, como una medida necesaria y legítima para corregir la desigualdad de facto[2]. Categóricamente, las acciones afirmativas no constituyen violaciones del principio de la igualdad ante la ley o del principio de no discriminación por constituir medidas estrictamente necesarias para lograr una participación proporcional de diversos sectores de la sociedad. Yo veo la argumentación del sector privado como una forma de perpetuar la exclusión y de mantener el statu quo. Su postura no está bien explicada y contradice estándares internacionales relativos a la no discriminación.
La cita de Animal Farm deriva de una conversación entre los cerdos, que controlan la granja a la que alude el título. Proclaman que gobernarán con principios de igualdad de oportunidades, cuando en realidad el poder y la riqueza están concentrados en manos de ellos, en detrimento de todos los demás animales. Esto nos recuerda lo fácil que es defender la igualdad y la meritocracia cuando el sistema está amañado a nuestro favor y no perjudica nuestra posición privilegiada en la sociedad. Es una muestra de arrogancia e ignorancia no reconocer el privilegio que uno tiene por su mera pertenencia a un grupo no discriminado. Este tipo de animal individualista suele atribuir su éxito a su propio sacrificio y esfuerzo personal, en vez de reconocer que su éxito se debe realmente a su existencia sumamente privilegiada. No suele reconocer que existen sectores de la sociedad que han sido forzados a cumplir un rol predeterminado que limita su acceso a la educación y a los recursos. Estas personas, discriminadas antes de nacer, son, en los ojos del animal elitista, huevones, vagos o personas sin talento, que no se esfuerzan lo suficiente para ser exitosos.
La acción afirmativa no se trata de promover únicamente la participación de mujeres y de miembros de los pueblos indígenas en puestos que suelen estar fuera de su alcance. Se trata de promover la inclusión de sus ideas y de su cosmovisión para generar cambios profundos a nivel de políticas. Esto, a mediano plazo, puede conllevar cambios culturales dentro de las instituciones y la oxigenación de estas con visiones pluriculturales que coadyuven a combatir el racismo y el machismo desde adentro. Con tiempo y tomada con seriedad, puede que en el futuro la acción afirmativa no sea necesaria. Sin embargo, por ahora urge.
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[1] Cabe resaltar que existen grupos defensores de los derechos humanos que no exigen políticas de cuotas porque piensan que estas minan el valor objetivo del postulante y pueden ser consideradas paternalistas. Es más, las cuotas no acompañadas de políticas de sensibilización y de capacitación no logran cambiar una cultura discriminatoria. Pero hay que recordar que las cuotas son la expresión más radical de la acción afirmativa y que existen muchas más medidas que se pueden tomar para promover la igualdad real.
[2] Protocolo número 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 14; recomendación general del comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), número 23, párrafo 15 (1997); Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1999).
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